La gobernadora de Arizona promete que no se llevará a cabo una ejecución programada por la corte

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció el viernes que su administración no llevará a cabo la ejecución de un preso condenado a muerte, a pesar de que la Corte Suprema del estado la programó pese a las objeciones del nuevo fiscal general del estado, según KTAR News.

La promesa de la gobernadora demócrata de no ejecutar a Aaron Gunches el 6 de abril por su condena a la pena de muerte por un asesinato cometido en 2002 se produjo un día después de que la Corte Suprema estatal dijera que debe otorgar una orden de ejecución si ciertos procedimientos de apelación han concluido, y que esos requisitos se cumplieron en el caso de Gunches.

Hobbs nombró al juez retirado David Duncan la semana pasada para examinar la adquisición de drogas de inyección letal y otros protocolos de pena de muerte por parte del estado, debido al historial de mala gestión de ejecuciones en el estado.

“Bajo mi administración, no ocurrirá una ejecución hasta que la gente de Arizona pueda confiar en que el estado no está violando la ley al ejecutar la más grave de las penas”, dijo Hobbs en un comunicado el viernes.

La oficina de la fiscal general Kris Mayes ha dicho que no buscará órdenes judiciales para llevar a cabo ejecuciones, mientras se lleva a cabo la revisión de Hobbs.

Mayes, una demócrata que asumió el cargo en enero, trató de retirar una solicitud de su predecesor republicano, Mark Brnovich, contra Gunches. El tribunal se negó a retirar la solicitud el jueves.

El tribunal dijo que la revisión de Hobbs “no constituye una buena causa para abstenerse de emitir la orden”.

El caso de un preso que pidió ser ejecutado

En 2004, Gunches se declaró culpable de asesinar a Ted Price, el exmarido de su novia, dos años antes. Fue condenado a muerte en 2008.

En noviembre pasado, Gunches pidió a la Corte Suprema de Arizona que emitiera una sentencia de muerte en su propio caso, diciendo que quería que la justicia “se hiciera cumplir legalmente y le diera un cierre a la familia de la víctima”. En diciembre, el entonces fiscal general Mark Brnovich solicitó la orden de ejecución.

Sin embargo, Gunches retiró su pedido a principios de enero, citando tres ejecuciones recientes que fueron “llevadas a cabo de una manera que equivale a tortura” en una carta escrita a mano dirigida al tribunal superior.

A pesar de los esfuerzos del recluso y la moción de de la fiscal Mayes, la Corte Suprema dijo el jueves que estaba legalmente obligada a otorgar la orden porque Gunches agotó sus apelaciones.

Hobbs respondió el viernes diciendo que el fallo no obliga al Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona (ADCRR) a seguir adelante con la ejecución de la pena de muerte.

“La decisión judicial y la orden judicial dejan en claro… que la orden judicial autoriza una ejecución y no la requiere”, dijo y continuó: “Por lo tanto, el estado y ADCRR no tienen la intención de proceder con una ejecución el 6 de abril de 2023”.

Dale Baich, un exdefensor público federal que enseña la ley de la pena de muerte en la Universidad Estatal de Arizona, dijo a KTAR News que Hobbs puede usar su autoridad como directora ejecutiva del estado cuando el estado cree que no puede llevar a cabo una ejecución de manera constitucionalmente aceptable.

“Lo que hizo la gobernadora no es único”, dijo Baich, quien aplaudió la medida de Hobbs. “Recientemente, los gobernadores de Alabama, Ohio y Tennessee usaron su autoridad para detener las ejecuciones porque tenían serias dudas sobre los protocolos en sus estados”.

Te puede interesar:

– Alabama reanudará las ejecuciones de la pena de muerte tras revisarlas
– Florida reanudó las ejecuciones de presos condenados a muerte
– Alabama abandona ejecución de la pena de muerte tras no encontrar vena para la inyección letal