“Epidemia” de violaciones sexuales en una zona del sur de México

MEXICO.- Lenin Aquino no vive en paz desde el 17 de febrero pasado, cuando su hija sufrió un intento de violación sexual. ¿Hay algo peor que eso para un padre? Sí, piensa contundente: “Que se repita, que se consume el acto y no solo con ella, sino con otras muchachas o niñas”.

La hija de Aquino y la familia son víctimas de un problema que la gobernadora de pueblos originarios de Guerrero, Luci Barrios, denuncia como “una epidemia” y “un escándalo intolerable” en la Costa Chica, una zona indígena que registró en el primer medio año de 2023 más de 250 casos.

La cifra se suma a cientos más que quedaron impunes en los últimos años en el estado.

“Si no hay justicia, el delito se va a repetir y el agresor es un chofer de transporte público”, advierte el acongojado padre. 

Policías ministeriales que colaboran con detenidos por delitos sexuales calculan que un violador abusa de alrededor de 60 personas a lo largo de su existencia debido, principalmente, a la impunidad.

La organización de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios detalla que en la en la Costa Chica —que incluye los municipios de Tecuanapa, Ayutla de los Libres y Cruz Grande—sólo han tomado las denuncias al 20% de las mujeres violadas.

Testigos que pidieron el anonimato por temor a represalias mortales dicen que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en la región les han pedido dinero para tomarles la declaración, aun cuando se trata de una de las zonas más pobres del país y de que su función es hacer justicia a los más vulnerables de vulnerables.

Se trata principalmente de niñas abusadas de manera anal, vaginal de entre seis y 17 años por padrastos, abuelos, tíos y otros familiares y hombres de las comunidades conocedores de la ausencia de Estado de Derecho y el sistema de corrupción.

La fórmula

Lenin Aquino cree que a su hija, el ministerio público le tomó la declaración solo porque no se consumó la violación. La muchacha de 17 años regresaba de la escuela en una combi pública y, en un momento del trayecto, ella se quedó a solas con el conductor en el trayecto de Tecuanapa a Mecatepec. El resto de los pasajeros habían bajado en paradas previas

El agresor, de casi 50 años y casado, paró el vehículo y fue sobre la chica que estaba en la parte trasera.

La mordió en el cuello pero ella peleó hasta soltarse y escapar. Fue a la fiscalía con sus padres y ahí les dijeron que levantarían el actapor abuso sexual y no intento de violación porque “no habían ingresado a sus partes íntimas”.

“Con esa tipificación no pisará la cárcel”, concluye el padre. “Y sigue trabajando como transportista”.

La tasa de violación de niñas y niños en México es de casi 1,800 casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y esta cifra se incrementa al doble en las regiones indígenas.

En febrero pasado, el Guerrero estremeció al país con el caso de la niña de la etnia Me Paa a quien la Secretaría de Salud local le negó la posibilidad de abortar a pesar de que fue violada y tenía 10 años; ante el escándalo que escaló a nivel nacional, el estado se convirtió tres meses después en el noveno de 32 en autorizar la interrupción legal del embarazo. 

En México por cada 1,000 casos de violaciones sexuales, solo se denuncian ante la autoridad alrededor de 100; de esos, solo 10 van a juicio; y uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99%.

Entrevistas con abogados y ministeriales a condición de anonimato explican algunas de las razones humanas de esta estadística.

Rosa Quevedo, un agente de la fiscalía cuyo nombre fue alterado para evitar su despido, dijo a este diario que ha recibido amenazas y demandas judiciales por hacer su trabajo de investigar el delito y que desde la fiscalía le dan órdenes y contraórdenes.

Por eso sospecha que la justicia queda en manos del mejor postor: si quien da el soborno es el agresor, se descarta la investigación; si el dinero lo da la víctima se abre una carpeta.

“A  mi me han han dado oficios de investigación para  las comunidades más remotas y cuando llego al lugar me hablan de la fiscalía para decirme que mejor no investigue”, afirma.

“El problema que genera es que se pierden indicios o pruebas que deben hacerse al momento, como la prueba de semen”.

La abogada de oficio María R. dice asegura que a las víctimas se les pide en la fiscalía entre 2,000 y 5,000 pesos (entre 120 y 270 dólares) para tomarles la primera declaración. “Estamos hablando de que le piden este dinero a gente que gana el salario mínimo: campesinos, choferes, vendedores de gelatinas, madres solteras…”.

Este diario solicitó información a la fisal Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del estado de Guerrero, Claudia Irene Constantito, pero hasta el momento no ha respondido a los mensajes y llamadas telefónicas. 

La ley

“Este problema es de toda la vida”, lamenta Luci Barrios, representante de los pueblos originarios de Guerrero en la zona.

Entre los ocho y los 12 años, Barrios sufrió de violaciones por parte del hermano de su padrastro y su madre la culpó a ella. Impotente huyó a la capital del estado y allá trabajó en capacitar a otras menores que no sabían leer. “Ahí me di cuenta de que había muchas otras niñas violadas y que había que hacer algo”.

Después de varias décadas, emprendió una documentación de casos y se dio cuenta de la situación sigue igual: no hay albergues para las víctimas en la costa chica por lo que las niñas tienen que seguir conviviendo con el agresor . 

Un estudio sobre el tema del Early Institute señala que es en el hogar donde suceden casi seis de cada 10 agresiones y los agresores suelen ser: el padrastro en 30% de los casos, abuelos en otro 30%, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante.

En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros en 30% de las veces y sacerdotes en otro 30%; en la adolescencia, las agresiones sexuales ocurren en entornos sociales, como la vía pública, la escuela o fiestas.

“Después de una violación sexual hay miedo, ansiedad, intento de suicidio”, detalla Barrios. “Hay casos de niñas que dicen  que se quieren ahorcar, que se toman frascos de pastillas porque no quieren vivir o que quieren que se les enseñe a disparar para matar a su agresor”, detalla. “La justicia sería contra los violadores sería un buen comienzo y los albergues y las terapias sicológicas… ¡Son tantas cosas!”

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