Supremo falla a favor de hispana que acusa a la Policía de Texas de represalias políticas
Sylvia González alegó que la ciudad de Castle Hills la había arrestado por un cargo menor en represalia por criticar al administrador de la ciudad
González fue acusada de alterar documentos gubernamentales, un delito menor pero que alteró sus derechos civiles. Crédito: Ted Shaffrey | AP
La Corte Suprema revivió este jueves el reclamo legal de Sylvia González, la primera concejal latina de Castle Hills, Texas, acusada de robar un documento gubernamental, un cargo que ella atribuye a represalias políticas que violaron sus derechos civiles.
El fallo de una votación de 8 a 1 le da a Sylvia González otra oportunidad de presentar un reclamo de represalias, y el tribunal enviará el caso nuevamente a un tribunal inferior para continuar con los procedimientos.
“Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé y con esta decisión tengo confianza en que no volverá a suceder”, dijo González en un comunicado.
En 2019, González, quien tenía 72 años entonces, fue elegida como la primera mujer hispana en el Concejo tras una campaña no partidista en la que fue una crítica prominente del gobierno municipal y prometió ocuparse de asuntos como el deterioro de las calles.
En la primera reunión del Concejo, González fue arrestada bajo el cargo de robar una copia impresa de una petición para destituir al administrador municipal de la ciudad, en circunstancias que ella describe como un desorden de papeles.
Las autoridades municipales aseguraron que la supuesta sustracción procuraba ocultar algo inapropiado.
Aunque los cargos fueron desechados, la exconcejal inició una demanda civil federal contra tres funcionarios de Castle Hills, alegando que había sido arrestada por sus críticas al administrador municipal.
El caso se centró en el alcance de un fallo de la Corte Suprema de 2019 llamado Nieves v. Bartlett, que decía que los demandantes generalmente no pueden presentar reclamos de represalias cuando la policía realiza un arresto legal.
González presentó una demanda, diciendo que el arresto constituía una represalia contra ella por expresar sus quejas contra el administrador de la ciudad, Ryan Rapelye. Ella alegó que los funcionarios habían violado la Primera Enmienda de la Constitución, que protege los derechos de libertad de expresión.
El alcalde de Castle Hills, Edward Trevino, el entonces jefe de policía John Siemens y un abogado contratado para ayudar con la investigación, Alex Wright, fueron nombrados como acusados.
Durante los argumentos ante el máximo tribunal en marzo pasado, los jueces compararon el arresto de González con cruzar la calle imprudentemente, un ejemplo de delito menor en la que los agentes “normalmente ejercen su discreción” para no arrestar al infractor.
Con su fallo, el Supremo rechazó la interpretación “demasiado estrecha” de las cortes inferiores y devolvió el caso para que sea escuchado.
La decisión fue celebrada por defensores de los derechos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
“Cuando la policía abusa de su discreción para arrestar a aquellos con quienes no está de acuerdo, causa un daño grave a los individuos arrestados y envía el mensaje de que no se debe hablar”, dijo Vera Eidelman, abogada del Departamento de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU, en un comunicado.
Explicó que, con el fallo de hoy, el Supremo “dejó claro que si eres objeto de un arresto en represalia, puedes demandar al gobierno, siempre que haya pruebas objetivas de las represalias”.
Por su parte, González dijo en un comunicado citado por The Texas Tribune que finalmente puede dormir sabiendo que la pesadilla que ha pasado “protegerá a los críticos de represalias en el futuro”.
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