Por qué MS-13, M-18 y Tren de Aragua no son grupos terroristas
Las guerras civiles de la década de 1980 en Centroamérica obligaron a casi un millón de personas huir a los EE.UU.

Los gobiernos de Nayib Bukele y Donald Trump hicieron un acuerdo para encerrar en El Salvador a inmigrantes detenidos en EE.UU. Crédito: Evan Vucci | AP
¿Son MS-13, M-18 o el Tren de Aragua organizaciones terroristas? La respuesta corta es no. Son organizaciones criminales transnacionales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y Donald Trump, han oficialmente denominado a estos grupos como organizaciones terroristas, citando su extrema violencia y control sobre algunos territorios. Sin embargo, estas clasificaciones han desatado un debate, ya que sus actividades están más alineadas con el crimen organizado que el terrorismo político. Hacer esta distinción es fundamental dado a que etiquetarlos incorrectamente puede conducir hacia políticas equivocadas que fallan en frenar su violencia.
Las guerras civiles de la década de 1980 en Centroamérica obligaron a casi un millón de personas huir a los EE. UU. Al llegar originalmente a Los Ángeles, muchos migrantes centroamericanos enfrentaron marginalización y buscaron protección contra las pandillas presentes en las áreas donde vivían y trabajaban. Estos desafíos finalmente contribuyeron a la formación de las pandillas MS-13 y M-18 actuales. Muchos de los miembros de estas nuevas pandillas locales fueron encarcelados en las prisiones de Los Ángeles junto con miembros de otras pandillas, lo que les permitió reagruparse y aprender de sus rivales. Poco después de las guerras, las deportaciones masivas de las prisiones y las calles enviaron a los miembros de MS-13 y M-18 a una debilitada América Central, donde ampliaron sus redes e influencia. Algunos inmigrantes todavía se ven obligados a abandonar sus países debido al crimen organizado y al reclutamiento de pandillas. Pero hoy en día, es más común que algunas personas desplazadas sean víctimas de pandillas, que ser miembros o representantes de ellas en el extranjero.
El Tren de Aragua (TDR) se originó a principios de la década de 2000 en las cárceles venezolanas?particularmente la prisión de Tocorón y se ha expandido en América del Sur. Originalmente, una pandilla funcionando principalmente en las prisiones, el Tren de Aragua, se expandió más allá de los muros de la prisión para explotar una gobernanza débil, conectando redes criminales en América del Sur y Norte.
Como MS-13 y M-18, el Tren de Aragua es impulsada por un objetivo financiero y no por razones políticas. Es decir, ninguno de los grupos tiene como objetivo principal asumir el poder estatal o reconstruir la sociedad a su imagen o en base a una ideología. Más bien, están hiper-enfocados en generar ganancias a través de medios ilícitos evitando la interferencia del estado. Son sindicatos criminales con cierta capacidad—aunque bastante limitada—para llevar a cabo extorciones a través de las fronteras. Ciertamente NO son entidades terroristas.
¿Qué separa a una organización terrorista de un sindicato criminal? Si bien ambos participan en actividades no autorizada por los regímenes en el poder y usan la violencia como un medio para un fin, es crucial distinguir sus objetivos y métodos. La principal diferencia radica en sus objetivos: las organizaciones terroristas buscan un cambio político, religioso o ideológico al influir en las políticas gubernamentales o las estructuras sociales, mientras que las organizaciones criminales transnacionales (TCO) operan a través de las fronteras únicamente para obtener ganancias financieras, sin motivos políticos o ideológicos más allá de crear las mejores condiciones posibles para maximizar las ganancias, esto a veces lleva a la corrupción, compra de votos y apoyo de candidates pero como un objetivo secundario.
Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha clasificado grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e ISIS como organizaciones terroristas debido a sus objetivos políticos. La historia de las FARC se remonta a 1964 cuando surgió como una insurgencia comunista que empleaba tácticas terroristas. Inicialmente formadas como un movimiento guerrillero de los grupos campesinos de autodefensa, cuyo objetivo principal era derrocar al gobierno colombiano. Durante las siguientes cinco décadas, las FARC libraron una guerra de guerrillas realizando actividades violentas—como bombardeos, secuestros y asesinatos—todo en un esfuerzo por desafiar la autoridad estatal.
Colombia, los Estados Unidos y la Unión Europea designaron a las FARC como una organización terrorista debido a su uso de la violencia política.
Los acuerdos de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano condujeron al desarme exitoso. Este acuerdo permitió al grupo hacer la transición a un partido político llamado Comunes. A pesar de que algunas facciones disidentes aún operan, la transformación oficial de las FARC ha sido un factor clave para mantener la estabilidad a largo plazo en Colombia. Reconocer este cambio ha sido crucial para fomentar la paz y garantizar que los excombatientes puedan participar en procesos democráticos en lugar de conflictos armados.
