Grupos de derechos electorales presentan demanda contra reciente orden ejecutiva de Donald Trump
Organizaciones acusan que la orden está basada en una narrativa falsa y racializada, que limita el voto a millones de votantes elegibles
La orden ejecutiva exige prueba de ciudadanía para votar, por lo que desató una ola de demandas. Crédito: Kayla Wolf | AP
Una coalición de organizaciones a favor del derecho al voto presentó una demanda en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia en oposición a la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump sobre las elecciones, donde entre otras cosas, incluye el requisito de prueba de ciudadanía para el registro de votantes.
Según el reclamo, la orden intenta arrebatarle el poder al Congreso y a los estados para dictar las reglas sobre el registro de votantes, de tal modo que violaría la Constitución y las leyes federales si la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) implementara lo que dispone la orden.
Estos grupos acusan la usurpación de poderes que implica esta orden ejecutiva, que incluye la directiva de la Comisión de Asistencia Electoral de los EE. UU. (EAC) cambie el formulario federal de registro de votantes para exigir el complicado requisito de presentar documentos que prueben la condición de ciudadanía, documentos que muchas personas estadounidenses no tienen o no pueden adquirir fácilmente.
Según las leyes vigentes, quienes se registran para votar ya deben jurar su condición de ciudadanía bajo pena de perjurio, y no hay pruebas que demuestren que importantes cantidades de personas no ciudadanas se estén registrando para votar.
“Las disposiciones clave de la orden de Trump podrían privarles de su derecho al voto a millones de votantes elegibles, en particular a las personas votantes no blancas, a las mujeres, a los ciudadanos naturalizados, y a los votantes con discapacidades, de bajos ingresos y a las personas que votan por primera vez”, detalló.
La demanda de las organizaciones sin fines de lucro nombra a organizaciones de defensa de los votantes como demandantes que alegan están perjudicadas por la orden ejecutiva de Trump.
En ella, argumentan que la Constitución especifica que el Congreso y los estados establecen las reglas de nuestras elecciones, no el presidente. El 27 de marzo, varios de estos grupos también enviaron una carta a la EAC en la que la instaban a no tomar ninguna medida en respuesta a las disposiciones clave de la orden ejecutiva, ya que hacerlo violaría las leyes federales.
“El presidente no tiene ninguna autoridad constitucional ni legítima para dictar unilateralmente reglas sobre cómo se deben administrar las elecciones. Esta orden ejecutiva es una violación descarada de la separación de poderes”, describen en el documento.
Las organizaciones Federación Hispánica (Hispanic Federation o HF), la Asian and Pacific Islander American Vote, la Liga Nacional de Mujeres Votantes (League of Women Voters of the US), la Liga de Mujeres Votantes de Arizona (League of Women Voters of Arizona), el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes (LWV Education Fund), la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (National Association for the Advancement of Colored People o NAACP) y la organización OCA-Asian Pacific American Advocates son las partes demandantes en esta causa.
Están representadas por el Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU, la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union o ACLU), la ACLU de D.C., las organizaciones LatinoJustice PRLDEF y Asian Americans Advancing Justice-AAJC, y el Fondo de Defensa Legal.
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