La administración Trump invoca el privilegio de secretos de Estado en el caso de Kilmar Abrego García
Trump intenta mantener en secreto la información en el caso de Kilmar Abrego García, quien el gobierno reconoció que fue “injustamente deportado”
El Juez exigió al gobierno de Trump justificar el uso del privilegio de secreto de estado en este caso. Crédito: Alex Brandon | AP
La administración de Donald Trump invocó formalmente el privilegio de secretos de estado en una polémica batalla legal por la deportación injusta de Kilmar Abrego García a El Salvador.
La invocación de este privilegio por parte de la administración fue revelada en una orden de la jueza federal de distrito Paula Xinis, quien pidió a los abogados de Abrego García y del Departamento de Justicia que presentaran documentos legales adicionales sobre la base de este recurso por parte de la administración.
Según informó CBS News, el Departamento de Justicia había manifestado previamente su intención de proteger documentos mediante el privilegio abogado-cliente, el privilegio ejecutivo y el privilegio de secreto de estado. La jueza Xinis ha exigido que cada reclamación se justifique detalladamente antes de determinar su validez.
El “secreto de estado” se refiere a un recurso legal que permite al poder ejecutivo bloquear la revelación de información en los tribunales cuando considera que podría comprometer la seguridad nacional. Esto puede incluir el impedimento del uso de evidencia, o incluso la suspensión de juicios.
La administración Trump afirma que Abrego García está afiliado a la MS-13, basándose principalmente en acusaciones de un informante confidencial. Sus abogados niegan rotundamente estas acusaciones, afirmando que nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito en ningún país.
El uso del privilegio de secreto de estado por parte del gobierno marca la segunda vez que se utiliza esta medida en las últimas semanas en litigios relacionados con deportaciones. Según el portal Politico, el privilegio también se utilizó en un caso separado ante el juez de distrito estadounidense James Boasberg en relación con las deportaciones a El Salvador realizadas en virtud de un poder presidencial de guerra poco utilizado.
Ante ese contexto, la jueza Xinis dio a ambas partes hasta el lunes para presentar los documentos que “aborden las bases legales y fácticas para la invocación de dichos privilegios”, incluyendo una solicitud de los abogados de Abrego García para que el tribunal revise los documentos retenidos.
Abrego García, de 29 años, residía en Estados Unidos con estatus legal protegido cuando fue detenido por agentes federales y trasladado a una prisión salvadoreña conocida como CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), según sus abogados.
Xinis había ordenado al gobierno que facilite su regreso y proporcione información diaria sobre el progreso para que Abrego García regrese a Estados Unidos, aunque, según el juez, sus esfuerzos han sido insuficientes.
Los abogados de Abrego García, quien está demandando al Departamento de Seguridad Nacional y a la Secretaria Kristi Noem, han acusado al Departamento de Justicia de ignorar las órdenes de Xinis y de la Corte Suprema de Estados Unidos.
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