Cuando los agentes de ICE dañan su propiedad, ¿quién paga los daños?

Las imágenes llenas de violencia con la que actúan agentes federales de inmigración al momento de arrestar a los inmigrantes se están repitiendo de forma constante. Pero ante los daños físicos, emocionales psicológicos y materiales que generan, aunque las personas pueden entablar demandas civiles, la realidad es que es punto menos que imposible obtener un juicio favorable.

“En Estados Unidos, las autoridades tienen una gran libertad para poder destruir el patrimonio de las personas”, afirma el abogado de derechos civiles, Sergio Pérez, director ejecutivo Center for Human Rights and Constitutional Law (Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional). “Cuando hay daños a la propiedad privada, tan pronto como sea posible, la gente debería documentar el valor de la propiedad dañada y consultar de inmediato su caso con un abogado”.

“Sin que haya conversación ni proceso debido, el gobierno seguirá destruyendo coches, casas y vidas. Están destruyendo familias”, indicó el abogado.

“Este gobierno está lastimando a la gente en un modo que se va a tomar generaciones para reparar los daños”.

¡Rompieron el vidrio con un hacha!

La declaración de Pérez coincidió con la retirada del monitor electrónico del pie de Juan Francisco Méndez, un guatemalteco solicitante de asilo, a quien un agente de inmigración lo detuvo el 14 de abril en compañía de su esposa, en New Bedford, Massachusetts.

Durante la detención del automóvil, la esposa de Juan Francisco, Marilú Domingo Ortiz, captó en video la brutal reacción de un agente americano, quien, armado con un hacha hizo añicos el cristal del automóvil. El video causó indignación mundial.

Lo positivo del caso, es que a partir del jueves, Juan Francisco Méndez ya no tendrá que registrarse como parte de un programa de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Además, personal del del Programa de Asistencia para la Supervisión Intensiva (ISAP) del ICE le retiraron la tobillera con GPS después de que se presentara en dichas oficinas.

Como parte de su programa de Alternativas a la Detención, ICE incluye el ISAP, un programa que está administrado por un contratista independiente, BI Incorporated, una subsidiaria con sede en Colorado de la empresa privada con fines de lucro GEO Group, dedicada a la gestión de prisiones.

En este caso, un equipo de abogados de la ACLU tenía una petición de hábeas corpus [en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Boston, Massachusetts] que aún estaban tramitando”, dijo por mensaje de texto Ondine Gálvez Sniffin, abogada de inmigración de Méndez. “En lugar de que un juez les ordenara la deportación, lo hicieron ellos mismos”.

“En mis 30 años de abogacía en inmigración nunca había visto tanta brutalidad”, declaró a La Opinion, la abogada Gálvez Sniffin.

“En 2007 hubo una redada en New Beaford, detuvieron a cientos de personas, pero no las maltrataron como lo hizo “Barba Roja”, ese pirata violento que arrestó a Méndez”.

Dijo que el muchacho y su familia están agradecidos por su ayuda legal.

Actualmente el inmigrante se encuentra en proceso de solicitud de asilo a través de su esposa, quien ya lo había obtenido.

A pesar de haber sido liberado bajo el pago de una fianza de $1,500 dólares, aun el gobierno estadounidense sigue intentando lograr su deportación.

El migrante guatemalteco tiene audiencia el 25 de septiembre ante la Corte de Inmigración de Boston, Massachusetts para responder al delito menor o delito administrativo de entrada ilegal a Estados Unidos.

“Espero que antes de esa fecha hayan determinado o aprobado el asilo; de lo contrario, pediré que se aplace la cita, porque mientras no le den el asilo, Juan Francisco sigue en peligro de deportación”, advirtió.

Hacen trizas la ventanilla.

El 13 de marzo, en Spokane, Washington, el cuñado de Kayla Somarriba filmó a agentes cuando rompieron el cristal de su SUV. Algunos estaban uniformados; otros vestían de civiles.

“¡Está embarazada! ¡Está embarazada!”, gritan voces masculinas de fondo.

Kayla Somarriba, de 25 años y con siete meses de embarazo, estaba en el vehículo cuando seis autos sin identificación los rodearon a solo una cuadra de su casa.

Su esposo, Jeison Ruiz-Rodríguez, de 26 años, y su cuñado, César Ruiz-Rodríguez, de 22, se dirigían a una audiencia judicial en el Tribunal del Condado de Spokane. Los hermanos habían sido acusados ​​previamente de amenazar de muerte a un familiar en diciembre, según documentos judiciales.

Esos cargos motivaron el arresto grabado en video, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Mientras Somarriba bajaba la ventanilla para preguntar por qué los detenían, intuyó que los agentes ya sabían quiénes eran y adónde se dirigían, basándose en su respuesta.

“Les pregunté amablemente porque nos detuvieron; cuál era la razón y si tenían una orden para el arresto. Nunca le respondieron”.

Terror en el Sur de LA

Por la mañana del 16 de junio, aproximadamente 10 presuntos agentes de inmigración y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), encapuchados, llegaron a un domicilio de la calle 43, en el de Los Ángeles.

Supuestamente buscaban a tres guatemaltecos que habían vivido en un domicilio particular y no se habían presentado a una audiencia con un juez de inmigración.

“Esas personas se movieron desde hace tres años”, dijo a La Opinión, María Verónica “A.H.”, tía de la nueva inquilina mexicana y su esposo ecuatoriano, quienes, por fortuna, no estaba en casa.

