Pese a discurso de “Abrazos, no balazos”, AMLO mantiene “guerra contra el narco”, según documentos filtrados

Desde el micrositio Con Copia Oculta, las organizaciones Data Cívica e Intersecta revelaron parte de una base de datos del Gobierno de México sobre eventos de violencia y homicidios vinculados al crimen organizado y su combate, señalando que Andrés Manuel López Obrador mantiene las estrategias de la llamada “guerra contra el narco” pese a negarlo.

El informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, analiza la base de datos que las autoridades mexicanas recopilan acerca de los eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate entre 2017 y 2020.

Lo anterior bajo la premisa que en un contexto de progresiva militarización de la seguridad pública y del creciente poder del Ejército al acumular tareas civiles y cada vez más presupuesto sin controles claros, “creemos que es importante abonar a la transparencia desde la sociedad civil” aseguran los autores.

A partir del estudio de dicha base de datos, que no es de dominio público y que las organizaciones recopilaron a partir de los miles de correos filtrados el año pasado en el hackeo conocido como “Guacamaya Leaks”, se desprende la perspectiva que el Ejército tiene de la lucha contra el narcotráfico, sus sesgos y sus negligencias.

“A pesar de que en una conferencia de prensa el 30 de enero del 2019 el actual presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “el fin de la guerra contra el narcotráfico, lo que deja ver la base oculta es que la lógica de la guerra sigue presente. La base oculta contiene información sobre agresiones, enfrentamientos y ejecuciones de 2017 a 2020, conceptos similares utilizados durante el sexenio de Felipe Calderón y, ahora sabemos, en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador”, cita el informe.

Así, a pesar que el mandatario mexicano ha insistido que él aplica una política de “abrazos, no balazos” y que su estrategia contra el crimen organizado se fundamenta en políticas sociales.

En el 98.9% de los 58,183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70,898 personas, las autoridades reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener información suficiente para clasificarlos así.

Al considerar que entre 2017 y 2020 hubo 130,583 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), significa que el Gobierno atribuye el 54.2% de ellos a la lucha contra el narcotráfico.

Solo en el 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima; en el 52.6% se anotó su nombre; en el 73% se incluyó el calibre del arma empleada; y en el 22.3% se reportaron acciones de seguimiento legal.

La información sobre los eventos, de por sí escasa, disminuye aún más cuando es resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon.

Entonces, el nombre de la víctima tan solo aparece en el 36% de los casos, y el calibre y el seguimiento legal en el 8%.

Con esta ocultación de información, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en sucesos violentos.

Siguiendo esa estrategia, incide el informe, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, pese a que solo hay información de sus dos primeros años en el poder.

“Se ha apostado por una política de guerra y estos diagnósticos nos dicen que (las autoridades) tienen que sustentar la idea de que las Fuerzas Armadas estén en la calle”, valoró Mónica Meltis, directora de Data Cívica.

Con iformación de EFE.

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