Después de 200 años de la Doctrina Monroe es hora de que Estados Unidos mire hacia el futuro

Este diciembre marcará 200 años de la Doctrina Monroe, una de las políticas exteriores más antiguas y fundacionales de nuestra nación.

A medida que nos acercamos a dos siglos de la doctrina, es hora de que Estados Unidos deje atrás esta política obsoleta en favor de algo más moderno y efectivo.

En 1823, el presidente James Monroe declaró que los continentes americanos no serían considerados como sujetos a futuras colonizaciones por parte de potencias europeas. Así comenzó un legado de dominio estadounidense sobre América Latina. Durante los siguientes 100 años, esta filosofía de política exterior justificó intervenciones, anexiones y otras acciones coloniales en el hemisferio occidental, incluyendo contra mi isla natal de Puerto Rico.

A medida que Estados Unidos buscaba limitar el ascenso del comunismo y el socialismo durante la Guerra Fría, nuestro gobierno invocó la Doctrina Monroe para apoyar golpes de Estado, financiar represión militar y escuadrones de la muerte, y respaldar dictaduras brutales.

Este pasado agosto, varios de mis colegas y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Brasil, Chile y Colombia. Estos países cargan con cicatrices sustanciales debido a nuestras decisiones de política exterior durante el último siglo. Desde el golpe respaldado por Estados Unidos para derrocar al Presidente Salvador Allende hasta el apoyo permanente de nuestro gobierno a la dictadura militar en Brasil, los líderes de todos estos países siguen lidiando con los altos costos de la Doctrina Monroe en sus naciones.

Otro ejemplo trágico de esta dinámica ha sido el enfoque de Estados Unidos hacia Colombia, donde las estrategias de la Guerra Fría y los vestigios de la fallida “Guerra contra las Drogas” persisten hasta el día de hoy.

Durante mi viaje a Colombia, participé en una reunión con el Presidente Gustavo Petro, la Vicepresidenta Francia Márquez Mina y otros involucrados en los esfuerzos para lograr una paz total y negociar el fin del conflicto de décadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras se implementa plenamente el acuerdo de paz negociado recientemente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante nuestras reuniones, discutimos el legado de la política exterior de Estados Unidos en Colombia y las desastrosas consecuencias no deseadas que dicha política acarrea.

En el año 2000, Estados Unidos lanzó el “Plan Colombia” en coordinación con el gobierno colombiano. Bajo esta política, Estados Unidos proporcionó a Colombia recursos masivos y capacitación para combatir las insurgencias de izquierda de las FARC y el ELN. No existe duda que estos grupos guerrilleros cometieron numerosas atrocidades, desde secuestros y asesinatos hasta atentados y tráfico de drogas. Sin embargo, el apoyo estadounidense al ejército colombiano, y especialmente a los paramilitares de derecha desplegados para combatir a las FARC y el ELN, a menudo superó a los guerrilleros en derramamiento de sangre y abusos atroces de derechos humanos.

La ONU estima que la gran mayoría de los asesinatos en Colombia, aproximadamente el 80%, han sido cometidos por grupos paramilitares de derecha. En las últimas décadas, el apoyo de Estados Unidos ha coincidido con un recrudecimiento de la violencia y un aumento de las muertes de civiles. Investigadores encontraron que los asesinatos extrajudiciales de civiles por parte del ejército incrementaron después de que Estados Unidos aumentara la asistencia.

Se estima que el ejército colombiano asesinó al menos a cinco mil civiles durante el Plan Colombia. Con demasiada frecuencia, el apoyo y la capacitación estadounidenses han hecho posible estas atrocidades. Junto con el apoyo a la brutal contrainsurgencia como parte del Plan Colombia, han existido iniciativas estadounidenses vinculadas a la “Guerra contra las Drogas”.

Esto también ha llevado a abusos de derechos humanos, así como a políticas destructivas e ineficaces como lo es la fumigación aérea. Estados Unidos ha convertido esta práctica en un elemento central de su lucha contra la coca en la región. Durante años, aviones han recorrido el campo colombiano, rociando el herbicida químico glifosato en un intento de eliminar las plantas de coca. En el proceso, se destruyen cultivos de alimentos y otras plantas, y a veces los habitantes locales se enferman con graves problemas de piel y otros problemas de salud debido a los productos químicos tóxicos desplegados.

Este enfoque unilateral ignora los incentivos económicos que llevan a pequeños agricultores, que a menudo carecen de otras oportunidades para mantener a sus familias, a cultivar coca. Puede agravar los problemas de los agricultores al destruir los otros cultivos que pueden decidir cultivar como alternativas a la coca, o al hacer que la tierra sea inutilizable.

La nueva paz en Colombia nos ofrece la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque político para Colombia, uno que ponga los derechos humanos en primer plano mientras le permite al gobierno colombiano crear un futuro mejor para todos sus ciudadanos.

Durante mi viaje a América del Sur, me reuní con muchos responsables políticos y activistas que están ansiosos por dejar atrás años de políticas fallidas de Estados Unidos en América Latina y construir una relación colaborativa que trate a los países como iguales y ayude a abordar los desafíos compartidos que enfrentamos.

En Colombia, el gobierno de Petro está tratando de dejar atrás los esfuerzos de erradicación forzada de cultivos implementados hace décadas. En lugar de ello, se centran en estrategias que protegen, en lugar de castigar, a aquellos en la posición económica más baja, en este caso, los agricultores de coca. Deberíamos estar trabajando con el gobierno de Petro para respaldar un nuevo enfoque que ayude a fortalecer y ampliar la paz, crear oportunidades económicas productivas y positivas para las comunidades en su mayoría afrocolombianas e indígenas que han sido devastadas por décadas de conflicto armado, y al mismo tiempo reducir la producción de coca.

Desde el tráfico de drogas hasta la migración masiva y el cambio climático, los desafíos compartidos entre Estados Unidos y América Latina no pueden abordarse mediante la anticuada Doctrina Monroe. Estos son algunos de los problemas más apremiantes de nuestra época que nos convocan a un realineamiento político en cómo Estados Unidos se relaciona con la región desde un marco que enfatice el respeto y la cooperación.