Una nueva reforma migratoria bipartidista daría ciudadanía a 11 millones de indocumentados

Una nueva propuesta de reforma migratoria se presentó el martes en la Cámara de Representantes, por un grupo bipartidista de legisladores que ofrece vías que unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos puedan legalizar su estatus en el país y también propone reducir el arribo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos con más fondos para seguridad fronteriza y reformando los procesos para pedir asilo.

El nuevo proyecto de ley, llamado Ley de Dignidad 2023, fue presentado por la congresista republicana de Florida María Elvira Salazar y la demócrata de Texas Verónica Escobar, según se informó por ambas legisladoras en un comunicado de prensa.

Las congresistas aseguraron que comenzarán conversaciones con ambos partidos para asegurar que la medida sea aprobada en la Cámara y en el Senado.

Salazar, quien representa al distrito 27 de Florida, dijo que el paquete legislativo representa un momento “histórico” en el que “dos legisladoras deciden trabajar en uno de los temas más polarizadores para el país” y se propone con el objetivo de “dar dignidad a los indocumentados”.

Bajo la propuesta, las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en EE.UU., que hayan vivido por cinco años el país y que no tengan antecedentes penales pueden entrar a un programa que les ofrece permiso de trabajo y de viaje por siete años.

En ese periodo, los inmigrantes tendrían que pagar $700 dólares al año al gobierno, para un total de $5,000 dólares durante los 7 años. Además, las personas deberán pasar una verificación de antecedentes criminales y pagar impuestos.

Estos fondos, explicó la congresista, se usarán para “asegurar la frontera” y para compensar a los ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por inmigrantes indocumentados.

Durante el periodo del “estatus de dignidad”, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales, explicó Salazar y, después de completar los siete años requeridos, deberán esperar otros cinco para solicitar la ciudadanía estadounidense.

El proyecto de ley contempla a su vez ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (Dreamers) y los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS).

Evitar que los inmigrantes que piden asilo “desaparezcan”

La llamada “Ley Dignidad” propone, además, la apertura de instalaciones, a las que llaman “campus humanitarios”, donde permanecerán las personas que busquen acceder al asilo mientras se determina su caso por parte de un funcionario migratorio. Los migrantes permanecerían retenidos en estos centros hasta 60 días, con acceso a servicios alimenticios y de salud, según se anunció.

Con esto, según las congresistas, se busca evitar que los inmigrantes “desaparezcan” en el sistema como indocumentados, porque no se presenten ante una corte migratoria cuando son puestos en libertad condicional.

La legisladora Verónica Escobar aseguró que esta reforma al sistema de asilo también busca “liberar” a las comunidades de cargas que “deben ser federales”, como el apoyo humanitario y el ofrecimiento de asistencia legal. 

“Si hay alguien que tiene mejores ideas, queremos trabajar con ellos… la única forma en que nuestro país enfrentará adecuadamente los desafíos que se nos presentan es de esta manera, de manera bipartidista…porque esperar una idea de cada lado de lo que es perfecto, es exactamente lo que nos ha metido en la situación que enfrentamos hoy”, dijo Escobar, la congresista demócrata co-autora de la medida.

Seguridad en la frontera

Con respecto a la situación en la frontera sur, la propuesta de ley propone la creación de unos “campus humanitarios” para retener a quienes buscan pedir asilo en EE.UU. y donde deberán esperar hasta que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días.

A su vez, contempla destinar más fondos para la seguridad fronteriza, incluyendo unos $10 mil millones de dólares para expandir y mejorar los puertos de entrada.

Este proyecto de ley llega dos semanas después de que la administración de Biden levantara la normativa sanitaria, llamada Título 42, que permitía las expulsiones de inmigrantes indocumentados en la frontera y fuera reemplazada por norma migratorias que han impuesto mayores restricciones al derecho del asilo para los inmigrantes que llegan desde México por la frontera.

“Damos la bienvenida y apreciamos cualquier esfuerzo serio para forjar una solución bipartidista en inmigración y reemplazar los miopes intentos de corto plazo con una modernización integral de nuestro sistema migratorio disfuncional”, dijo en un comunicado Vanessa Cárdenas, Directora Ejecutiva de America’s Voice, sobre la Ley de Dignidad 2023.

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