TikTok demanda al gobierno para intentar evitar ser bloqueada en Estados Unidos

TikTok va a la guerra con el gobierno estadounidense para intentar mantener sus operaciones en el país y evitar la nueva ley que les obliga a vender sus operaciones

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TikTok está buscando una decisión judicial que les permita seguir operando en Estados Unidos Crédito: Shutterstock

TikTok está librando una batalla legal épica contra el gobierno estadounidense en un esfuerzo por evitar su posible prohibición en el país. La popular aplicación de redes sociales, propiedad de la empresa china ByteDance, presentó una demanda contra el gobierno federal, desafiando una nueva ley que exigiría a su empresa matriz venderla o enfrentar una prohibición en los Estados Unidos. 

Este enfrentamiento no solo refleja la lucha por la seguridad nacional y la libertad de expresión, sino que también tiene el potencial de llegar hasta la Corte Suprema, según expertos legales.

¿Qué dice TikTok en su demanda?

La demanda de TikTok argumenta que la nueva ley viola la Primera Enmienda al efectivamente eliminar una plataforma que millones de estadounidenses utilizan para expresarse libremente. Además, la compañía considera que la desinversión es prácticamente imposible dentro del plazo establecido por la ley, citando obstáculos como la negativa de Beijing a vender una característica clave para su funcionamiento en los Estados Unidos. La empresa afirma que la aplicación podría ser cerrada antes del 19 de enero de 2025 si la ley se implementa.

El futuro de TikTok en los Estados Unidos se está jugando principalmente en los tribunales, donde se enfrentan las preocupaciones de seguridad nacional del Congreso y los derechos de libertad de expresión de los usuarios de la aplicación. Con más de 170 millones de usuarios mensuales en los Estados Unidos, TikTok se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana de muchas personas, desde compartir bailes virales hasta expresar opiniones políticas.

¿Cuánto tiempo tiene ByteDance para vender TikTok?

La nueva ley, firmada por el presidente Biden, otorga a TikTok un plazo de nueve meses (o un año si se concede una prórroga) para encontrar un comprador no chino. De lo contrario, se exigirá que las tiendas de aplicaciones y los servicios de alojamiento web de EE. UU. dejen de operar con la aplicación, efectivamente prohibiéndola en el país.

La disputa legal plantea preguntas complejas sobre la protección de la seguridad nacional y la garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

Por un lado, el gobierno estadounidense argumenta que la relación de TikTok con China representa una amenaza para la seguridad nacional, mientras que la empresa insiste en que la venta o prohibición de la aplicación violaría los derechos de libertad de expresión de los usuarios. Esta controversia se desarrollará en los tribunales en los próximos meses, y es probable que llegue a la Corte Suprema.

Apelación

TikTok ha presentado su caso ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, argumentando que la venta de sus operaciones en Estados Unidos no es factible desde el punto de vista comercial, tecnológico o legal. La compañía destaca la naturaleza global de su plataforma y la complejidad técnica de transferir su código subyacente a un nuevo propietario. Además, señala la importancia del algoritmo de recomendación de contenido, que el gobierno chino se ha negado a vender.

Para respaldar su posición, TikTok menciona el Proyecto Texas, un esfuerzo de varios años para abordar posibles riesgos de seguridad, así como un acuerdo de seguridad nacional de 90 páginas que hizo con el gobierno de Estados Unidos. La empresa argumenta que ha separado los datos de sus usuarios estadounidenses del resto de las operaciones y ha implementado supervisión de terceros sobre sus recomendaciones de contenido.

Expertos legales sugieren que el gobierno tendrá que respaldar sus preocupaciones de seguridad nacional con evidencia sólida para justificar la limitación de la libertad de expresión si se prohíbe TikTok. Se espera que el Departamento de Justicia, que participó en la redacción de la ley, defienda la legislación en los tribunales.

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