Va Trump contra abogados de migración: los acusa de comportamiento inescrupuloso

El presidente Trump emitió un memorando que ordena a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaría de seguridad nacional, Kristi Noem tomar acciones contra los abogados de inmigración que según su Administración con frecuencia entrenan a sus clientes para que oculten su pasado o mientan sobre sus circunstancias al presentar sus solicitudes de asilo.

En el Memorando “Prevención de abusos del sistema jurídico y del Tribunal Federal” emitido el 22 de marzo, Trump dijo que los abogados estaban ayudando a alimentar “un fraude desenfrenado y reclamos sin fundamento” en el sistema de inmigración, y ordenó al Departamento de Justicia que busque sanciones contra los abogados por mala conducta profesional.

En el memorado se indica que el sistema de migración está repleto de ejemplos de comportamiento sin escrúpulos por parte de los abogados y firmas legales, por lo que además ordena una vigilancia estricta de los abogados en casos de migración y asilo.

Por supuesto que el documento causó una conmoción entre el gremio de abogados de migración.

“La administración Trump continúa con un patrón peligroso: usar el peso del poder gubernamental no para garantizar la justicia, sino para silenciar la disidencia y castigar a quienes defienden a personas vulnerables”, dijo el abogado en inmigración Ally Bolour de Los Ángeles en un editorial publicado en diferentes medios de comunicación, firmado por más de dos docenas de abogados en migración.

Señaló que los abogados de inmigración también suelen ser la última línea de defensa para los migrantes que huyen de la violencia, la persecución o la pobreza. 

“Su labor es esencial para garantizar el debido proceso, que es la piedra angular de la democracia estadounidense.Las acusaciones generalizadas de que los abogados sabotean la seguridad nacional o sobrecargan el sistema parecen más una búsqueda de chivos expiatorios políticos que una política sólida”.

Dijo que en lugar de abordar las causas fundamentales de la migración o reparar un sistema migratorio deficiente, esta administración está optando por vilipendiar a quienes brindan representación legal a las personas atrapadas en sus engranajes.

“Ninguna administración, ni republicana ni demócrata, debería dedicarse a amenazar a los abogados por hacer su trabajo. La independencia de la profesión jurídica no es una cuestión partidista, sino constitucional. Si permitimos que este tipo de represalias gubernamentales específicas se mantengan, corremos el riesgo de erosionar las garantías legales que nos protegen a todos, sin importar nuestro estatus migratorio, ideología política o antecedentes”.

La abogada de inmigración, Meredith Brown dijo a La Opinión que la gran mayoría de los abogados son honestos, y se rigen bajo un reglamento de ética.

“Nuestra preocupación es que esto tenga un efecto desalentador, y que nuevas personas no quieran entrar a la profesión y ser litigantes. Hay muchos abogados que están emprendiendo acciones federales para que el gobierno cumpla con su trabajo y ayudando a los detenidos a salir”.

Dijo que como abogados de inmigración se esfuerzan por tener cuidado y no levantar expectativas en los clientes, pero al mismo tiempo, quieren proteger sus derechos.

“El gobierno actual lo que quiere es deportar a todos, residentes que no han cometido un crimen y venezolanos que no son parte del crimen organizado”.

Brown quien tiene 25 años de experiencia como abogada en inmigración, dijo que les ha tocado luchar contra las políticas antiinmigrantes de Bush, Obama, Trump 1, pero en este segundo mandado de Trump, la tendencia es a la exageración.

“Se está asumiendo que los abogados de inmigración hacemos que nuestros clientes mientan, lo cual no puede pasar porque la Barra de Abogados mantiene un código de ética muy estricto; en el fondo este memorando es otro nivel de presión para disuadir a los defensores de los inmigrantes”.

Dijo que mantienen la esperanza de que con el tiempo la Administración se dé cuenta de que hay una necesidad de una reforma migratoria. 

“La esperanza es tener algo justo porque hay tantos sectores que están sufriendo como la construcción, las fábricas, los agricultores por no tener trabajadores suficientes, y quieren aprovechar la experiencia de quienes tienen aquí 20, 30 años”.

Dijo que muchos de sus clientes son gente que ha huido de violencia política y de la tortura de sus países, y que no pueden regresar, y no es factible enviarlos a El Salvador.

“La administración asume cosas sobre el papel de los abogados de inmigración. Somos luchadores de los derechos básicos. Merecemos respeto por nuestro trabajo, y la comunidad inmigrante merece tener una defensa”.

Dijo que hay cuatro millones de personas en los tribunales de migración que no cuentan con defensa legal porque carecen de los recursos para contratar abogados cuando se necesita garantizar que los niños no acompañados dispongan de defensores.

La Barra de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association) también se pronunció en contra.

“Rechazamos los esfuerzos por socavar los tribunales y la profesión. No permaneceremos callados ante los intentos de transformar la profesión jurídica en algo que premia a quienes están de acuerdo con el gobierno y castiga a quienes no. Las palabras y las acciones importan. Y las palabras y acciones intimidantes que hemos escuchado y visto, deben cesar. Están diseñadas para intimidar a los jueces, los tribunales y la profesión jurídica de nuestro país”.

Añadieron “nuestra profesión se enfrenta a claras disyuntivas. Podemos optar por guardar silencio y permitir que estos actos continúen o podemos defender el Estado de derecho y los valores que apreciamos”. 

Por lo tanto, hicieron un llamamiento a toda la profesión, incluyendo a los abogados que ejercen en el sector privado, desde los más pequeños hasta los de Wall Street, así como a quienes trabajan en corporaciones y ocupan cargos electos, a que se pronuncien contra la intimidación.

“Si los abogados no hablan, ¿quién hablará por nuestros jueces? ¿Quién protegerá los cimientos de nuestra justicia? Si no hablamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Ahora es el momento. Por eso nos unimos a la ABA (American Bar Association) en apoyo del Estado de derecho”.