Aspectos clave en lucha contra violencia con armas que Biden ha logrado con ley bipartidista
La ley bipartidista contra las armas ha permitido a la Administración Biden impulsar esfuerzos para un mayor control en la compra y distribución, pero hay retos que solamente estados podrían implementar
La Ley Bipartidista de Comunidades Seguras (BSCA, por sus siglas en inglés) ha permitido al gobierno del presidente Joe Biden implementar varios programas, para reducir la violencia con armas de fuego.
Un primer paso fue la creación de la Oficina de la Prevención de Violencia con Armas en la Casa Blanca, pero Greg Jackson, subdirector de dicha oficina destaca otros aspectos que han sido fundamentales para la estrategia integral.
“Primero, [la Administración Biden] invirtió $15,000 millones de dólares en estrategias de prevención de la violencia”, dijo en entrevista. “Estrategias como ampliar la línea 98 para atender crisis de suicidio, invertir en programas comunitarios de intervención contra la violencia y realizar la mayor inversión en salud mental juvenil en la historia de Estados Unidos, agregando 14,000 profesionales de salud mental en las escuelas”.
Uno de los aportes de la ley fue crear el marco legal para el arresto y procesamiento de personas que trafican con armas.
“El proyecto de ley también convirtió el tráfico de armas en un delito federal por primera vez”, expuso. “De hecho, hemos procesado a más de 500 personas que en realidad traficaban armas en todo el país. Y antes eran liberados con una advertencia, pero ahora hay cargos federales”.
La ley enfrentó un intenso debate en 2022, incluida en la verificación de antecedentes.
“Hemos mejorado nuestro sistema de verificación de antecedentes y nos aseguramos de que [compradores] sean menores de 21 años”, dijo. “Antes de que se les apruebe la compra de un arma, analizamos sus registros de salud mental y sus antecedentes penales juveniles”.
¿Cuáles son los retos?
Aunque ha habido avances importantes con la ley bipartidista, hay desafíos pendientes, incluido que todos los estados implementen los lineamientos federales.
“El mayor desafío es que algunas de estas medidas requieren la acción estatal”, reconoció Jackson. “Invertimos $750 millones de dólares en la implementación de leyes de protección contra riesgos extremos o leyes de alerta que pueden retirar un arma de la casa si alguien está en crisis, pero sólo 14 estados tienen leyes que pueden aprovechar eso”.
Es decir, las leyes estatales pueden prevenir que una situación de riesgo con armas en una vivienda escale, pero la mayoría de los estados, principalmente republicanos no han implementado tal acción, aunque Jackson defiende que no se trata de un asunto de “azul o rojo”, en referencia a gobiernos partidistas.
Cuestionado sobre si los estados que no se quieren sumar a esfuerzos son aquellos que defienden enfáticamente el uso de armas y con nexos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), el funcionario reconoció tal afirmación parcialmente.
“En su mayoría”, dijo escuetamente. “Desafortunadamente, hay algunos estados en todos los ámbitos, pensamos en leyes de alerta que no han aprobado la legislación local. […] No es tan simple como algo azul o rojo, porque en Florida, la ley fue aprobada por republicanos y dirigida por republicanos. Y esto es algo que en ciertos estados los republicanos han estado defendiendo. Así que vamos a seguir presionando”.
Aunque Jackson no establece una conexión directa entre esta ley bipartidista y la nueva alerta sobre crisis por violencia con armas, al final son esfuerzos complementarios que afectan a jóvenes y otras poblaciones.
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