Filipinos de Los Ángeles sentenciados por plan de bodas falsas para obtener tarjetas de residencia

La organización encabezada por Marcialito Biol Benítez cobraba de $20,000 a $30,000 dólares a los clientes interesados en una green card; el grupo operaba en una agencia de empleo temporal en Koreatown

Suzanne Nightingale, 49, left, and Kathleen Clementson, 62, of Cape Coral, Fla., display their rings for a photographer during their wedding ceremony on Saint's Landing Beach in Brewster, Mass. Thursday, May 20, 2004 during the first week of state-sanctioned gay marriage in America. The new round of nuptials for gay couples came Thursday as Mass. Gov. Mitt Romney took the first steps toward blocking city and town clerks from issuing marriage licenses to out-of-state gay couples, which the Republican governor says is prohibited by state law. (AP Photo/Elise Amendola)

El grupo efectuó bodas falsas desde 2016 hasta 2022. Crédito: Elise Amendola | AP

Cuatro ciudadanos filipinos que viven en Los Ángeles fueron sentenciados en un tribunal federal por elaborar un plan de $8 millones de dólares que organizó más de 600 bodas falsas, eludió las leyes de inmigración y obtuvo tarjetas de residencia al declarar falsamente que sus cónyuges estadounidenses abusaban de clientes indocumentados.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Denise J. Casper condenó a principios de marzo en Massachusetts al supuesto líder del grupo, Marcialito Biol Benítez, de 50 años, a una pena de 22 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, por la operación fraudulenta que se tuvo de octubre de 2016 a marzo de 2022, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Sus cómplices, Engilbert Ulan, de 43 años, recibió una sentencia de prisión de 14 meses; y Juanita Pacson, de 48 años, se le impuso una pena de cuatro meses de arresto domiciliario seguidos de dos años de libertad supervisada.

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Un cuarto acusado, Nino Valmeo, de 47 años, purgará una condena de seis meses de prisión domiciliaria y tres años de libertad supervisada.

Los cuatro fueron declarados culpables y condenados en 2023 por conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude de documentos de migración.

“Este caso es un excelente ejemplo de múltiples agencias trabajando en equipo para defender y proteger el sistema de inmigración legal de nuestro país“, dijo la directora de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos para el Distrito de San Diego, Alanna Ow, en un comunicado.

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De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, uno de cada seis nuevos inmigrantes legales en 2022 obtuvo su estatus al contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense o con un titular de una green card.

This undated image from the U.S. Citizenship and Immigration Service shows the front of a sample "green card," formally known as a Permanent Resident Card. President Donald Trump has hinted that he might extend a 60-day hold on green cards for foreign workers that he ordered to protect American jobs during the coronavirus outbreak. Analysts predict the number of green cards issued annually will drop from about 1 million to 300,000 if the changes stand. (USCIS via AP)
Los clientes debían pagar de $20,000 a $30,000 dólares por la falsa boda para obtener la green card.
Crédito: USCIS via AP | AP

Benítez operaba una agencia matrimonial falsa en la sede de Career Ad Management, una agencia de empleo temporal en 3325 Wilshire Boulevard, en Koreatown, cerca del centro de Los Ángeles.

Según los documentos fiscales, los acusados identificaban posibles clientes extranjeros para la agencia por medio de referencias de clientes anteriores y de recomendaciones personales.

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Un antiguo cliente recomendó a Benítez 25 nuevos clientes, sobre todo de Brasil, quien pagó $2,500 dólares por cada una de las recomendaciones.

El grupo celebró reuniones introductorias con los clientes en las oficinas de Career Ad Management y en otros sitios, a quienes se les exigía un pago de entre $20,000 y $30,000 dólares.

A los clientes se les entregaban cronogramas de pago con detalles de los costos iniciales de la ceremonia de matrimonio falsa, la presentación de documentos de inmigración y los pagos mensuales al cónyuge estadounidense para que mantuviera su cooperación hasta que el cliente obtuviera el estatus de residente permanente legal completo.

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Según la acusación, los corredores que trabajaban para Benítez reclutaron de octubre de 2020 a diciembre de 2021 alrededor de 200 cónyuges.

Los corredores recolectarían fotografías de posibles cónyuges e imágenes de sus certificados de nacimiento, tarjetas de Seguro Social y licencias de conducir, documentos que Benítez usaría para elaborar documentos falsos de matrimonio e inmigración.

Cuando se identificaba uno o más cónyuges potenciales para un cliente, se organizaban reuniones para evaluar si su matrimonio no levantaría sospechas en los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

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Benítez y sus cómplices contrataron oficiantes de boda en línea para efectuar las falsas ceremonias, además de tomar fotografías de los clientes y cónyuges posando ante decoraciones de boda de utilería.

En caso de que los clientes vivieran fuera de California y necesitaban demostrar su residencia, se hacían arreglos para alquilar direcciones falsas y buzones de correo.

La operación fraudulenta asesoraba a los clientes sobre cómo mantener la apariencia de matrimonio legítimo con sus cónyuges, mientras les ayudaban a abrir cuentas bancarias conjuntas, registrar vehículos, comprar pólizas de seguro de vida y presentación de declaraciones de impuestos conjuntas.

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En un caso de 2021, un cónyuge firmó un documento durante una entrevista con USCIS en el que admitía que le habían pagado $1,700 dólares para contraer un matrimonio arreglado.

Cuando algún cónyuge dejaba de responder o no seguía adelante con las entrevistas de inmigración, Benítez y su personal ayudaban a los clientes para obtener una tarjeta de residencia bajo la Ley de Violencia contra las Mujeres mediante la presentación de formularios falsos.

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