La Corte Suprema permite a Trump continuar con despidos masivos y recortes de agencias

La Corte Suprema allanó el camino para que la administración de Donald Trump continúe con sus planes de despidos masivos de trabajadores y las reorganizaciones en 19 agencias y departamentos federales, mientras continúa el litigio en cortes inferiores.

Los magistrados de la Corte Suprema anularon las órdenes de tribunales inferiores que congelaron temporalmente los recortes, que habían sido liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Ketanji Brown Jackson fue la única jueza que expresó su desacuerdo por escrito.

La orden no dejó claro cómo votaron los demás jueces, pero sí dijeron: “no expresamos ninguna opinión sobre la legalidad de ningún” plan para reducir la fuerza laboral federal, y dejaron abierta la posibilidad de que el tema pudiera volver a la Corte Suprema.

Los jueces levantaron una orden de un tribunal inferior que bloqueaba temporalmente los planes de despedir a miles de empleados federales, incluyendo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración del Seguro Social (SSA), porque la administración no consultó previamente con el Congreso.

En respuesta a otras solicitudes de emergencia de la administración Trump, la Corte Suprema también ha apoyado los esfuerzos de la administración por revolucionar la burocracia federal.

Cuál fue la demanda y cómo se defendió el gobierno

En febrero, Trump detalló un extenso plan que instruía a los directores de agencias a prepararse para “reducciones de personal a gran escala”, conocidas como RIF.

Más tarde ese mismo mes, la administración emitió un memorando adjunto en el que alegaba que el gobierno federal es “costoso, ineficiente y está profundamente endeudado”, y atribuía dicha ineficiencia a “programas improductivos e innecesarios que benefician a grupos de interés radicales”.

El memorando exigía a los directores de agencias que presentaran sus planes iniciales de despidos a la Oficina de Administración y Presupuesto y a la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. dos semanas después.

Sindicatos, grupos de defensa y gobiernos locales demandaron al presidente y a 21 agencias federales por las RIF, alegando que el presidente se excedió en su autoridad al ordenar los despidos federales y argumentaron que el presidente evitó la aprobación del Congreso necesaria para reestructurar las agencias federales.

La administración sostiene que el presidente tiene la autoridad para llevar a cabo despidos masivos por su cuenta. Como ejecutivo, argumentan, «el presidente no necesita autorización legal adicional para ordenar a las agencias que realicen despidos para impulsar reorganizaciones».

La jueza federal de distrito Susan Illston, jueza de un tribunal federal de distrito en California, discrepó, impidiendo temporalmente que la administración ordenara despidos masivos en toda la agencia mientras continúan los procedimientos judiciales de primera instancia.

La decisión de Illston impidió que la mayoría de las agencias gubernamentales más grandes emitieran nuevos planes de reorganización y notificaciones de despido. También impidió que dichas agencias despidieran formalmente a quienes ya habían recibido dichas notificaciones y se encontraban actualmente en licencia administrativa.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito coincidió con el tribunal inferior y concluyó que, dado que la orden es temporal, no es una carga demasiado pesada para la administración.

El martes, como lo ha hecho con la mayoría de estos casos, el alto tribunal se puso del lado de la administración Trump y permitió al presidente reanudar los planes de despidos masivos a nivel federal.

Nueve presidentes de ambos partidos en los últimos 100 años han buscado y obtenido autoridad del Congreso para reorganizar el poder ejecutivo.

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