Residentes del sureste de LA se adaptan a su nueva realidad y dejan las calles y negocios solos por las redadas

Vacías de gente están las calles de ciudades del sureste de Los Ángeles, incluyendo Bell, Bell Gardens, Cudahy, Lynwood, Maywood y South Gate.

Vacíos también están los negocios de cualquier índole: desde salones de belleza, clínicas dentales, restaurantes, pizzerías, tiendas de conveniencia y hasta gasolineras.

Dichas ciudades aparentan ser pueblos fantasmas. Es la nueva realidad a la que todos se están adaptando.

Las continuas y violentas acciones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de sus homólogos de la Patrulla Fronteriza (CBP) han creado un clima de terror y paralización, y han impactado significativamente la vida de los inmigrantes.

“El temor es visible y es evidente”, dijo la abogada Ana María Quintana, concejal de la ciudad de Bell. “Las calles están menos pobladas y hay muchísima menos actividad”.

Si bien en esta ciudad no se han cancelado las tradicionales actividades de verano, la participación es poca o casi nula.

De hecho, en los conciertos musicales anuales programados ahora en agosto, la semana pasada solo acudieron 50 personas, informó la concejal Quintana,

 La asistencia normal eran 1,200 personas porque se celebraban en el Veterans Park, y ahora se efectúan los eventos a un costado del ayuntamiento, sobre la calle Pine.

“La gente tiene miedo de salir”, comentó María Herrera, residente de Bell, quien acudió al concierto musical del grupo Cold Duck, junto con su hija Camila y su hermano, Jesús Zazueta.

La “migra” en Bell

La ciudad de Bell y la vecina Maywood fueron escenario del caos y una airada protesta de la gente como consecuencia de la incursión de agentes federales, el 21 de junio.

La situación se tornó agresiva tras el lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de los agentes encapuchados.

Las camionetas todoterreno de los presuntos agentes federales fueron vandalizadas con vidrios rotos y llantas ponchadas entre las avenidas Slauson y Álamo. Antes, se había intensificado una protesta en la avenida Atlantic, en la ciudad de Bell.

La nueva realidad que se vive en el sureste de Los Ángeles donde la mayoría de los residentes son de ascendencia hispana, temen la aplicación del perfil en las detenciones, arrestos y deportaciones de la administración del presidente Donald Trump.

“Yo no tengo mucho estudio, pero veo que lo que está pasando está muy mal”, dijo la Felisa Palma, originaria de Puebla, México, residente de Bell. “Están agarrando a la gente por el color de la piel”.

“Es muy triste que estén separando a las familias. Tengo miedo por mis hijos, que, aunque son ciudadanos, también pueden ser detenidos por esta gente [de inmigración]”, añadió.

Con ella coincidió Leticia Lara, ciudadana estadounidense y empleada de J Core Plus, una tienda de venta de ropa y zapatos para mujeres, ubicado en Bell Palm Plaza.

“Yo no tengo miedo de las redadas, y aunque soy ciudadana nacida en Estados Unidos, llevo conmigo mi Real ID”, informó Leticia. “Muchas personas tienen miedo de salir, y muchos estamos intentando sobrevivir económicamente”.

En efecto, a Leticia y otras compañeras les han recortado horas de trabajo.

“Tengo que equilibrar las pocas ganancias y la pérdida de ingresos”, comentó Joyce, la propietaria del negocio que ha visto la reducción del 25% de sus clientes en las últimas semanas.

Joyce dijo que entiende el porque la gente no quiere salir de compras.

“Es tremendo lo que sucede con todas las familias que tienen muchos años viviendo en Estados Unidos y que quieran sacarlas [deportarlas]”, explicó.

En “El Zunzal Pupusería”, ubicado en el 6634 de la avenida Eastern, el administrador Alejandro Rodríguez observó que los clientes habituales se están quedando en casa.

“La gente tiene miedo”, indicó. “Ya hemos perdido el 60% de nuestros clientes”.

