Departamento de Justicia podría invocar privilegio de secretos de Estado en casos de deportación

La fiscal general Pam Bondi y altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) dijeron que el gobierno puede invocar el privilegio secreto de estado para impedir que un juez federal vea información específica sobre dos vuelos de deportación de presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.

En un escrito que criticaba al juez principal del distrito de Washington D. C., James Boasberg, por exigir información detallada sobre los vuelos, el Departamento de Justicia declaró : “Seguir insistiendo en algo sin fundamento con el único fin de extraer del Gobierno hechos jurídicamente irrelevantes y que se encuentran totalmente dentro del ámbito de las funciones esenciales del Poder Ejecutivo resulta inútil y frustrante para la consideración de las verdaderas cuestiones jurídicas en juego en este caso”.

El escrito fue firmado por Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche, así como por los altos funcionarios del Departamento de Justicia, Emil Bove y Chad Mizelle.

El gobierno argumentó que las demandas de Boasberg de obtener información detallada sobre los dos vuelos desde Estados Unidos a El Salvador el sábado “representan graves usurpaciones de los poderes del Presidente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus poderes inherentes del Artículo II”.  

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite el arresto, la detención y la deportación sumaria de extranjeros, sin las garantías del debido proceso establecidas en la ley de inmigración estadounidense, incluyendo la posibilidad de comparecer ante un juez y solicitar asilo.

En cambio, podrían ser tratados como extranjeros enemigos y procesados ​​bajo las leyes estadounidenses en tiempos de guerra. El presidente Trump invocó la ley el sábado y la utilizó para enviar los dos aviones a El Salvador.

El fallo se produjo horas después de que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La resolución del juez se desprende de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el organismo Democracy Forward, dedicado a denunciar actos de corrupción del ejecutivo.

Previamente, el juez había frenado por 14 días la orden de deportación emitida por las autoridades migratorias contra cinco venezolanos.

Boasberg, quien se mostró frustrado por la falta de detalles del gobierno sobre los vuelos y las operaciones de deportación durante la audiencia del lunes, ordenó al gobierno que respondiera una serie de preguntas antes del mediodía del jueves, incluyendo a qué hora los dos aviones habían partido de suelo estadounidense, sus puntos de partida, a qué hora los aviones abandonaron el espacio aéreo estadounidense, cuándo aterrizaron y a qué hora los presuntos miembros de la pandilla fueron transferidos fuera de la custodia de Estados Unidos.

Bondi criticó a Boasberg por haber solicitado la información en primer lugar, acusándolo repetidamente de “microgestión de la investigación de hechos inmateriales”.  

“El tribunal ha dedicado más tiempo a obtener información sobre los horarios de vuelo del gobierno y sus relaciones con países extranjeros que a investigar los hechos antes de certificar la demanda colectiva en este caso”, declararon en el expediente.

Continuaron argumentando que responder las preguntas planteadas por Boasberg expondría al gobierno a “un grave riesgo de expediciones judiciales microgestionadas e innecesarias y de posible divulgación pública”.

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