La industria farmacéutica pagará millones a California por haber provocado crisis de opioides

Cuando Dominic Rosa salió de un centro de rehabilitación en el sur de California llevaba 15 años de enfrentar una creciente adicción a los opioides y para entonces tenía solo 21 años de edad.

Pero al día siguiente de salir de ese centro, en casa de sus padres hizo un coctel de pastillas contra el dolor e incluyó nuevamente opioides como los que le habían recetado durante años y con los que había generado dependencia.

Los padres del joven lo encontraron sin vida. Había sido el final de una lucha que comenzó cuando era niño y al practicar un deporte se lastimó, y le recetaron analgésicos que formaron una espiral en la que, sin que se fuera el dolor, cada vez necesitaba mayores dosis.

Rosa pasó de ser un niño que sufrió golpes en un partido cuando tenía seis años de edad y le recetaron opioides a un jovencito que ni supo explicar cómo fue que generó una dependencia que finalmente le arrancó la vida.

El joven Rosa fue uno de cientos de miles de estadounidenses que perecieron porque la industria farmacéutica lanzó millonarias campañas para el consumo de opioides sin advertencia de que eran adictivos, muchas primeras dosis entregadas como regalo de muestra gratis por médicos que tenían comisiones y farmacias que tenían ganancias.

Hasta medio millón de personas perdió la vida a lo largo de casi dos décadas debido a esa distribución de opioides que necesitaron dosis cada vez más fuertes, de acuerdo con el Centro federal para el Control de las Enfermedades (CDC) y el Departamento de Justicia, que ha procesado a varios responsables.

El fiscal general de California, Rob Bonta calcula ahora que hasta 11,200 residentes de California han perdido la vida por la ola de consumo de opioides que lejos de comenzar con el fentanilo que trafican los carteles, comenzó con empresas que buscaban ganancias sin precedentes.

“Nada puede recuperar las vidas perdidas o borrar el sufrimiento causado por esta crisis, pero nos estamos asegurando de que quienes la causaron y se beneficiaron de ella rindan cuentas por su codicia y mala conducta deliberada”, dijo ahora el fiscal Bonta al anunciar un acuerdo multimillonario extrajudicial.

Las cadenas de farmacias CVS y Wallgreens, y dos farmacéuticas, Allergan y Teva, acordaron pagar en conjunto $17,300 millones en un acuerdo fuera de tribunales, para evitar ir a un juicio en el que los sobrevivientes de esa crisis y sus familiares tuvieran que testificar el daño que ocasionaron.

Wallgreens va a pagar $5.700 millones y CVS otros $5,000 millones; los laboratorios Teva $4,250 millones y Allergan $2,370 millones.

De acuerdo con cuentas del Departamento de Justicia de California, el estado recibirá unos $1,760 millones de parte de las cuatro corporaciones.

“Estos fondos de liquidación obtenidos con tanto esfuerzo serán fundamentales para apoyar a las víctimas y brindarles la ayuda que necesitan para recuperarse”, declaró el fiscal.

Este no es el primer acuerdo que los estados consiguen fuera de tribunales por la crisis de opioides, pero es el primero que alcanzan California y otros estados en conjunto.

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia de California ha obtenido aproximadamente $50 mil millones en compensaciones de empresas farmacéuticas y consultoras que les ayudaron a impulsar el consumo de opioides sin advertir que su uso podría causar la muerte.

“Los fabricantes, distribuidores y farmacias de opiáceos que ayudaron a alimentar la crisis a través de sus prácticas ilegales y se beneficiaron de ellas están en el centro de esta lucha”, de acuerdo con el fiscal Bonta.

En los últimos dos años, la fiscalía general de California ha alcanzado otros cuatro acuerdos fuera de tribunales con compañías de la industria farmacéutica.

El estado de California informó que los fondos que reciba de las farmacéuticas las empleará en parte para abordar las necesidades de las comunidades de color y las poblaciones vulnerables, incluidas aquellas que no tienen vivienda.

California también planea fortalecer la disponibilidad de naloxona y otros medicamentos de reversión de sobredosis aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para salvar vidas en riesgo por consumo de opioides.

Asimismo planea capacitar a las fuerzas del orden público y personal de emergencias respecto a prácticas apropiadas cuando se trata de opioides, incluso con respecto a abordar las necesidades de las personas involucradas en la justicia penal con trastornos por consumo de opioides y problemas de salud mental.

Tanto California como otros estados todavía tienen casos pendientes contra varias empresas farmacéuticas y sus consultoras.