Siempre hay un fin 

El episodio de los 222 + 94 patriotas nicaragüenses castigados con el destierro, el despojo de su condición de ciudadanos y la confiscación de sus bienes podría ser el canto del cisne de los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. A ellos hay que agregar al obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, que rechazó los términos del ostracismo y ahora le han dado una condena de 26 años de cárcel.  

La decisión de excarcelar a centenares de presos políticos –solo para imponerles el ostracismo y el hurto de su nacionalidad– reflejan la situación apurada del Gobierno.

Esos 222 no habrían salido de la cárcel si la pareja en el poder no se sintiera acorralada. Una liberación con venganza, pero, al cabo, son los desterrados y los expatriados los vencedores. Su comportamiento ofrece un ejemplo de valentía y resistencia pacífica. La mayoría de ellos llevaban más de 600 días encerrados en la mismas cárceles donde el dictador Anastasio Somoza arrojaba a sus enemigos políticos. 

«Ortega ha perdido esa partida: el juego de los rehenes», declaró la exguerrillera Dora María Téllez al ser abordada en Washington, primera escala de su destierro, por el periodista Carlos Fernando Chamorro, uno de los 94 nicaragüenses a quienes los jueces de Ortega han despojado de su ciudadanía y sus propiedades.

En ese grupo destacan además los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua (CIDH) Vilma Núñez, la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres Azalea Solís, la activista Sofía Montenegro y el obispo Silvio Báez. Intelectuales, religiosos, activistas, sindicalistas, héroes sandinistas, líderes indígenas y exfuncionarios públicos.

Aunque el discurso oficial apunta a estigmatizar a los opositores y disidentes de los Ortega como apátridas e instrumentos de Washington o las derechas, lo que evocan los 222 + 94 + 1 más bien es la nutrida y amplia movilización convocada en los años de la lucha contra la dictadura somocista. 

Encima de declararlos “traidores a la patria”, el régimen llegó al extremo de ordenar la eliminación de sus partidas de nacimiento, método de aniquilación cívica sin precedente en la historia contemporánea de América Latina. 

Hasta abril de 2018, Ortega manejó su proyecto de poder con gran pulso. Había logrado la simbiosis con la patronal empresarial. Los grandes capitales centroamericanos se instalaban a gusto en Nicaragua, sintiéndose seguros. La policía nacional, corrupta y aborrecida, manejaba el descontento subyacente. Este arreglo le aseguró a los miembros de la familia Ortega la condición y dividendos de nuevos oligarcas. Pero en abril de ese año, el modelo saltó hecho trizas después de un levantamiento cuyo detonante fue un impopular proyecto –promovido por el FMI– relacionado con el Seguro Social. Miles de nicaragüenses se sumaron a las protestas en toda la nación. Más de 350 vidas segadas, la mayoría a manos de la policía y de paramilitares dotados de camionetas y motocicletas y equipados con armamento de uso militar. 

El exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, que rompió con el Gobierno hace dos años –así se ha ganado el honor de ser incluido en la lista de desnacionalizados–, dijo a CNN que la decisión de liberar a los 222 presos fue una “jugada de póker” de Ortega, un político consumado y paciente que no mueve pieza sin cálculo. Estaría buscando, según el exdiplomático, bajar las presiones internas y externas que lo ahogan, dando algo a cambio de algo que no se sabe qué es.  

Según los testimonios de los excarcelados y desterrados, en los últimos tiempos los cimientos del poder orteguista se han destemplado. Corre la desconfianza y ahí están las purgas que lo prueban. Caso notable, el de Adolfo Marenco, hasta hace pocas semanas el subjefe de la Policía Nacional, hombre de confianza de Rosario Murillo que ahora se pudre en prisión.

De ribete, días antes de la excarcelación de los reos políticos, han cobrado notoriedad las rencillas de poder entre Ortega y Murillo. Un feo espectáculo, un grabado goyesco de depravación política que tiene los días contados.  

Pues siempre hay un fin. 

(*) Róger Lindo es escritor y periodista.