Buscan refugio en un marco legal inexistente

“Me sentí… como un pajarito que ha estado en una jaula. Bien cuidado, bien alimentado, sin que nada le pase, protegido, pero que le abren la puerta y ante la sensación de libertad, no puede hacer otra cosa más que salir y volar. Sí. Me sentí por primera vez libre, libre”. 

Así es como Brenda Murphy recuerda lo que sintió el día en que recibió su tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos. Fue la culminación de un viaje que había comenzado hacía casi un cuarto de siglo en su natal San Pedro de Sula, Honduras.

Murphy es periodista y salió de su país en enero de 1996. Estaba entonces recién casada con un ciudadano mexicano que vivía en Nueva Orleans como indocumentado. Tenía curiosidad de conocer cómo se vivía en EE.UU. Estaba convencida que trabajaría un par de años y ahorraría dinero suficiente para regresar a Honduras y construir una vida. 

“Entonces yo decía: ‘Me voy, ahorro $50,000 dólares en un año y ya después regreso para poder comprar mi casita… poder comprar mi carro y poder movilizarme para hacer mis cosas. Entonces, todo el mundo sale con muchas expectativas”, recuerda Murphy. 

Al cabo de esos dos primeros años y ya pensando en programar el ansiado regreso, Mitch tocó tierra a fines de octubre de 1998 como huracán categoría 4 en Centroamérica. Se calcula que solo en Honduras, 6.2 millones de habitantes y cada uno de los 18 departamentos del país sufrieron los efectos de la catástrofe. 

En este contexto, el regreso a su país se hacía imposible.

“Es bien difícil…entender la magnitud del daño y el tiempo que le toma a la gente recuperarse. Honduras no es Estados Unidos. Aquí la Cruz Roja, aquí las iglesias, aquí el mismo gobierno, aquí FEMA, aquí las organizaciones… Aquí como que un poquitito rápido te recuperas. Allá no [es así]”, explica Murphy.

Helena Olea, directora asociada de programas para Alianza Américas, una red de 58 organizaciones de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, ahonda sobre la precariedad que enfrentan los países de América Central después de un desastre natural:

“No hay ni capacidad de ofrecer esa primera atención de emergencia; es decir, no hay un refugio muchas veces donde las personas pueden estar… Después, la reconstrucción no está ni acompañada por el estado ni vigilada por el estado ni mucho menos financiada por el estado. Cada una de las personas impactadas por un desastre climático tiene que volver a levantarse producto de su propio esfuerzo. Y lo que vemos en Centroamérica en particular, es que muchas veces lo hacen gracias a las remesas de sus familiares que están en EE.UU. No hay financiamiento del gobierno. Nadie llega a decir: ‘Aquí se puede reconstruir o no se puede reconstruir’. Las personas están realmente a merced de sus circunstancias y sus posibilidades”.

En 1999, el gobierno estadounidense designó el Estado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los hondureños como Murphy por los graves daños ocasionados por Mitch. Ella recuerda claramente el alivio que le trajo este amparo.

“Todo era un poquito complicado a raíz de no tener ese estatus migratorio. Entonces cuando decretan el TPS yo me persigné porque muchos decían: ‘Esa es una mentira. El gobierno va a tener tus datos. El gobierno va a saber donde están. Te van a venir a traer. No lo hagas’. Como había gente que decía: ‘Es una gran oportunidad. Ya lo hemos hecho’. Bueno… dije: ‘En el nombre de Jesús yo lo voy a hacer porque lo necesito’. Un esposo sin papeles, una mujer sin papeles y con dos hijos nacidos aquí es muy difícil. Es muy muy difícil”.

El TPS es uno de los programas humanitarios del gobierno estadounidense para los extranjeros que ya están en el país y que no pueden regresar a sus naciones de origen por causas específicas y temporales, como un conflicto armado o un desastre natural.

Es el único programa que, aunque no está designado específicamente para los migrantes climáticos, los incluye y les ofrece la obtención de un permiso de trabajo y la protección contra la deportación.

“El TPS efectivamente es una herramienta de política que puede reconocer el impacto climático que impide que las personas regresen a su país, pero no les permite ingresar a EE.UU. Es una medida temporal que no permite hacer un tránsito hacia la residencia definitiva”, explica Olea.

