Juez detiene orden de Trump que termina la negociación colectiva para trabajadores federales

La revocación de los derechos de negociación colectiva para gran parte de los trabajadores federales ordenada por el presidente Donald Trump está en suspenso por ahora, luego de una orden preliminar de un juez federal.

Un juez federal de San Francisco impidió temporalmente que 21 agencias federales implementen una orden ejecutiva que prohibió la negociación colectiva a cerca de un millón de empleados federales, alegando razones de “seguridad nacional”.

La orden ejecutiva, firmada por el presidente Donald Trump en marzo, prohibió a los sindicatos representar a empleados de agencias dedicadas principalmente a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la ciberseguridad, la seguridad fronteriza y la seguridad pública.

El juez James Donato, de la Corte de Distrito de EE.UU. en San Francisco, concedió la medida cautelar solicitada por una coalición de sindicatos cuyos miembros serían despojados de sus derechos de negociación colectiva en virtud de la orden ejecutiva de Trump.

Sin embargo, la decisión de Donato contradice un fallo de mayo del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que levantó el bloqueo de otro juez a la orden de Trump relativa a los miembros de otro sindicato.

Donato, designado por el expresidente Barack Obama, afirmó que los sindicatos que presentaron el caso ante él habían “demostrado una seria duda sobre si se habían violado sus derechos amparados por la Primera Enmienda”.

El juez declaró que bloqueaba la orden ejecutiva a la espera de un juicio sobre su constitucionalidad.

“Los demandantes han planteado serias dudas en virtud de la Primera Enmienda que justifican un litigio adicional”, escribió, y añadió que los sindicatos han demostrado que se enfrentarían a “una alta probabilidad de sufrir daños irreparables por la pérdida de su derecho a la negociación colectiva y derechos conexos”.

La administración Trump tiene la opción de apelar el fallo de Donato ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU.

El tema en cuestión es la orden ejecutiva sin precedentes de Trump, emitida en marzo, que busca abolir los contratos sindicales de varias agencias en nombre de la seguridad nacional.

Donato también determinó que a los abogados del Departamento de Justicia que representaban a la administración Trump les resultó difícil justificar que algunas agencias, como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, debieran considerarse principalmente como agencias con una misión de seguridad nacional.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, principal demandante en el caso, argumentó que la aplicación selectiva de la orden ejecutiva por parte de la administración Trump —permitiendo a las agencias reconocer a algunos sindicatos y excluyendo a otros— constituía una represalia inconstitucional dirigida contra los sindicatos que se manifiestan en contra de las políticas laborales federales de la administración y las impugnan en los tribunales.

Además, la demanda alega que la administración intenta aplicar la exención de seguridad nacional para eliminar los derechos de trabajadores cuyas funciones principales no están relacionadas con la seguridad nacional.

Donato afirmó en su fallo que la hoja informativa de la Casa Blanca constituía una “prueba sólida de la relación entre el ejercicio de los derechos amparados por la Primera Enmienda y una sanción gubernamental”.

La hoja informativa de la Casa Blanca sobre la orden ejecutiva denunció a los “sindicatos federales hostiles” y a “ciertos sindicatos federales” que “han declarado la guerra a la agenda del presidente Trump” y que están “contraatacando” a Trump.

La hoja informativa también afirmaba: “El presidente Trump apoya las colaboraciones constructivas con los sindicatos que colaboran con él”, pero “no tolerará” a los sindicatos que se opongan a su agenda.

Donato afirmó que la hoja informativa “expresaba una clara postura hostil hacia los sindicatos federales y sus actividades en relación con la Primera Enmienda” y “condenaba a los sindicatos que criticaban al presidente y expresaban su apoyo únicamente a los que se atenían a la línea”.

“Nada de esto implica que la Corte juzgará las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional”, escribió Donato. “No lo hará. Más bien, esto constituye una prueba fehaciente de una cuestión seria y plausible en relación con la Primera Enmienda”.

Con información de CNN y Federal News Network

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