Editorial: jueces erosionan el derecho al voto
La Suprema Corte debe tomar en cuenta el antecedente histórico y el daño irreparable que podría causar a nuestra sociedad si no rechaza este dictamen.
Crédito: PAUL J. RICHARDS | AFP / Getty Images
Ayer, una corte de apelaciones federal declaró inconstitucional una parte importante de la Ley de Derecho al Voto (VRA por sus siglas en inglés) al dictaminar que solamente el Procurador General de Estados Unidos puede demandar a quien no cumpla su Sección 2, que prohibe la discriminación por raza. Fue con base en esta cláusula que los estados dibujaron distritos electorales que representan a toda la población.
El dictamen impide que organizaciones y ciudadanos privados presenten demandas para proteger el voto de minorías como.
Están en juego realmente los resultados de las futuras elecciones.
En su decisión 2 a 1, el tribunal aceptó la decisión previa de un juez de distrito.
En los últimos 40 años, el Procurador General presentó solo 15 de los 182 casos relativos a la Sección 2 que fueron exitosos.
El fallo, que seguramente llegará a la Suprema Corte, es el último eslabón de la lucha por la igualdad y la justicia en nuestro país.
En 1870 se ratificó la Enmienda 15 de la Constitución, que confería a los hombres afroamericanos el derecho al voto . Fue la culminación de la Emancipación: anteriormente la Enmienda 13 había prohibido la esclavitud y la 14 dado la ciudadanía.
Casi un siglo después, el voto de las minorías seguía reprimido. Los afroamericanos en el sur debían pagar impuestos electorales, pasar pruebas de alfabetización, demostrar conocimientos de historia y otras restricciones. Si insistían en registrarse o votar eran víctimas de la intimidación y la violencia.
Desde 1954, el movimiento de derechos civiles unificó a millones de estadounidenses en las protestas contra la segregación racial. Gracias a su lucha se aprobó, recién en 1965, la Ley del Derecho al Voto, que aceptaba gran parte de sus reivindicaciones. Casi de inmediato se duplicó el número de votantes afroamericanos.
Desde entonces, no han cesado los intentos conservadores de revertir esos logros.
Así, en 2013 la Suprema Corte anuló la obligación de los estados históricamente discriminatorios de pedir aprobación federal a cambios en sus leyes electorales. Inmediatamente después, en esos estados surgieron nuevas leyes que discriminan contra los afroamericanos y los latinos.
Que el fallo llegue a tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre próximo es una demostración de la importancia que los elementos le asignan y un ejemplo de la avasalladora influencia del expresidente Donald Trump sobre el poder judicial federal.
Es parte de una tendencia de hacer más y más difícil la votación de las minorías, que surgió con la derrota de Trump en 2020 y su falsa afirmación de que perdió por fraude.
En más de la mitad de los estados se han aprobado leyes que limitan el voto adelantado, el voto por correo, el tiempo de espera, la cantidad de centros de votación, el lenguaje de las boletas y mucho más.
La Suprema Corte debe tomar en cuenta el antecedente histórico y el daño irreparable que podría causar a nuestra sociedad si no rechaza este dictamen.
