¿Qué dice el argumento legal de México sobre la ley SB4 de Texas contra inmigrantes?

Problemas de relación diplomática y comercial con Estados Unidos, así como persecución por perfil racial, son algunos de los argumentos que México advierte si se aplica en Texas la ley SB4 contra inmigrantes

Agentes federales de la Patrulla Fronteriza son quienes realizan detenciones de inmigrantes en la frontera.

Agentes federales de la Patrulla Fronteriza son quienes realizan detenciones de inmigrantes en la frontera. Crédito: Eric Gay | AP

El gobierno de México alega que la ley SB4 de Texas afectaría la relación diplomática y comercial entre México y los Estados Unidos, además de criminalizar a inmigrantes, al permitir la detención de indocumentados y su procesamiento para deportación.

La aplicación de la SB 4 sobrecargaría de manera inapropiada las relaciones […] entre México y Estados Unidos, al penalizar la entrada no autorizada de no ciudadanos a Texas […] y crear requisitos de expulsión divergentes”, dice parte del documento ‘amicus curiae’ enviado a la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito. “La aplicación de la SB 4 también interferiría con el derecho de México a determinar sus propias políticas con respecto a la entrada a su territorio, socavaría la colaboración entre Estados Unidos y México en un marco legal de migración y gestión de fronteras, y obstaculizaría el comercio”.

El ‘amicus curiae’ es un argumento legal conocido también como “amigos de la corte” que se suma al rechazo de la ley SB4 en Texas en el Quinto Circuito.

Aunque México no forma parte del proceso en la corte que lidera el gobierno del presidente Joe Biden, su documento puede ser tomado en consideración por los jueces para tomar una decisión sobre la ley promulgada por Greg Abbott, la cual permite a policías estatales detener a inmigrantes indocumentados y autoriza a jueces procesar a estas personas para la deportación.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, adelantó a mediados de la semana que esa dependencia enviaría el documento, debido a que en Texas hay al menos 2.4 millones de personas de origen o ascendencia mexicana.

Al igual que lo han advertido defensores de derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), México considera que la SB4 es una ley puede provocar acciones discriminatorias.

“La aplicación discriminatoria de la ley tiene implicaciones legales, sociales, económicos y políticos adversas”, señala el documento ‘amicus’. “México tiene un interés legítimo en garantizar que sus ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio, no se vean privados de protecciones internacionales y constitucionales ni sujetos a actitudes o acciones hostiles por parte de actores estatales estadounidenses”.

El Departamento de Justicia –que representa a la Administración Biden– alega que la SB4 invade facultades del gobierno federal en materia migratoria.

Aunque la Corte Suprema permitió la aplicación de la ley, no resolvió la legitimidad de su aplicación y dejó que los jueces del Quinto Circuito establecieran una opinión al respecto.

La “sospecha” de ser indocumentado

Los críticos señalan que los agentes policiacos podrían detener a personas “bajo sospecha” de ser indocumentadas, por lo que México considera que la apariencia de una persona sería motivo de hostigamiento.

“La SB 4 implícitamente fomenta el uso de la raza, el color o el origen nacional”, dice el documento ‘amicus’. “México cree que la SB 4 no puede aplicarse de manera neutral, desde el punto de vista racial. La apariencia latina simplemente no es un factor adecuado a considerar por parte de las autoridades”.

El documento agrega que las acciones policiacas podrían derivar en separación de familias, incluso que los responsables de los 11 consulados de México en Texas reportan temor de la población por la ley actualmente suspendida en forma provisional.

“Es innegable que la SB 4 está creando miedo, pánico e incertidumbre entre los mexicanos que viven en Texas, sin importar su estatus migratorio”, se agrega.

México insiste que los asuntos de inmigración son tratados entre gobiernos federales, no estatales.

Es posible que el Quinto Circuito, donde ya se escucharon argumentos de ambas partes, tome una decisión la primera semana de abril, después de eso podría incluso volver a la Corte Suprema.

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