El contraste entre ISIS y las FARC destaca la importancia de hacer clasificaciones adecuadas. Las FARC han abandonado las características que una vez lo clasificaron como una organización terrorista y, en cambio, se ha convertido en una entidad política. ISIS, por otro lado, sigue comprometido con su ideología extremista y política, buscando derrocar a los gobiernos a través de la guerra de guerrillas y establecer un califato islámico global a través del control territorial y la violencia sectaria. Abordar las causas detrás de estas organizaciones es igualmente crucial. La transición de las FARC de la violencia política a la política electoral ha permitido a Colombia abordar las causas del conflicto. Cuando los gobiernos diagnostican erróneamente los factores que impulsan su aparición, la violencia podría continuar.
A pesar de las afirmaciones de que Tren de Aragua sirve al régimen de Maduro, la evidencia sugiere lo contrario. El grupo surgió de la débil gobernanza de Venezuela y no de patrocinio estatal directo. Según Insight Crime, en septiembre de 2023, la policía venezolana allanó la prisión de Tocorón en el estado de Aragua, con el objetivo de “desmantelar y poner fin a las pandillas criminales organizadas y otras redes criminales que operan desde el Penitenciario de Tocorón.” Esta operación demuestra que el Tren de Aragua no es un grupo patrocinado por el estado, ni es una herramienta utilizada por el estado venezolano para desestabilizar la región. Su aumento, como el de MS-13 y M-18, se remonta a fallas sistémicas, incluidas la pobreza, la corrupción y el desplazamiento forzado de parte de la población. Estos factores han permitido que las organizaciones criminales transnacionales florezcan en América Latina.
La MS-13 y la M-18 se expandieron explotando la corrupción política y la debilidad institucional en sus países de origen. Del mismo modo, el Tren de Aragua ha aprovechado las crisis económicas de Venezuela y la gran emigración para expandirse a nuevos territorios, como la brecha del Darién. A diferencia de las organizaciones terroristas, estas pandillas no surgieron para impulsar una ideología política; más bien, han prosperado aprovechando la corrupción y la aplicación débil de la ley. En muchos sentidos, son productos de los entornos que los fomentaron, creciendo por inestabilidad en lugar de ambición ideológica. Estos grupos criminales transnacionales no participan en ataques violentos en el extranjero, atacan a los gobiernos o tienen como objetivo tomar el poder político en los Estados Unidos. Eso está más allá de su alcance y capacidades.
¿Por qué es importante la distinción entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas? Aunque todas estas organizaciones participan en actividades de violencia e ilícitas, y crean pavor entre civiles y oficiales sus objetivos finales los distinguen: MS-13, M-18 y el Tren de Aragua operan con fines de lucro, mientras que ISIS y otros buscan remodelar el panorama político de sus regiones. Distinguir adecuadamente entre organizaciones terroristas y organizaciones criminales transnacionales como MS-13, M-18 y el Tren de Aragua es crucial para redactar políticas y respuestas efectivas a su violencia.
Aplicar la etiqueta errónea a estos grupos puede conducir a respuestas inapropiadas. La aplicación de medidas antiterroristas a pandillas impulsadas por las ganancias no puede abordar las causas fundamentales de su expansión en primer lugar. No distinguir adecuadamente el crimen organizado de los terroristas políticos conduce a políticas fallidas. La clasificación errónea de estos grupos podría desestabilizar la región al trasladar la política exterior y los recursos de los Estados Unidos hacia esfuerzos antiterroristas y lejos de donde es realmente necesario combatir el narcotráfico, la extorsión y el tráfico humano como fuente de ingresos bajando los incentivos económicos y creando opciones legales y más humanas para acumular riqueza.
Si bien las organizaciones criminales transnacionales están muy involucradas en el tráfico de drogas, y su violencia puede crear temor entre los civiles e impactar la gobernanza, esto no los califica como organizaciones terroristas. Su objetivo principal es la ganancia financiera, no avanzar una agenda ideológica o política. Esta distinción es importante porque las respuestas del gobierno dan forma a los resultados. Si el objetivo es frenar la migración, el tráfico de drogas o la violencia, entonces debemos dejar de tratar a organizaciones criminales como grupos terroristas y comenzar a abordar los problemas reales que impulsan su expansión. Si Estados Unidos realmente quiere frenar la migración y asegurar la frontera sur, entonces debe asegurarse de que su clasificación de estas organizaciones sea precisa y alineada con sus objetivos reales y usar esta etiqueta para acelerar deportaciones, crear excepciones para garantizar el debido proceso judicial y exportar la detención de personas políticamente incomodas.
(*) Melissa Vásquez es estudiante de posgrado del programa de Asuntos Internacionales y Análisis de Políticas de la American University y becaria en el Laboratorio de Inmigración. / Ernesto Castañeda es director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, y profesor de la American University. / Anthony Fontes es profesor asociado y etnógrafo de la Escuela de Servicio Internacional de la American University.
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