Protestan contra moteles y trata humana en el Corredor Figueroa, en el sur de Los Ángeles

En la llamada la “Marcha para Liberar la Tierra”, cientos de residentes del sur centro de Los Ángeles se proclamaron para exigir un alto a la trata humana, prostitución, compraventa de drogas, violencia y crimen en el Corredor Figueroa.

Desde la intersección de las Avenidas Manchester, Figueroa y hasta la Avenida Gage, las familias y sus hijos marcharon para exhortar a las autoridades municipales a que les otorguen viviendas reales y accesibles, no moteles.

“Por más de 30 años han perdurado los problemas”, dijo a La Opinión, Ana Carrión, una madre soltera de cinco hijos, originaria de Veracruz, México. “Por fortuna, hasta ahora hemos sobrevivido en esta jungla de asfalto”.

En realidad, han sido cuatro décadas de abandono de los vecinos del sur de Los Ángeles, mismos que han experimentado un ciclo de promesas rotas, incluyendo compromisos que nunca se materializaron desde los disturbios raciales de 1992, después que agentes del LAPD propinaron una tremenda paliza al afroamericano Rodney King.

Hay 12 moteles -entre Gage y Century- en un radio de una milla, los cuales numerosos grupos comunitarios, aliados de Community Coalition quieren que el espacio de tierra que ocupan sea liberado para las familias.

“Estos moteles han contribuido a ciclos de violencia, crimen y adicciones que han afectado a los residentes en el Corredor Figueroa, al explotar a menores, mujeres, hombres e individuos transgénero”, dijo Marsha Mitchell, portavoz de Community Coalition.

Aunque los manifestantes no se concentraron en la prostitución en los hoteles y moteles, sí lo hicieron en cuanto al hecho de que los hoteles son los que permiten la creación de un ambiente para las drogas, violencia y la trata humana.

“Nosotros no podemos arrestarlas por prostitución”, dijo la oficial Elba Coates del LAPD. “Desde hace seis años catalogaron a las prostitutas como víctimas”.

Sin embargo, para frenar la explotación sexual, informó que realizan entre 8 y 12 operativos encubiertos para atrapar a quienes solicitan favores sexuales en la vía pública.

Rescatan a 28 menores traficadas

En enero de 2022, 33 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas -incluyendo ocho que eran víctimas de explotación sexual- fueron liberadas por el FBI.

“De ellas, 28 eran menores”, dijo Marqueece Harris-Dawson, concejal por el Distrito 8 de Los Ángeles. “Vamos a ocuparnos de una vez por todas con este tema del Corredor Figueroa, para que la próxima generación de jóvenes que crezcan aquí no sepan nada de la trata de personas”.

Harris-Dawson, quien es parte del Comité de Planificación y Gestión del Uso de la Tierra” en el Ayuntamiento angelino, en conjunto con la alcaldesa Karen Bass recién obtuvieron fondos del Concejo Municipal para comprar un hotel en la calle Figueroa y convertirlo en vivienda permanente.

“Tenemos la voluntad política, tenemos gente que entiende el problema y que no tiene miedo de luchar por las familias”, precisó Marsha Mitchell. “Por eso, pedimos a los dueños de las propiedades que se una a nuestra visión de transformación o que transfieran sus propiedades a la gente”.

Mal ejemplo a los niños

Entre los protestantes estaba también Kristian Loango, un joven de 18 años del programa My Brothers’ Keepers.

“Todo lo que se ve por la Figueroa no deberían verlo nunca los niños”, dijo Loango. “Hay muchas drogas y se observa que a las mujeres las obligan a la prostitución, y para que esto acabe, deberían desaparecer todos los moteles”.

Los residentes del vecindario señalan que las trabajadoras sexuales y los jóvenes traficados para cometer actos sexuales, mujeres, hombres e individuos transgénero no son el problema.

Mitchel dio a conocer que la problemática requiere una respuesta de seguridad pública que no criminalice a las trabajadoras sexuales y a aquellos que son explotados por traficantes, sino que se le proporcionen cuidados alternativos, humanos y compasivos.

Los marchistas hicieron un llamado a los medios de comunicación para que retraten con precisión las circunstancias actuales del vecindario, para que detallen honestamente la historia del área y las políticas públicas racializadas que han ignorado sus necesidades, y para que se enfoquen en el área hasta que las circunstancias mejoren notablemente.

Victorias de Community Coalition

Desde 1992 a 2022, el trabajo de Community Coalition ha colaborado para 150 tiendas de licor que fueron destruidas durante los disturbios raciales no volvieran a abrir; logró oponerse triunfalmente contra la apertura de cuatro nuevas licorerías; colocó condiciones correctivas en 21 licorerías, hoteles, moteles, centros de reciclaje y bares problemáticos.

La organización también respaldó la conversión de en otros negocios de 48 ex licorerías y moteles (44 que fueron parte de la destrucción durante la insurrección civil de 1992), vivienda asequible y agencias de servicios sociales.

“Queremos más cambios y que la policía vigile más seguido”, comentó Pedro Santos, un anciano nacido en Santa Cruz del Quiché, Guatemala.

