México frente al dilema de los migrantes convertidos en apátridas

CIUDAD DE MÉXICO – Cuando A Wilker Rosendo, un venezolano de 23 años, le dieron una visa humanitaria en México el año pasado brincó de alegría. A su entender, el documento era una especie de pasaporte temporal para llegar a Estados Unidos y así lo hizo, sin pensar que aceptar el documento le traería problemas del otro lado del Río Bravo, después de que pidió asilo.

“En la corte están diciendo que cuando me dieron ese papel podría quedarme en México y que por qué no lo hice”, cuenta en entrevista telefónica.

“Yo pensaba que con este papel podía viajar más relajado y que no nos iban a deportar porque lo estábamos haciendo legal y ya no sé qué va a pasar”, dijo. “No quiero regresar a México”.

Lo cierto es que la suerte de Winder Rosendo puede complicarse y podría ser devuelto a este país que acordó con EE.UU. recibir a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que Estados Unidos deporta bajo el Título 8.

En el acuerdo, una vez que llegaran a México los migrantes serían repatriarlos a sus países pero en días pasados, el comisionado de la Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reconoció que no será posible.

“Sus países no tienen voluntad de asistir consularmente para cumplir con los requisitos del procedimiento de retorno asistido. Los países se niegan. No hay voluntad política”, explicó.

En tales condiciones, analistas del tema migratorio como Daniel Tatcher, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consideran que los migrantes de tales nacionalidades se convierten técnicamente en apátridas, una condición muy complicada de acuerdo a las leyes mexicanas y sus capacidades operativas para atender a los refugiados.

“Genera una gran presión a las autoridades mexicanas porque la Comar (la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) fue creada en los años  siglo pasado para recibir a los desplazados centroamericanos y no se da abasto”, dijo.  

De acuerdo con el Título 8 que aplica actualmente Estados Unidos en la recepción de migrantes, quienes aspiren a la condición de refugiados en ese país deberán hacer su solicitud vía internet, a través de la aplicación conocida como CBP One y no en la frontera, como anteriormente. Si no hacen vía internet serán rechazados y si entran indocumentados podrían enfrentar la prisión.

Aún no se conoce el número oficial de migrantes que quedaron varados en México antes de la aplicación de estas políticas desde el pasado 11 de mayo. Pero el INM documentó en 2022 la detención de 51,706 cubanos; 72,928 nicaragüenses; 97,078 venezolanos y  4,447 haitianos. Este 2023 sumaron hasta el mes de marzo (la cifra más actualizada) 34,7156. De ellos, 3,342 de Cuba; 8,714 (Haití); 2,666 (Nicaragua) y 19,994 (Venezuela).

El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, informó que después de los días transcurridos del levantamiento del Título 42 y la entrada del Título 8 se aceleró la devolución de inmigrantes a México y miles han sido repatriados a otros 10 países por ingresar sin permiso a su país.

Debilidades

El subsecretario Francisco Garduño dijo que cuando los migrantes estén en México “con gusto se les ofrecerá si quieren estar en el país” pero la realidad es que la precarización del trabajo, la falta de protocolos y programas para atenderlos no son de mucha ayuda.

“No es lo mismo llegar a Estados Unidos y emplearte en cualquier cosa por un salario alto y con todas las prestaciones sociales que hacerlo en México donde no dan esas condiciones ni a los propios mexicanos”, lamentó Winder Rosendo desde Texas, asustado por el peor escenario.

Desde el 2011, el representante para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hizo un llamado a los legisladores para realizar las reformas Constitucionales que permitan brindar una mejor protección a los apátridas o personas carentes de nacionalidad que llegan al país, y se pueda adherir a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia que no ha firmado desde 1961.

México estima cinco años de permanencia de una apátrida en el país para poder recibir los beneficios de la residencia, cuando la Convención indica que el plazo es de tres años y está en una crisis migratoria sin precedentes que lo pone en el ojo del huracán.

Hace dos años, 979 migrantes africanos que el gobierno consideró “apátridas” realizaron una manifestación para ser regularizados: llevaban cerca de un mes durmiendo en el exterior de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, hasta que fueron atendidos. 

El analista Tatcher considera que parte de esta crisis de “apátridas” la ha provocado al actual administración federal porque, en un afán detener un rostro menos crudo con la inmigración, comenzó a entregar visas humanitarias y ahora en el sistema de justicia de EE.UU. se considera que si ya pasaron por México ya estaban a salvo y deberían quedarse aquí.

“Aunque no lo quiere reconocer México, en la práctica se está volviendo un Tercer país seguro”, considera. Esto quiere decir que si pasan por el país, ya no pueden pedir asilo en otro, una política a la que se ha opuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso.

 “En los hechos lo que evalúan los jueces en EE.UU. es esta situación: que los migrantes llegaron a México y los recibieron y así estaban a salvo como solicitantes de asilo”, observa Tatcher.

Pero el resultado es peor aún, subraya Ariadna Estevez, investigadora social de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque un tercer país seguro debe cumplir con requisitos humanitarios definidos en la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su protocolo (1967). “En cambio, los países off shore (como empezaron a llamarles) no tienen obligaciones humanitarias, sólo administran procesalmente las solicitudes de asilo”.

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