Para Olea esta situación tiene duras las consecuencias para estas personas: “Entonces, hay personas que han vivido durante dos décadas en esta incertidumbre de estar amparados por una medida temporal y no hay muchas vías a través simplemente de ese estatus de que se les reconozca residencia permanente y depende de una condición de tal magnitud y gravedad que hay una acción del ejecutivo para otorgar el TPS”.

Para Olea está problemática migratoria tiene una relación directa con los cambios climáticos: “Lo que hoy en día entendemos y sabemos es que hay impactos climáticos específicos en regiones que puede no ser un fenómeno devastador nacional, como por ejemplo un huracán, pero sí puede tener un impacto tal en el país que las personas se ven obligadas a salir de ahí. No encuentran otras alternativas dentro de su país y tienen que salir a buscarlas fuera de su país y muchos de esos casos no van a ser objeto de una designación de TPS”, subraya Olea.

El gobierno decide cada 18 meses si renovará el amparo. Según las cifras oficiales más recientes (2021), hay 429,630 beneficiarios del TPS. Pero hay quienes estiman que la cifra podría llegar a 670,000. El futuro de todas estas personas depende entonces de la voluntad del gobierno federal y quedarían al margen de la legalidad si llegaran a cancelarlo.

“Cuando te acostumbras a tener un poquito de respiro, porque eso es lo que hace el TPS, el TPS te da tranquilidad. Te da un poco por lo menos por el tiempo que dura. Te da seguridad. Entonces, cuando escuchábamos… o sea tres meses antes que se terminara, empezaban las negociaciones, que si el presidente, que si estaban bien, que si estaban mal. ¡Aquella tronadera de dedos!… Entonces era una zozobra de verdad que lo aprobaran”, cuenta Murphy.

Aunque EE.UU. siente los efectos de la migración medioambiental y, como país industrializado, comparte la responsabilidad de la crisis climática que obliga a los centroamericanos a dejar su territorio, la nación norteamericana no cuenta con una figura legal que ofrezca protección permanente a los migrantes climáticos.

Para Olea, ofrecer un amparo jurídico sería un buen primer paso para contrarrestar el daño que la nación le causa al medio ambiente.

“EE.UU. tiene una importante responsabilidad tanto por la explotación de los combustibles fósiles [como por su consumo]. En EE.UU., tenemos unas formas de vida bastante inconscientes en torno al cambio climático. Utilizamos una cantidad de plástico, de materiales que solamente terminan en desechos que tienen importantes consecuencias ambientales. La utilización de combustibles fósiles tiene una gran carga en los gases de invernadero”, explica Olea.

Para Olea, Estados Unidos y las otras naciones industrializadas tienen que asumir sus responsabilidades y ayudar los países del hemisferio sur en la lucha contra el cambio climático y sus efectos.

“Por eso, consecuente con este impacto que EE.UU. genera tiene que haber otras posibilidades y discusiones de cómo se debe financiar y apoyar a aquellos países, por ejemplo, que mantienen grandes recursos naturales”, explica Olea.

“Necesitamos que exista una manera de compensar lo que se contamina de un lado y del otro lado cómo se procura… compensar este daño ambiental. De la misma forma, EE.UU. puede compensar este daño ambiental reconociendo que las personas se ven forzadas a migrar producto de esta crisis climática y darle una solución. No es lo ideal. Sería preferible abordar las causas, pero tanto como abordar las causas es reconocer las consecuencias y generar respuestas frente a ello”, sentencia Olea.

En efecto, una parte significativa del cambio de los patrones meteorológicos y climáticos está ligada a causas antropogénicas o actividades humanas. Sin políticas de mitigación climática más estrictas (que incluyan un freno a la deforestación), las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) seguirán aumentando, y con ellas, el desplazamiento de las numerosas víctimas del cambio climático.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, por citar uno de tantos ejemplos, estima que para el año 2050, casi el tres por ciento de las poblaciones de América Latina, Asia meridional, y África subsahariana se desplazarán de sus países a consecuencia del cambio climático. Esto se traduciría en más de 143 millones de personas.