“Yo quisiera que pongan remedio a todos los vendedores callejeros que no tienen el más mínimo cuidado con el fuego”, denunció Manuel Chiprés, originario de la ciudad de México. “Mi casa ya apesta a pollo todos los días”.

Cuatro años para cerrar los hoteles y moteles

Hydee Feldstein Soto, abogada de la ciudad de Los Ángeles, manifestó que, para ella, es una prioridad para comenzar a resolver los problemas en el Corredor Figueroa.

“No creo que vayamos a solucionarlo en una semana o un mes, pero les prometo que mi oficina está comprometida con este esfuerzo, mientras yo esté en el cargo, al menos por cuatro años. Con suerte, será [tiempo] suficiente”.

La funcionaria reveló que tiene en marcha un esfuerzo multijurisdiccional y multiagencial.

“Lo innovador de esto es que esta comunidad no solo tiene el poder de nuestra ciudad detrás, sino que también tiene el compromiso del gobierno federal”, agregó.

Entre las entidades que trabajan para abordar los problemas en el sur centro, se encuentran el Fiscal de los Estados Unidos, Martin Estrada, el FBI y al Departamento de Seguridad Nacional, pero no para arrestar a la gente ni para arrestar a las trabajadoras sexuales, sino para poner fin a la actividad ilegal, para cuidar de la gente que están siendo objeto de trata en este trimestre [de octubre a diciembre]”.

“No todo este sexo es voluntario”, dijo la abogada Hydee Feldstein Soto. “En última instancia, es la demanda la que crea la situación y el dinero. Y para detener el lucro de actividades ilegales, los moteles que son negocios legítimos no tienen nada de qué preocuparse”.

Sin embargo, aclaró que, cuando sean un foco de actividad ilegal, ya sean burdeles, drogas o cualquier cosa que ponga a los niños y a las comunidades en riesgo, “pondremos fin a esa actividad”.

A mediados de septiembre, la fiscal municipal presentó una demanda contra los propietarios y operadores del New Gage Motel en el sur de Los Ángeles.

La oficina de Feldstein Soto está buscando una orden judicial permanente para erradicar la supuesta prostitución abierta y la criminalidad violenta que han permeado esa propiedad desde 2017.

Ubicado en 6310 South Figueroa Street, el motel de 16 unidades está situado a lo largo de una de las zonas de prostitución más notorias de California: el corredor Figueroa.

De acuerdo con la oficina de la abogada de la ciudad, en el inmueble hay una circulación casi constante de trabajadoras sexuales, clientes y/o proxenetas o traficantes de personas y de drogas.

La acción civil contra los propietarios del hotel busca prohibir, reducir y prevenir esta molestia tal como se define en la Ley de reducción de semáforos en rojo de California, la Ley de molestias públicas y la Ley de competencia desleal.

Según la denuncia, desde al menos 2017, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha llevado a cabo más de una docena de investigaciones en el Motel New Gage, lo que llevó a 16 arrestos relacionados con la prostitución, incluido uno que involucró el tráfico sexual de un menor de edad.

En agosto, las investigaciones de la policía de Los Ángeles revelaron que el motel estaba siendo utilizado como centro de prostitución, y que la propiedad ha sido un imán para la violencia y la anarquía, con robos a mano armada, asaltos con armas mortales y atracos brutales sólo durante los últimos cuatro meses.

En marzo de 2022, para detener la actividad ilícita, los fiscales de la ciudad y agentes de LAPD se reunieron con representantes de Rish Investments, Inc., propietario y operador del New Gage Motel. Se pidió al director ejecutivo Rajesh Patel y al director financiero y secretario Hitandra Bhakta que implementaran una variedad de medidas físicas y administrativas para reducir las molestias.

Las solicitudes específicas incluyeron prohibir el alquiler de habitaciones por horas, instalar una puerta alrededor del camino de entrada para controlar el acceso, instalar cámaras de seguridad en áreas comunes y darle acceso a LAPD a ellas, emplear patrullas de seguridad diarias y contratar nueva administración para hacer cumplir estas mejores prácticas.

Más de un año después, el propietario y operador del New Gage Motel, incluido ahora Gazi Monirul Islam, que se involucró en las operaciones del motel el año pasado, no han implementado ni mantenido la mayoría de esas medidas, mientras que la actividad se ha vuelto más violenta.

Para mitigar la molestia de una vez por todas, la demanda de la abogada municipal busca medidas cautelares y sanciones civiles contra los demandados para cambiar la forma en que administran y equipan la propiedad.

Además, la demanda busca prohibir y prevenir violaciones de la Ley de Competencia Desleal en la propiedad basadas en prácticas comerciales ilegales utilizadas para operar el Motel New Gage, e imponer sanciones civiles derivadas de estas prácticas comerciales ilegales.

Este litigio está siendo manejado por los Fiscales Municipales Adjuntos en la recién formada División de Derechos Públicos de la Oficina del Fiscal Municipal.

Al cierre de edición, Karen E. Rich-Falvey, representante de Rish Investments, Inc., había respondido a un pedido de comentario de La Opinión.