A más de 100 días, víctimas del incendio en estación migratoria exigen reparación del daño a México
El incendio mortal se produjo en un momento en el que las ciudades fronterizas de México estaban abrumadas de migrantes retornados desde EE.UU y tras un año de tránsito récord de extranjeros
Decenas de personas exigen justicia, mientras defensores de derechos humanos acusan al gobierno de ser cómplice de la tragedia. Crédito: Getty Images
El 27 de marzo de este año quedó en marcado por la muerte de 40 migrantes, principalmente del sur de continente, que estaban recluidos en el centro migratorio. El hecho causó indignación y generó dudas sobre el manejo del trato a los extranjeros por parte de las autoridades mexicanas.
A cuatro meses de aquel momento, ocho sobrevivientes del incendio en la estación migratoria de en Ciudad Juárez, Chihuahua, norte del país, y sus familiares exigieron información periódica a las autoridades sobre acciones para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.
Además, pidieron atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y en sus países de origen.
En un comunicado apoyado por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración, Fundación para la Justicia y Asylum Access México, las víctimas pidieron al gobierno mexicano la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.
“Hace más de 100 días nuestras vidas cambiaron para siempre. Nosotros llegamos a México no para quedarnos sino para avanzar hacía nuestra meta: encontrar protección y mejores oportunidades para nuestras hijas, hijos y familias. Nadie nos dijo que el precio sería el encierro, la pérdida de la salud y la vida”, señalaron en el comunicado.
Señalaron que después del incendio, pasaron más de un mes hospitalizados y “hoy seguimos en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de nuestros órganos, uno de nosotros perdió un brazo. La vida no será la misma y son nuestras familias las que asumirán ese costo”, apuntaron.
Señalaron que aunque han recibido apoyo, “algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio” y acusaron que la CEAV “no nos ha dado información clara. Necesitamos nuestros expedientes médicos”.
“No somos criminales ni estamos aprovechándonos de este país… Somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias”, apuntaron en el comunicado.
“Lo mínimo que queremos es justicia. Que esto no le pase a ninguna persona migrante y solicitante de protección en este país”, exigieron.
Tras la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió que habrá justicia y desde entonces, una decena de personas han sido detenidas, mientras que el director del INM, Francisco Garduño, le fue abierto un proceso judicial porque la FGR lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, pero se mantiene en libertad y sin renunciar a su cargo.
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