“Estrategia de pánico”

Y, aunque la gente común y los dueños de negocios intentan adaptarse a la nueva realidad, Darrel Sauceda, presidente de la Cámara Latina de Comercio de Los Ángeles (LALCC) declaró que están preocupados por la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), al realizar redadas en las comunidades empresariales latinas.

Mencionó que “LALCC entiende que el factor sorpresa [para las redadas] es vital para lograr el objetivo [de arrestar personas]”.

Sin embargo, aclaró que, “un proceso más productivo” sería trabajar con los dueños de negocios y determinar si hay empleados con antecedentes penales antes de realizar una redada”. Ese era el objetivo inicial de Donald Trump y de su asesor principal, Stephen Miller.

“Como resultado de las tácticas actuales, ICE está debilitando la seguridad pública, dañando la confianza empresarial y amenazando la recuperación empresarial de la región en un momento crítico”, expresó Sauceda, quien reconoció que los trabajadores, las familias y los dueños de negocios latinos son la columna vertebral de la economía de Los Ángeles.

“Interrumpir sus vidas con estas redadas no solo genera dificultades, sino que debilita la resiliencia económica de la ciudad y amenaza la recuperación que hemos trabajado arduamente para lograr después de la COVID-19”, añadió.

Por ello, instó a los líderes electos a considerar las implicaciones más amplias de sus decisiones.

“Al no colaborar para abordar la política de inmigración, pierden la oportunidad de crear un proceso que pueda gestionarse con compasión, orden y respeto, en lugar de [que se aplique] con fuerza y ​​miedo”.

142,000 inmigrantes han sido deportados

Datos oficiales de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) indican que entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142,000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos, aunque no ha se esclarecido la situación jurídica de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños que fueron expulsados a la nación centroamericana y encerrados en la mega cárcel llamada Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).

Además, hasta mayo de 2025, los Tribunales de Inmigración registraron 401,661 nuevos casos en lo que va del año fiscal 2025. Esto se compara con los 605,311 casos que el tribunal tramitó durante este período en el ciclo fiscal anterior.

“Por la forma violenta en que están tratando a la gente no está bien”, criticó Jorge Gutiérrez, propietario de una empresa de construcción que está realizando trabajos para la ciudad de Bell. “Deberían ir contra los empleadores, porque si no hay trabajo, no hay migración y no hay explotación de las personas”.

46,615 órdenes de expulsión

• Datos oficiales del gobierno estadounidense indican que entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos; el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse.

• Hasta mayo de 2025, los Tribunales de Inmigración registraron 401,661 casos nuevos en lo que va del año fiscal 2025. Esto se compara con los 605,311 casos que el tribunal tramitó durante este período.
• Según los registros judiciales, solo el 1.42% de los nuevos casos del año fiscal 2025 solicitaron órdenes de deportación basadas en alguna presunta actividad criminal del inmigrante, aparte de la posible entrada ilegal.
• El Tribunal de Inmigración registró el cierre de 605,311 casos en el año fiscal 2025 hasta mayo de este año.
• A finales de mayo de 2025, había 3.546.863 casos activos pendientes ante el Tribunal de Inmigración.
• De ese total, (3.546.863 casos atrasados), 2.172.653 inmigrantes ya presentaron solicitudes de asilo formales y ahora están esperando audiencias de asilo o decisiones en el Tribunal de Inmigración.
• En lo que va del año fiscal (hasta mayo de 2025), los jueces de inmigración han emitido órdenes de expulsión y salida voluntaria en el 52.9% de los casos completados, totalizando 309,375 órdenes de deportación.
• De los 68,016 casos de deportación del Tribunal de Inmigración completados en mayo de 2025, los jueces de inmigración emitieron 46,615 órdenes de expulsión y dieron salida voluntaria a 2,515 inmigrantes adicionales, lo que significa que se ordenó la deportación en el 72.2% de todos los casos.

Fuente: Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC)