Tres mujeres de Texas son acusadas homicidio por incentivar un aborto

Debido a que Marcus Silva está legalmente imposibilitado de llevar a la Corte su exesposa Brittni Silva por haberse autogestionado un aborto, pretende que la justicia castigue a las amigas que la ayudaron

Brittni Silva deseaba a cualquier costo no tener al hijo de Marcus Silva

Marcus Silva solicitó más de $1,000,000 de dólares para reparar lo que considera presenta un daño para su familia. Crédito: Charles McQuillan | Getty Images

Marcus Silva, exesposo de Brittni Silva, presentó una demanda en contra de tres de sus amigas a quienes señala por haber ayudado a interrumpir el embarazo de un bebé procreado poco antes de que la pareja se separa legalmente.

En virtud de que las leyes de aborto de Texas eximen específicamente a la persona embarazada de enjuiciamiento, la exesposa de Silva no es nombrada como acusada.

Por ello, el ciudadano quien es representado por Jonathan Mitchell, exprocurador general de Texas y artífice de la prohibición estatal de los abortos después de seis semanas de embarazo, apunta en la querella a las tres mujeres que ayudaron a consumar los planes de su expareja sentimental.

La demanda fue presentada en un tribunal estatal con sede en el condado de Galveston y se fundamenta en el estatuto de muerte por negligencia, lo cual representa el primer caso de este tipo desde que el aborto fue prohibido en Texas.

Silva sostiene que una vez que Brittni Silva se enteró de que llevaba a un hijo en sus entrañas acudió a dos amigas para ayudarla a obtener ilegalmente medicamentos destinados a inducir un aborto.

Asimismo, en la demanda se indica que las mujeres en cuestión le enviaron mensajes de texto a su exesposa con información acerca de Aid Access, un grupo internacional que proporciona por correo medicamentos para inducir abortos.

No obstante, después involucraron a una tercera fémina quien fungió como responsable de adquirir el medicamento en Houston para luego entregárselo a Brittni Silva y así ella se autogestionó el aborto en su propia casa.

De acuerdo con la ley estatal, ayudar en un aborto autogestionado podría calificarse como asesinato, así que Marcus Silva le solicita a un juez de Galveston que le otorgue más de $1,000,000 de dólares en daños, así como una orden judicial que impida que las acusadas distribuyan píldoras abortivas en Texas.

Al respecto, el representante estatal Briscoe Cain se mostró solidario con la demanda presentada.

“Cualquier persona involucrada en la distribución o fabricación de píldoras abortivas será demandada hasta el olvido”, indicó en un comunicado.

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