María Verónica, quien ha vivido en el barrio por casi ocho años, proporcionó un video de la casa, donde se observa a un agente tomar una pala del jardín y hacer añicos las cámaras de seguridad.

También destrozaron una puerta metálica y otra de madera. Del interior de la casa se llevaron diversos artículos en varias bolsas.

“Se escuchaba que usaban taladros y tumbaban cosas”, dijo María Verónica. originaria de Puebla, México “Se llevaron una caja fuerte, lentes de marca y joyería”.

A ella también le tocaron la puerta, pero no abrió. Cuidaba a su esposo Genaro, quien se encuentra en recuperación. El hombre ha sufrido tres infartos y se recupera de una operación a corazón abierto.

“No caer en la cueva del lobo”

La abogada de inmigración, Yanci Montes, declaró que entablar una demanda civil en contra de las autoridades federales es posible, aunque sería casi imposible ganar “porque las personas que están deteniendo a la gente no se identifican”.

“No sabe quiénes son. Se supone que son agentes federales, pero hasta da la impresión de que los trajes [de seguridad] que usan los compran en línea, como los que usan los cazarrecompensas. Al final de cuentas, la víctima es la que tiene que pagar por todos los daños que causen”.

Por su parte, el abogado criminalista, Michael Carrillo, aconsejó que, si la víctima es una persona sin documentos legales, no recomendaría entablar una demanda civil, porque en el proceso de un litigio las mismas autoridades pueden levantar cargos contra la persona y acelerar un proceso de deportación.

“Por la condición migratoria es mejor que la misma gente arregle los daños, porque como están las cosas ahorita es como meterse a la cueva del lobo”, dijo. “Están abusando del poder para hacer daño y abusando del poder para que nadie los pueda demandar”.

¿Qué dice la ley sobre los daños?

En California, si los agentes del ICE causan daños a la propiedad durante el ejercicio de sus funciones, quién paga los daños depende de las circunstancias.

1. Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA):

 • Las personas cuya propiedad sea dañada por un empleado federal que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales, ya sea por negligencia o ilícito, pueden presentar una reclamación ante el gobierno de EE. UU. para obtener un reembolso en virtud de la FTCA.

 • Dentro del ICE, la Oficina del Asesor Legal Principal es responsable de procesar dichas reclamaciones administrativas.

• Para presentar una reclamación, puede completar y firmar un Formulario Estándar 95 o proporcionar una notificación por escrito que detalle las alegaciones, el monto total reclamado y su firma, junto con la documentación de respaldo.

• El ICE toma estas reclamaciones con seriedad y las revisa exhaustivamente, pero el plazo de resolución puede ser de hasta seis meses.

2. Inmunidad Cualificada:

• La inmunidad cualificada es una defensa legal que protege a los funcionarios gubernamentales, incluidos los agentes del ICE, de la responsabilidad civil por daños y perjuicios si su conducta no viola derechos legales o constitucionales claramente establecidos que una persona razonable habría conocido.

 • Esto significa que si los agentes del ICE actuaron dentro del ámbito de sus funciones y sus acciones fueron consideradas razonables por un tribunal, podrían estar exentos de responsabilidad personal.

3. Circunstancias en las que podría ser posible una indemnización:

 • Negligencia policial: Si los daños materiales se produjeron debido a un error o negligencia policial, podría tener derecho a una reclamación por daños materiales.

 • Errores de identidad o dirección: Si la policía dañó su propiedad debido a una dirección equivocada o una identificación errónea involuntaria, podría tener derecho a una indemnización.

 • Errores de identidad intencionales (por ejemplo, swatting): Si otra persona engañó maliciosamente a la policía, lo que provocó daños materiales en su residencia, podría tener derecho a una reclamación.

En California, el swatting, o la presentación de denuncias falsas de emergencia, se aborda principalmente en el artículo 148.3 del Código Penal. Esta ley prohíbe la denuncia de emergencias falsas a cualquier agencia municipal, del condado o estatal. La severidad de la pena depende del resultado de la denuncia falsa. Si la denuncia resulta en lesiones corporales graves o la muerte, el delito puede ser considerado un delito grave.

4. Posible responsabilidad del propietario:

• En algunos casos, si los tribunales determinan que las acciones policiales que causaron daños a la propiedad estaban justificadas, el propietario podría ser responsable de las reparaciones. Por ejemplo, si se niega a salir de su propiedad cuando la policía se lo ordena y la policía la daña en el proceso, podría no ser considerado responsable.

Consideraciones importantes:

• Prueba de daños: Deberá demostrar que el agente de ICE fue responsable de los daños a la propiedad.

• Asistencia legal: Puede ser difícil abordar estos asuntos por su cuenta, por lo que le recomendamos consultar con un abogado especializado en daños a la propiedad. Muchos abogados ofrecen una revisión gratuita de su reclamación.

• Plazos: Existen plazos para presentar una reclamación; por ejemplo, California suele tener un plazo de prescripción de 3 años para los casos de daños a la propiedad, pero se aplican normas diferentes al demandar al gobierno. La FTCA establece un plazo de dos años para las reclamaciones administrativas. En resumen, si bien la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios proporciona un camino para buscar una compensación del gobierno federal por los daños causados ​​por agentes del ICE, la inmunidad calificada y las circunstancias específicas del incidente juegan un papel importante a la hora de determinar la responsabilidad.