El ojo del crimen organizado y la muerte, en los taxistas mexicanos

MEXICO- Son vigilantes y venden droga al menudeo. El resumen de las actividades a las que el crimen organizado ha empujado al transporte público de México representado por los taxistas explica el por qué en los últimos años la violencia se ha ensañado con el gremio con asesinatos, desapariciones y torturas en todos los estados del país. 

Hoy por hoy, ser taxista es sinónimo de muerte y mafias, pero también de injusticia e impunidad.

El trasfondo es complejo y tiene en los últimos meses como un símbolo al estado de Quintana Roo con sus balnearios Cancún y la Riviera Maya y sus millonarias fuentes de divisas. 

El gobierno de Estados Unidos llamó la atención a sus ciudadanos en los últimos meses por la violencia desatada aparentemente por un conflicto entre Uber y el sindicato de taxistas que ha monopolizado el transporte durante casi 50 años, pero no dio más detalles. 

Analistas de política y seguridad como Alejo Sanchez hana advierten que el trasfondo es el crimen organizado. 

“Para los ingenuos que creen que el conflicto entre los taxistas y los operadores de Uber en Quintana Roo, se circunscribe solamente a la captación de pasajeros, les diremos que están equivocados, porque lo que está en juego es la venta de droga a los turistas por parte de algunos de los choferes y concesionarios del transporte público”.

La pelea de los taxistas de Cancún con Uber inició en 2016, cuando esta última empresa comenzó a brindar su servicio en Cancún y, al poco tiempo, el entonces gobernador Roberto Borge informó que carecía de permisos para ofrecer el servicio de transporte de pasaje en su modalidad de taxi y canceló el servicio.

La empresa interpuso una demanda y 12 de enero pasado, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le dio la razón para que diera de alta su operación en Cancún.  Desde entonces los taxistas agremiados traen un alboroto entre protestas y agresiones a choferes de la aplicación.

El sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo tiene en una bolsa a 8,668 taxis y choferes que mueven a alrededor de 12 millones de turistas al año por lo que se volvió un botín para las organizaciones criminales, según reconoció recientemente Lucio Hernández, secretario de Seguridad Púbica de Quintana Roo.

“Estos grupos delincuenciales integraban a sus filas a cantidades enormes de taxistas porque eran uno de los principales contactos con los turistas y por lo tanto el acercamiento principal para poderles dotar de lo que muchos de ellos andaban buscando dentro de la fiesta”.

En respuesta, la secretaria general adjunta del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, Ruth Salazar, se lavó las manos y dijo que a la dirigencia del gremio no le corresponde investigar quién está involucrado en el narcomenudeo y quién no.

“Nosotros somos responsables del buen uso de la concesión y hay que hacer aquí la aclaración, no somos responsables de la conducta de los operadores”.

Las otras razones

Javier Ramírez quiso vender su carro cuando una de las organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero se acercó a él para darle un teléfono celular barato para que, a través de éste, les informara cuando integrantes del ejército se acercaran a la población.

“Yo no tenía interés en meterme con los malandros y quería vender el taxi pero no sé cómo se enteraron y vinieron a amenazarme”, recuerda el chofer que omitió su nombre real para la entrevista con este diario. “Dijeron que, si no quería hacerlo yo, pusiera a alguien más pero que si vendía el taxi iban a matar a mi familia”.

Por eso sigue colaborando con ellos desde hace seis años; dos de sus colegas que no quisieron fueron asesinados. 

Desde el 2010, la consultoría de información especializada en crimen internacional Insight Crime puso el foco de sus investigaciones en los taxistas. Documentó que, en México, como ya había ocurrido en otras partes de Latinoamérica (Colombia y Argentina), los choferes comenzaron a ser aliados del crimen organizado por voluntad propia o porque eran obligados. 

En ese año, conductores de taxi en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, exigieron a las autoridades tomar medidas contra los más de 150 “narcotaxis” relacionados con el crimen organizado que operaban en la ciudad, en medio de señalamientos y echadas de culpa de los funcionarios gubernamentales.

El director de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad del estado, Juan María Larequi Radilla, negó haber emitido permisos para los llamados narcotaxis que también realizaban robos y secuestros controlados por las organizaciones criminales y pidió a la federación que tomara cartas en el asunto. 

El problema, alertó Insight Crime, “es que se echan la culpa entre los tres niveles de Gobierno y, al final, nadie actúa y muchas veces las policías locales están rebasadas para hacer frente a las organizaciones”.

Los años siguientes se revelaron casos de colaboraciones y asesinatos de choferes en otros estados: Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí y así hasta la Ciudad de México y todos los estados del país, incluso en Chiapas, una de las entidades que había contenido durante muchos años la violencia de alto impacto.

En tiempos recientes, llamó la atención el caso de un joven taxista menor de edad que apoyaba a su papá en las tardes para sostener sus estudios en San Cristobal de las Casas, en donde ya se habla del primer cartel indígena que aprendió de las grandes organizaciones los métodos extremos de violencia para la extorsión.

En otro caso que conmovió recientemente en territorios de alta migración ocurrió en Fresnillo, Zacatecas, donde un taxista fue baleado por un grupo de encapuchados delante de sus hijos, cuando los llevaba a la escuela. En las últimas horas dos choferes más fueron asesinados en la capital del estado.

Hasta el momento, no existen cifras de los asesinatos de taxistas a nivel nacional. En 2018, la Unión de Organizaciones de Taxistas de Oaxaca contabilizó 48 en un año, pero no se ha replicado el ejercicio en los años siguientes en ninguna de las entidades.

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