Editorial: La Opinión apoya la Medida 33

Una de las proposiciones estatales sometidas a decisión de los votantes en las elecciones que culminan el 5 de noviembre es la Medida 33, que de ser aprobada ampliará la protección a los inquilinos contra los frecuentes aumentos en los alquileres.

Es que son demasiado altos. Constituyen una lacra insoportable en la economía de millones de familias. En las zonas urbanas son el doble del término medio nacional. 

Una de cada tres familias californianas gastan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler de sus viviendas. Más que en cualquier otro estado con excepción de Luisiana y Florida.

Y son las de menores ingresos, lo que las empuja a la pauperización y en muchos casos, el desamparo. 

Es un problema que afecta a millones. Según datos del Censo de Población de Estados Unidos, en el 44% de los hogares de California los residentes son inquilinos. En el resto del país (menos Nueva York) la proporción es de solo 35%. En el área metropolitana de Los Ángeles, los inquilinos son más de la mitad.  Dos de cada tres renteros de California son de minorías étnicas: latinos y afroamericanos. 

Para hacer frente a este problema, numerosos municipios establecieron a partir de 1920 el control de renta en todo el país. Esto hoy incluye ciudades como Los Ángeles o San Francisco. 

Pero en 1995, dos legisladores el demócrata Jim Costa y el republicano Phil Hawkings, impulsaron una ley estatal que prohíbe a los gobiernos locales controlar las rentas en condominios, y en los casos de que los inquilinos se muden, las casas sean unifamiliares o hayan sido construidas después de 1995. 

El resultado ha sido un aumento sideral en los alquileres, limitando seriamente la capacidad de millones de familias, muchas de ellas latinas, de tener una vivienda digna y una vida estable. Esta situación representa una parte considerable de los problemas económicos del estado, que reverberan más allá de la cuestión de alquileres.

En 2019 la Legislatura aprobó y el gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1482 del asambleísta David Chiu que entre otras protecciones limitaba los aumentos de alquileres al 5% por año más la inflación hasta un máximo del 10%. Muchas empresas propietarias (landlords)  la ignoraron. Además, ese 10% anual es mucho más que los aumentos anuales de salarios. Finalmente, la legislación expirará el 1 de enero de 2030.

La AB 1482 no frenó los incrementos de rentas. 

Es por eso que la Medida 33 es necesaria. Devolverá la autoridad para controlar las rentas del estado en Sacramento a los municipios locales. Podría ser el principio del fin de los aumentos injustos, que aprovechan la impotencia de las familias que no tienen otros recursos. 

Los oponentes, con la ayuda de casi 100 millones de dólares, han montado una eficaz y constante campaña en contra de la 33, con el argumento de que si se aprueba, los desarrolladores tendrán menos probabilidades de construir nuevas viviendas, lo que, a su vez, aumentará los precios de las unidades de alquiler existentes. Pero ese argumento palidece ante la evidencia de que décadas de altísimas rentas no llevaron a un aumento de la construcción de viviendas asequibles. 

A partir de 2020, California experimentó su primera disminución de población, lo que motivó que por primera vez en sus 171 años de historia, perdiera un asiento en el Congreso. 

Obviamente, los constructores y propietarios tienen sus derechos. Las cortes de California han dictaminado que las políticas de control de alquileres son inconstitucionales si no permiten a los propietarios obtener “una rentabilidad justa y razonable por su propiedad”. La Medida 33 devuelve al mercado de alquiler un balance justo y un principio de sentido común y toma en cuenta los intereses de la población en general. 

Por eso, ¡vota sí por la Medida 33!