Jueza pone en pausa el caso del inmigrante deportado por error a El Salvador
Jueza pausa por varios días su demanda de más detalles sobre Kilmar Ábrego García, tras acusar a la administración Trump de "mala fe"
La familia de Kilmar Ábrego García acusó a ICE de la deportación irregular del inmigrante. Crédito: Jose Luis Magana | AP
Una jueza federal detuvo temporalmente el miércoles su orden que requería que la administración de Donald Trump proporcione información sobre sus esfuerzos hasta el momento para recuperar a Kilmar Abrego García, quien fue deportado por error a El Salvador el mes pasado, solo un día después de acusar a la administración de demostrar “mala fe” en los procedimientos.
En una orden emitida en la noche del miércoles, la jueza Paula Xinis instruyó pausar la fase probatoria del caso hasta el 30 de abril, en respuesta a una petición del gobierno que fue presentaba bajo sello.
Xinis, que ha criticado duramente a la Administración de Donald Trump por su falta de transparencia en el caso de Ábrego, ha presionado a los abogados del gobierno a que entreguen documentos probando que están haciendo las gestiones necesarias para devolver al migrante, nacido en El Salvador y afincado en Maryland hace más de 10 años.
Este nuevo acuerdo llega después de que el gobierno asegurara en declaración jurada que están involucrados en “discusiones diplomáticas apropiadas” con El Salvador sobre Ábrego, pero se negara a entregar públicamente información específica sobre estos acercamientos.
Ábrego, arrestado en una parada de tráfico en Maryland, fue trasladado hace más de un mes a El Salvador. El gobierno de Trump lo acusa de formar parte de la pandilla MS-13, a pesar de que no tiene antecedentes penales y no se han entregado pruebas que lo vinculen definitivamente con este grupo.
El salvadoreño fue enviado inicialmente a la prisión de máxima seguridad CECOT, notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos, pero fue trasladado a otra cárcel en el país, según confirmaron funcionarios estadounidenses.
El traslado del Ábrego al CECOT ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera en un primer momento que lo había deportado por “un error administrativo”.
El gobierno ha iniciado una campaña de descrédito en contra de Ábrego, tildándolo de “terrorista” y publicando decenas de documentos judiciales de las distintas interacciones que el migrante ha tenido con las autoridades, a pesar de que no ha sido acusado o condenado de algún crimen.
Una serie de legisladores demócratas han viajado a El Salvador para pedir la liberación de Ábrego García y el senador Chris Van Hollen logró que el gobierno de Nayib Bukele le permitiera conversar con él.
Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a “facilitar” el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
El gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Estados Unidos pagará a El Salvador $6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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