Miles exigen justicia en México por crimen de padre
El sacerdote Marcelo Pérez era un reconocido defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas y fue asesinado a tiros el 20 de octubre
Crédito: Deutsche Welle
Más de 20,000 indígenas de nueve etnias, pobladores, creyentes y organizaciones civiles marcharon por las calles de San Cristóbal de Las Casas para pedir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, en el sur de México.
“Nosotros no sabemos cómo van los procedimientos, no sabemos nada, seguimos en espera”, dijo Romeo Pérez Pérez, hermano de Marcelo, quien participó en la manifestación a 15 días del homicidio.
El padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tzotzil, fue asesinado a tiros el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística chiapaneca.
La labor del padre Marcelo no solo se limitaba a su vocación pastoral, también era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas en su contra.
El Centro de derechos humanos Minerva Bello de Chilpancingo, que coadyuva en la parte jurídica del caso del padre Marcelo para exigir una justicia más amplia, técnica y predecible, reveló que hay una persona detenida y dos más están siendo investigados.
“Estamos en etapa de investigación complementaria, hay una persona vinculada a proceso y 2 personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar, sabemos quiénes son, pero no podemos revelar sus nombres”, dijo el padre José Filiberto Velázquez Florencio.
Después del asesinato del padre Marcelo los manifestantes y la diócesis de San Cristóbal señalaron que la violencia va en aumento en toda la región pues hay más asesinatos, patrullajes en camionetas y motocicletas que acosan a la población, a defensores de derechos humanos, a periodistas y al clero.
“Hacemos un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz a las autoridades del Estado, a las autoridades federales, a que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad”, expresó Miguel Ánguel Montoya, vicario de Justicia y Paz de la diócesis local.
Los contingentes salieron de tres puntos de la ciudad: al oriente con más de 10,000 personas, al poniente se dejaron ver unas 4.000 personas y al sur otras 6,000 personas, todas ellas portando banderas blancas, con la leyenda “Paz”.
Violencia contra pueblos indígenas en Chiapas
Otras más pedían “Fuera el crimen organizado”, “Alto a la narcopolítica”, “Justicia para el padre Marcelo”, “Alto al desplazamiento forzado”, “Gobierno asesino, matas a sacerdotes constructores de paz”, “Si callas la voz de los profetas las piedras hablarán” o “El pueblo unido jamás será vencido”.
Los manifestantes también cantaron el himno “No tengo miedo: en mi alma yo sé con honda fe que pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos al final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad”, compuesto por el padre Marcelo Pérez Pérez.
El contingente terminó en el centro de la ciudad frente al altar de flores de colores, semillas, veladoras, incienso, la imagen del padre Marcelo, la del obispo Samuel Ruiz García, y un templete donde oficiaron la misa y se leyeron las denuncias del pueblo creyente ante la ola de violencia del crimen organizado.
Está mega marcha se da en un contexto de violencia que viven ciudades, pueblos y comunidades indígenas de Chiapas desde hace seis años atrás y que a la fecha continúan en la zona Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Fraylesca, Valles, Selva y Altos, principalmente.
Las organizaciones señalaron las agresiones las cuales van desde asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, desaparición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y reclutamiento forzado, comunidades secuestradas por grupos criminales que les obligan a ponerse como barrera humana.
También extorsiones, conocidas como ‘cobro de piso’, así como intimidaciones y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio, y a sacerdotes, misioneras y misioneros.
El asesinato de Pérez ha sido condenado por diversas instancias defensoras de derechos humanos, la Iglesia católica y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su Gobierno está trabajando para esclarecer el caso.
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