Editorial: Siete años después, la legalización de la marihuana aún debe beneficiar a las comunidades 

Cuando en 2016 el 57% de  los votantes de California aprobaron la legalización de la venta de marihuana (cannabis) para uso recreativo lo consideramos una victoria para la comunidad*. Creímos que era justo dar fin al encarcelamiento de centenares de miles por vender o consumir marihuana. Siete años atrás considerábamos también que la nueva regulación beneficiaría a las familias que durante décadas fueron devastadas por el tráfico de drogas, con fondos provenientes de impuestos a la venta de la hierba, creando servicios para prevenir el uso de drogas, servicios para familias de bajos ingresos y para desamparados.

No fue así. 

La marihuana es legal, sí, pero los fondos que produce para los gobiernos locales – más allá del impuesto estatal del 15% – no son utilizados correctamente. 

Son sumas importantes. Bellflower grava $25 por pie cuadrado de dispensarios, y $1,500 por transporte por persona por año. Los Angeles, 6% y 8% a marihuana medicinal  y recreativa respectivamente. Long Beach además, 8% por su transporte y distribución.  

Un reciente estudio de las organizaciones sin fines de lucro Youth Forward y Catalyst California, muestra que las ciudades estudiadas utilizan estos fondos para cubrir gastos corrientes y para financiar sus departamentos de policías. Si recordamos que antes de la legalización se habían aumentado esos presupuestos por la gran cantidad de arrestos relacionados, es poco lógico que ahora, al hacerse legal la marihuana necesitemos aún más policía. 

El estudio abarcó nueve ciudades. Cinco de ellas son de mayoría latina: Maywood con el 97.4%; Lynwood con 86.6%; Pomona (70.5%), El Monte (68%) y Bellflower (52.3%). Le siguen Los Ángeles, donde el 48.4% de los residentes son hispanos; Long Beach (43.9%), Pasadena (36.1%) y Culver City con solo el 18.4% de latinos. 

En California los latinos son el 39.4% de la población. 

A pesar de esta abrumadora poblaci[on latina (y afroamericana), los dispensarios de marihuana en esas ciudades no son propiedad de latinos o afroamericanos. Pertenecen a corporaciones con suficiente dinero en efectivo para invertir. Quienes carecen de él no pueden obtener capital, porque los bancos tienen prohibido ofrecerles préstamos ya que la posesión y la venta de marihuana está prohibida por la ley federal.

En consecuencia, los pequeños negocios de familia que en los primeros años poblaban este segmento han sido reemplazados por corporaciones. 

El estado debe por ley asignar 60% a programas para jóvenes, 20% a la limpieza de daños ambientales y el resto a seguridad pública. 

Es cierto que las ciudades no tienen esa obligación; sus líderes tienen total discreción en la política local del cannabis.

Pero era su obligación moral quebrar el círculo vicioso de la droga invirtiendo en mejorar el nivel de vida de los afectados. No la cumplieron. 

La legalización en consecuencia significó una doble ganancia. Por una parte, redujo el gasto del sistema carcelario. Por la otra, creó ingresos millonarios en concepto de impuestos. Los gobiernos cambiaron las cárceles por dólares.

Dudamos que ese fue el propósito de los autores de la Proposición 64. 

Es una anomalía que debe corregirse. 

Si el estado puede invertir estas sumas en programas tales como, entre otros, servicios legales para ex encarcelados, en su capacitación laboral, en el cuidado de niños de familias de bajos ingresos y en prevenir el uso de drogas por la juventud, también las ciudades pueden. 

*Aunque sigue siendo ilegal consumirla en un lugar público.