Ronda Política: De dónde viene la oposición al Guatemala Square
La concejal Eunisses Hernández es acusada por los guatemaltecos de su distrito; la fiscal de la ciudad es demandada por violaciones éticas y legales; y la asambleísta Carrillo anuncia su avance en la lucha contra el alcoholismo
Una cosa es hacer campaña y otra muy diferente es ser parte del gobierno. Esa transición es justo lo que se le ha complicado a la concejal de Los Ángeles Eunisses Hernández porque no se ha dado cuenta que su cargo implica buscar la reconciliación y trabajar con todos, aún con aquéllos que no votaron por ella.
Un numeroso grupo de guatemaltecos denunció que la concejal ha tomado represalias en su contra, en lo que más les duele, por no apoyarla en su campaña.
Lo que sucede es que desde 2022, este grupo de activistas estuvo trabajando en un sueño muy anhelado para ellos y que busca nombrar como Guatemala Square, un área de la ciudad, cerca del Parque MacArthur.
El objetivo es que los guatemaltecos tengan un espacio propio en Los Ángeles, que los reconozca como lo tienen los chinoamericanos en Chinatown, los coreanoamericanos en Koreatown, los bangladesíes en Little Bangladesh, los armenios en Little Armenia, el pueblo filipino con su Filipino Town, entre otros.
La concejal Hernández, de acuerdo a los guatemaltecos, no solo bloqueó sus esfuerzos cuando ya habían recolectado las firmas sino que les puso competencia, y atrajo a otros grupos de guatemaltecos de fuera de la ciudad, como una organización de Santa Mónica, con quienes pretende desarrollar el mismo proyecto, bajo otro nombre: Guatemala Town.
En un comunicado, la concejal se defendió diciendo que el proyecto no procedió por no cumplir con los requisitos, una versión que evidentemente no convence a los chapines.
Los problemas que viven los guatemaltecos con esta concejal ya los ha padecido la organización comunitaria The Wall Las Memorias, a quien les quitó la mayor parte del presupuesto que ya les habían aprobado; y por ejemplo, a la organización SALEF, también le redujo sustancialmente parte del financiamiento municipal.
No sabemos quién esté asesorando a la concejal Hernández, pero se está metiendo en problemas de gratis. Cuando le preguntamos a Alejandro Alvarado, uno de los guatemaltecos involucrados, por qué no la habían apoyado en su campaña, dijo que porque realmente no la conocían, pero también porque no coinciden con la agenda socialista demócrata (DSA) que representa.
La concejal Hernández debe tener cuidado para que no le pase lo que a la asambleísta Wendy Carrillo, quien llegó a ser considerada una promesa política, pero luego perdió piso, y todo se fue por la borda.
En recuperación
Una buena noticia sobre Carrillo es que a principios de junio, anunció en sus redes sociales que ya cumplió seis meses de sobriedad. Recordamos que en noviembre pasado tuvo un choque automovilístico por manejar bajo los efectos del alcohol, que muchos creen que la hizo perder la elección para concejal por el distrito 14 y ocupar un lastimoso cuarto lugar en las primarias.
Un tema controversial porque hay quienes creen que para cuando ocurrió la elección en marzo, ya nadie se acordaba. Ahora muy seguramente veremos a la asambleísta tratando de reivindicarse, buscando el asiento en el Senado que la senadora María Elena Durazo dejará dentro de dos años cuando se le venza su término.
Otra latina en apuros
Otra latina que anda en apuros es la abogada de la ciudad de Los Ángeles Haydee Feldstein Soto, y es que una veterana fiscal de su oficina, Michelle McGinnis, la acusó de serias violaciones éticas y legales por presuntamente tomar decisiones basada en sus relaciones personales o en lo que percibe le puede dejar una ganancia política.
Además la acusó de mal manejo de los fondos de becas, trato discriminatorio al personal y consumo inapropiado de alcohol en las oficinas.
Según McGinnis cuando hizo los señalamientos, la pusieron en un descanso administrativo, la removieron de su oficina y le prohibieron mantener contacto con sus compañeros.
Esta demanda no deja de ser preocupante para la fiscal boricua-americana; ya que no lleva ni la mitad de los cuatro años que le corresponden a su término.
Ya de por sí ha sido muy criticada por demandar a un periodista que obtuvo expedientes de los oficiales del LAPD y por presionar por una propuesta de ley para debilitar el acceso a los expedientes públicos del estado.
Aquí es cuando nos preguntamos, qué necesidad tienen algunos políticos de meterse en aguas peligrosas. Ya de por sí vivimos tiempos en los que los funcionarios electos se tienen que cuidar hasta de su propia sombra, porque hay quienes están al acecho del más mínimo tropiezo para pedir su renuncia, desafiarlos en la siguiente elección, o lo de menos, iniciar una campaña de destitución.