Según la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas, “cada año, alrededor de 22,5 millones de personas se desplazan dentro y fuera de las fronteras de sus países a causa de los desastres climáticos y meteorológicos”. Entre otras recomendaciones, la entidad promueve el reconocimiento de una condición jurídica duradera para todos los desplazados medioambientales.

Sin embargo, en la actualidad, el único país en el continente americano que ofrece amparo migratorio a los centroamericanos desplazados por el cambio climático es Argentina.

“Y la razón por la cual lo hizo con esta visión, que es regional, es que en Sudamérica existe este acuerdo de Mercosur que da la posibilidad de libre tránsito y residencia. Entonces las personas de Suramérica no necesitan una razón, basta con que presenten sus documentos y se les permite vivir de manera autorizada en Argentina. Entonces se creó esta posibilidad para algunas personas provenientes del norte de Centroamérica”, explica Olea.

Recientemente en EE.UU. se ha presentado una iniciativa legislativa liderada por el Senador demócrata Ed Markey de Massachusetts que concedería un número de visas para las personas impactadas por la crisis climática. Aunque no se aprobó en el pasado, los expertos indican que es muy probable que retomen el proyecto de ley en un futuro cercano, como explica Olea:

“Esa sería una iniciativa muy positiva, pero tiene que ser aprobada por el Congreso. Y en el contexto actual, sabemos que se va a quedar desafortunadamente como una iniciativa. Pero poner esas ideas sobre la mesa, abrir el debate y discusión a la necesidad de reconocer y crear una vía, es posible”, aclara Olea.

Olea explica qeu muchas personas que han cuestionado si sería necesario ampliar la definición de quién es un refugiado y si hay espacio político para ellos.

“Hay mucho escepticismo… Pero hay una preocupación por la necesidad de encontrar una solución en materia de política pública para reconocer que las personas deben salir de su país, necesitan ingresar a otro, necesitan tener un estatus regular y en muchísimas situaciones no van a poder volver a regresar a su país”, dice Olea.

Para la periodista hondureña Brenda Murphy, la solución migratoria llegó a poco más de dos décadas de su arribo a EE.UU. y solo gracias a su hija.

Murphy tuvo la suerte de ser elegible para la residencia porque su hija había nacido en EE.UU., a diferencia de muchos de los migrantes climáticos que no tendrán una solución migratoria permanente hasta que el gobierno lo decida.

“Cuando le faltaban seis meses para cumplir 21 años me dijo: ‘Mamá, alistémonos ya alista todos tus papeles’… Uno tiene hijos, pero yo nunca he visto a mis hijos como mi salvación. Al contrario, yo soy la tabla de ellos, yo soy la lancha de ellos, yo soy el barco de ellos, yo soy el puerto de ellos. No ellos, mi puerto… Entonces metimos los papeles. Como a los tres meses llegó la carta de la cita con inmigración”.

“¡Ay, Dios mío! Pues cuando llegamos a inmigración… La gente tenga o no tenga papeles siempre siente nervios [al] estar frente a un oficial de inmigración… Nos tocó una señora tan gentil, tan amable…Y entonces al final, la oficial de inmigración le dijo a mi hija: ‘Te felicito…por lo que estás haciendo por tu madre’. Tres meses después llegó la carta [con] la tarjetita de la residencia”.

“Yo creo que lo que todos podemos hacer es hacernos preguntas, conocer y entender mejor lo que está sucediendo en otros países del mundo. No asumir que la realidad en Estados Unidos es la norma y la realidad en el mundo. Y preguntarse cuáles son esas condiciones particulares”, aclara Olea.

A pesar de todas las dificultades, Olea se muestra positiva con el futuro de las comunidades hispanas y lucha contra el cambio climática. “Creo que preguntando y pidiendo políticas pragmáticas es lo que todos podemos hacer desde un sentido mínimo de justicia, entendiendo, además que esas personas que venimos a vivir y a trabajar en EE.UU. lo hacemos con el ánimo de contribuir y que somos un aporte a esta sociedad. No representamos una carga. Ayudamos a hacer este país, un país cada vez más rico, más diverso, más pujante”, concluye Olea.

Huella Zero es un programa de Sachamama, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar una economía de energía limpia para todos y actitudes, comportamientos y estilos de vida sostenibles.