Madres embarazadas demandan para proteger ciudadanía por nacimiento

Cinco madres embarazadas y grupos inmigrantes entablaron una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Trump que busca eliminar el derecho constitucional de la ciudadanía por nacimiento, garantizado en la Decimocuarta Enmienda para los hijos de los inmigrantes indocumentados y las personas que están en el país con visas temporales como visas de estudiante y de turista.

La orden ejecutiva “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” exenta únicamente a los hijos cuyos padres son ciudadanos o residentes permanentes; y aunque temporalmente ha sido bloqueada, el caso sigue dirimiéndose en los tribunales y será la Suprema Corte la que emita un fallo final.

Monica, Maribel y otras tres inmigrantes embarazadas, junto con la organización CASA, el Asylum Seeker Advocacy Project y el Georgetown Law’s Institute for Constitutional Advocacy and Protection presentaron la demanda contra Trump en el Distrito de Maryland.

 “Tengo miedo de que a mi hijo que está por nacer se le nieguen los derechos básicos que disfrutan mis otros hijos, incluido el acceso a la atención médica y a una educación de calidad”, dijo Maribel, una madre embarazada, que es una de las demandantes, y cuyo nombre completo no se reveló por razones de seguridad.

 “Sin las protecciones de la ciudadanía estadounidense, la administración Trump podría incluso intentar arrebatarme a mi bebé a mí y a nuestra familia y deportarlos a un país que nunca han conocido. Es profundamente incorrecto someter a un bebé recién nacido a tal crueldad”, afirmó

La demanda es litigada por las organizaciones Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), CASA (una organización nacional enfocada en mejorar las vidas de los trabajadores inmigrantes, indígenas, latinos y afroamericanos) y el Institute for Constitutional Advocacy and Protection (ICAP) de Georgetown Law.

Se basa en que la Decimocuarta Enmienda garantiza que todos los nacidos o naturalizados en Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen.

 “Sin las protecciones de la ciudadanía estadounidense, la administración Trump podría incluso intentar arrebatarme a mi bebé, y deportarlo a un país que nunca ha conocido. Es profundamente incorrecto someter a un bebé recién nacido a tal crueldad”, dijo Mónica, otra de las madres demandantes con 12 semanas de embarazo, quien es venezolana y solicitante de asilo.

Sostuvo que cuando huyó de la persecución en su país, encontró un nuevo hogar en Estados Unidos.

 “Estoy orgullosa de la vida que mi esposo y yo hemos construido aquí durante los últimos seis años”, dijo.

Sin embargo, tras el anuncio de Trump, dijo que en lugar de estar preocupada por su bebé próximo a nacer, su esposo y ella están estresados, ansiosos y deprimidos.

 “Me entristece que el gobierno no quiera que mi hijo nacido en Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Tengo miedo por mi hijo y por nuestra familia, especialmente porque no podemos regresar a nuestro país ni conseguirle a nuestro hijo otra ciudadanía; no sé qué haremos”.

Una de sus mayores preocupaciones que tanto ella como otras mujeres en su posición se enfrentan a no saber cómo planear el futuro para sus familias.

“¿Qué puedo hacer por mi hijo? Temo que se quede sin patria”, dijo Mónica. “Me da miedo que mi hijo no tenga ciudadanía, no solo la estadounidense. ¿Cómo registro a mi hijo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar?”, cuestionó durante una conferencia de prensa.

A Mónica quien junto con su esposo solicitó asilo en 2019 y está en espera de que su caso sea llevado a corte, le inquieta sufrir persecución si regresa a Venezuela.

La demanda de estas madres buscaba obtener una especie de amparo que impidiera que la orden entrara en vigor antes de que se dictara una sentencia definitiva. La orden estaba programada para comenzar el 19 de febrero.

Además de la demanda de estas madres, fiscales generales de todo el país, incluidos los de Washington D.C., Maryland y California presentaron una demanda contra la administración Trump.

Paran la orden

Tres días después de que Trump anunciara su orden ejecutiva, el jueves 23 de enero, un tribunal federal de distrito de Seattle bloqueó temporalmente su orden que limitaba la ciudadanía por nacimiento, impidiendo que entrara en vigor.  El caso sigue su curso en los tribunales.

Nicholas Katz, asesor general de CASA, dijo que la orden ejecutiva de Trump socava la esencia misma de nuestra democracia y representa un ataque directo a la Constitución. 

“Al intentar negar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos dentro de nuestras fronteras, basándose únicamente en el estatus migratorio de sus padres, el presidente Trump está tratando de poner patas arriba siglos de historia y protecciones legales establecidas mediante decretos ejecutivos. Esto no se puede tolerar”, afirmó.

Y agregó que CASA está comprometida a proteger a sus miembros y defender sus derechos, mientras continúa luchando por un sistema de inmigración justo y equitativo, basado en la dignidad y el respeto por todas las personas”.

Si se revocara la ciudadanía por derecho de nacimiento y la orden ejecutiva de Trump se hiciera ley, pondría en una situación difícil a los solicitantes de asilo de Venezuela, que ya no tienen embajada ni consulados en Estados Unidos.

De acuerdo a los abogados demandantes, los padres tendrían problemas para registrar a su hijo como ciudadano venezolano debido a la falta de oficinas diplomáticas aquí, lo que convertiría al niño en prácticamente un apátrida, por lo menos temporalmente.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2019. Ese año, Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del país.

Swapna Reddy, codirectora ejecutiva de ASAP, dijo que la orden ejecutiva de Trump para negar la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes nacidos en el país, ya ha creado caos y confusión en las comunidades inmigrantes y entre sus miembros, ya que muchos solicitantes de asilo se preguntan si sus hijos nacidos en Estados Unidos tendrán que solicitar asilo. 

“Nuestros miembros, como tantos otros padres inmigrantes en los Estados Unidos en este momento, tienen miedo: miedo de que sus hijos no puedan vivir una vida estable sin temor y no pertenezcan al único país que han conocido”. 

Señaló que hace más de 150 años, las personas afroamericanas trabajaron juntas para garantizar un derecho igualitario para la ciudadanía estadounidense, y ahora están orgullosos de defender ese derecho, ya que más de 90,000 de sus miembros son afroamericanos.

Rupa Bhattacharyya, directora jurídica de ICAP expuso que la ciudadanía por derecho de nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda y ha sido reconocida por la Corte Suprema como ley del país durante más de 100 años.

“El Presidente de Estados Unidos no tiene poder para enmendar la Constitución de un plumazo en una orden ejecutiva. Confiamos en que la Corte corregirá esta extralimitación y garantizará que todos los bebés nacidos en Estados Unidos reciban su ciudadanía legítima y todos los privilegios y beneficios que se derivan de ella”.

Se espera que al final del caso, la orden de Trump sea rechazada en un fallo de la Corte Suprema, aún cuando el máximo tribunal del país, tiene una mayoría de magistrados conservadores.