Organizaciones y abogados alertan del peligro de las deportaciones a terceros países
Abogados migratorios y defensores de derechos civiles denunciaron los peligros y la falta de garantías de las deportaciones de inmigrantes a terceros países
Redadas no cesan en el sur de California. Crédito: ICE
Organizaciones de defensa de los derechos civiles y la Asociación Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) alertaron el martes de los grandes peligros para los inmigrantes tras el fallo de la Corte Suprema que autorizó al gobierno del presidente Donald Trump seguir con las deportaciones de inmigrantes a terceros países.
La Asociación de Abogados Americanos de Inmigración cuestionó que la Corte haya “permitido a la Administración de Trump eludir su obligación constitucional de proveer el debido proceso” a los “no ciudadanos que afrontan una deportación a países con los que no tienen una conexión previa”.
Esto es “esencialmente una luz verde a tener deportaciones secretas, incluyendo a países que se consideran peligrosos”, advirtió Jeff Joseph, presidente de la AILA, que agrupa a más de 16,000 abogados migratorios, en un comunicado.
America’s Voice (AV), que busca una reforma para regularizar a los once millones de indocumentados en Estados Unidos, también criticó a la Corte Suprema por permitir a la Administración Trump reanudar las deportaciones de inmigrantes a terceros países, como Sudán del Sur y El Salvador.
America’s Voice dijo que esto se suma a otras tácticas de las deportaciones masivas del gobierno, como el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que “sin identificación” están “violentamente deteniendo y deportando a estudiantes, trabajadores, miembros de la comunidad e, incluso, ciudadanos estadounidenses”.
“Ahora no solo serán secuestrados de nuestras calles, sino que podrían ser deportados a peligrosos terceros países con impunidad y sin el debido proceso”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice.
La decisión del máximo tribunal también despertó atención internacional porque suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, incluyendo dos cubanos y un mexicano.
El juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, había determinado el mes pasado que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden padecer tortura sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.
Los demandantes en este caso avisaron que persistirán en su defensa de estos ochos migrantes, quienes permanecen en un contenedor en una base naval estadounidense en Yibuti.
“El fallo de la Corte Suprema deja a miles de personas vulnerables a la deportación a terceros países donde podrían afrontar tortura o muerte, incluso si las deportaciones son claramente ilegales”, comentó en un comunicado Leila Kang, defensora en el Northwest Immigrant Rights Project, que acompaña el caso.
La legislación de inmigración de Estados Unidos estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían estar en riesgo o padecer tortura.
Pero, para acelerar las deportaciones, el gobierno de Trump busca acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país sin importar su nacionalidad, como ya lo acordó con El Salvador.
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