Choferes van en caravana a San Francisco para abogar por sus derechos

Más de un centenar de choferes que trabajan para las compañías Uber y Lyft se dirigen hacia San Francisco para asistir a una manifestación prevista este martes, a la espera de que el Tribunal Supremo de California considere una impugnación legal y revoque la Proposición 22. 

Afiliados al sindicato California Gig Workers Union, los conductores se han visto impedidos de obtener los beneficios de cualquier trabajador, incluyendo salario mínimo, vacaciones, cobertura médica o pago de horas extras. 

Con la inversión de más de 200 millones por parte de Uber Technologies Inc., Lyft Inc. y DoorDash Inc., los votantes de California votaron a favor de la llamada Proposición 22 o Iniciativa de Políticas Laborales y Conductores Basados en Aplicaciones como contratistas. 

Se suponía que un voto “Sí” a la iniciativa, significaría la clasificación de los conductores como contratistas independientes y que se adoptarían políticas laborales y salariales específicas para ellos, basados en las aplicaciones móviles. La medida fue aprobada por el 58.63% de los electores (9,958,425). 

Un voto “No” significaría que el Proyecto de AB5 (2019) de la Asamblea de California podría usarse para decidir si los conductores basados en aplicaciones son empleados o contratistas independientes.  El rechazo de los votantes fue del 41.63% (7,027,820). 

Sin embargo, el desafío a la Proposición 22, no solamente se trata de la clasificación de los trabajadores.  

En el caso Castellanos v. Estado de California se pide a los jueces que determinen los límites constitucionales del poderoso proceso de iniciativa electoral de California. 

Derivado de una enmienda constitucional estatal aprobada en 1911, el proceso de iniciativas electorales otorga a los votantes una de las autoridades más poderosas y significativas del país para aprobar nuevas leyes y modificar las existentes sin el apoyo de la legislatura o el gobernador.  

“Un ejemplo de fraude” 

 Víctor Narro, profesor de estudios laborales en UCLA dijo a La Opinión que la Proposición 22 “fue ejemplo de un fraude, porque [Uber, Lyft y Door Dash] mintieron bastante y los votantes nunca supieron tomar una decisión educada sobre el proceso, ni conocieron los detalles de cómo iban a ser tratados los trabajadores”. 

“Lo mismo que pasó en California sucedió en otros estados, donde los grupos de intereses especiales y los dueños del dinero negaron las protecciones laborales que merecen los trabajadores”, añadió. “Yo espero que los jueces declaren inconstitucional la Proposición 22”. 

En el caso de Castellanos contra el Estado de California, junto con otro caso pendiente de la Corte Suprema estatal sobre una medida electoral contra los impuestos, los siete jueces del panel: Patricia Guerrero, Carol A. Corrigan, Goodwin H. Liu, Leondra R. Kruger, Martin J. Jenkins, Joshua P. Groban y Kelli Evan, podrían realizar cambios radicales en el centenario derecho de los votantes de California.  

El 8 de mayo, los jueces escucharon argumentos en el caso Legislatura del Estado de California contra Weber sobre la constitucionalidad de una medida que requeriría que los votantes aprobaran la mayoría de los nuevos impuestos estatales o locales. 

“Si bien no se emitirá un fallo final, esperamos que el tribunal adopte una postura sobre lo que piensan de la Proposición 22, si es inconstitucional”, dijo a La Opinión, Stacey Layton, abogada del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) que representa a los choferes. 

Jorge Vargas, quien trabajó para Uber y Lyft, y ahora los hace para Door Dash, dijo que no pierde la esperanza de que el máximo tribunal estatal se ponga del lado de los trabajadores. 

“Basado en el historial de nuestra lucha de años, uno se desmoraliza, pero confío en que, si analizan bien que las compañías quebraron la ley al engañar a la gente con la Proposición 22, entonces puede que ganemos”, dijo Vargas, de 53 años, un chofer de Zacatecas, México. 

 “Ellos prometieron que habría mejoras para todos nosotros y nunca sucedió eso”, añadió. “Y todos ya sabemos que ellos les pagan a los políticos para que puedan suavizar una ley y mantengan las mayores ganancias, a acosta de los trabajadores”. 

Si el máximo tribunal estatal impugna la Proposición 22, el destino de la economía colaborativa está en riesgo: en un extremo está el modelo de negocio detrás de Uber, Lyft y DoorDash Inc., -y su inversión millonaria- para mantener a los conductores clasificados como contratistas independientes. 

 Por otra parte, se encuentra la posibilidad que más de un millón de trabajadores en California reciban beneficios como empleados. 

Salarios de “miseria” 

Un informe publicado por el Centro Laboral de UC Berkeley y el Centro para la Dinámica de Salarios y Empleo muestra que, después de los gastos y excluyendo las propinas, los ingresos medios netos por hora de los conductores de pasajeros equivalieron a $7.12 en California y $10,64 en las áreas metropolitanas fuera del “Estado Dorado”. 

El salario equivalente a los empleados, -que ajusta el salario neto de los conductores por los impuestos sobre la nómina del empleador- y que los conductores deben pagar y los beneficios obligatorios para los empleados, equivalía a sólo $5.97 en California y $9.18 en otras áreas metropolitanas. Las propinas agregaron apenas un 20% a estas cantidades. 

Si bien los ingresos por propinas son una parte integral del salario de los conductores, el promedio de sus ingresos netos por hora equivalió a 5.93 dólares en California y 0.48 dólares en las otras áreas metropolitanas, solo después de los gastos y excluyendo las propinas. 

El reporte señala también que, incluyendo las propinas, los ingresos medios de los conductores de reparto equivalieron a $13.62 dólares en California y $.9.87 en otras áreas metropolitanas. 

Sin embargo, excluyendo las propinas, los ingresos netos equivalentes de cada trabajador correspondió a $4.98 en California y $10.40 en otras áreas metropolitanas. Con las propinas incluidas, el conductor de reparto típico ganaba un salario equivalente a un empleado de $11.43 en California y $8.36 en las otras áreas metropolitanas. 

Queja de “explotación laboral” 

Ana María Barragán, quien es una madre soltera de tres hijos y originaria de Puebla, México, ha laborado por15 años para Uber expresó que las condiciones actuales de su trabajo se asemejan a una “esclavitud moderna”. 

 “La estoy considerando una esclavitud moderna, más que nada porque ocurre como en aquellos años, donde los campesinos tenían sus tierras, las sembraban y llegaban los ricos comerciantes y compraban la tierra a muy bajo precio”, dijo. “Utilizaban a las personas por su ignorancia y algo parecido sucede con nosotros, que nos explotan en estos tiempos modernos”. 

“Forzar un modelo de empleo sería devastador para los miles de conductores y repartidores que recurren a Uber en busca de un trabajo flexible y para los millones de californianos que verían reducciones significativas en la disponibilidad del servicio e incrementos en los precios, o bien, que perderían por completo el acceso a viajes compartidos y entrega de alimentos. Confiamos en que la Corte Suprema escuchará la voluntad de los votantes de California y defenderá la Proposición 22”, dijo una portavoz de Uber.