Futuro de DACA es incierto tras argumentos en Corte de Apelaciones

Los jueces de apelaciones en el Quinto Circuito deben decidir el futuro de DACA tras la demanda de Texas y otros gobierno republicanos

Nina Perales, vicepresidenta de MALDEF.

Nina Perales, vicepresidenta de MALDEF. Crédito: Jack Brook | AP

No hay una fecha en que los jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito tomen una decisión sobre el futuro del programa para los Llegados en la Infancia (DACA), luego de argumentos legales de ambas partes en dicha corte.

Los demandantes, el gobierno de Texas, acompañado de los estados republicanos de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, West Virginia, Kansas y Mississippi, alegan daños al erario público con la protección proporcionada a los Dreamers.

El programa fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, pero desde entonces ha enfrentado varios desafíos en tribunales de gobiernos republicanos, incluso llegó a la Corte Suprema, donde no hubo una decisión final al respecto, dejando nuevamente el programa en un limbo judicial.

En los argumentos se escucharon posiciones también de “amigos de la corte” a favor de los Dreamers, quienes han defendido el programa.

En la audiencia de este jueves en la corte con sede en Nueva Orleans, Brian Boynton, del Departamento de Justicia, dijo que los estados que impugnan DACA no tienen legitimidad para demandar, ya que no han demostrado daños a las entidades por el programa.

El juez Jerry Smith cuestionó las afirmaciones de Boynton, sobre todo cuando afirmó que una decisión de la Corte Suprema había hecho a una corte inferior retractarse.

Entre citaciones a distintos casos, las partes argumentaron sobre la legitimidad del programa que ha protegido a más de 830,000 Dreamers, aunque actualmente existen más de 530,000 protecciones activas, y cerca de 100,000 pendientes, debido a la suspensión de una Corte de Distrito en Texas.

Un elemento clave de los argumentos es si el Poder Ejecutivo, es decir el presidente en turno, tiene la facultad de crear o no el programa.

Los defensores afirman que la facultad de crear este tipo de políticas fue otorgado por el Congreso al presidente, pero los grupos en contra consideran que no necesariamente.

Texas también ha argumentado gastos y afectaciones al sistema de educación y otros programas de gobierno a los que los Dreamers con DACA pudieran tener acceso.

Nina Perales, vicepresidenta del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), abordó nuevamente el argumento de que Texas no ha demostrado el daño que afirma enfrentar por el programa de DACA.

Como ejemplo puso las licencias de conducir, ya que en Texas no se otorga es permiso-identificación a los indocumentados.

“Texas renunció a la dependencia de los costos de la licencia de conducir en este litigio y explicó al tribunal de distrito que es porque los beneficiarios de DACA ya tienen licencias de conducir”, recordó Perales.

Luego abordó otro alegato: la educación, pues Texas afirma que debe también que ofrecer educación a los Dreamers, pero Perales atajó señalando que estos inmigrantes, de hecho, no reciben educación básica, ya que son mayores de 18 años.

“No es posible para Texas identificar el gasto de K12 en los beneficiarios de DACA, porque los beneficiarios de DACA ahora tienen 18 años o más”, recordó.

Un argumento adicional fue contra la acusación de Texas sobre daños al sistema de salud, pero la abogada recordó que el gobierno texano no demostró ese gasto directo con DACA, ya que su argumento fue sobre “atención médica de toda la población inmigrante indocumentada”.

“Hace cinco años, Texas abandonó todo esfuerzo por identificar los costos de aplicación de la ley relevantes para los beneficiarios de DACA”, insistió Perales. “Los intervinientes demandados no llenaron el vacío probatorio”.

Expertos dijeron a este diario que, independientemente de la decisión de la corte, es posible que el caso de DACA vuelva a la Corte Suprema.

Senador Padilla recuerda incertidumbre de Dreamers

El senador Alex Padilla (California), presidente del Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Comité Judicial del Senado, recordó el limbo judicial en que viven los Dreamers.

“Los Dreamers son miembros integrales de nuestras comunidades y cultura, realizan trabajos esenciales, contribuyen con miles de millones a nuestra economía y mantienen a nuestras familias a salvo. Hacen todo esto a pesar de no saber qué les depara el futuro”, dijo en un comunciado. “Hoy es otro recordatorio del miedo y la incertidumbre que provocan estas demandas obstructivas”.

También pidió a los republicanos a sumarse a una reforma que permita proteger a estos inmigrantes.

“Ya es hora de que mis colegas republicanos en el Congreso se unan a nosotros para aprobar una legislación que proporcione protección permanente a los Dreamers”, expresó. “No actuar ahora privaría a estos jóvenes estadounidenses del sueño americano y nos privaría de todos los beneficios que aportan a nuestro país”.

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