¿Qué dice la demanda contra gobierno de Trump por caso Epstein?
Además de la presión del Congreso, una demanda de Democracy Forward exige que la Administración Trump haga públicos los archivos del caso Epstein
La fiscal general Pam Bondi y el presidente Donald Trump. Crédito: Alex Brandon | AP
La organización Democracy Forward (DFF) presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para que haga públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein.
La demanda se centra en las comunicaciones de altos funcionarios de la Administración Trump relacionadas con los documentos sobre el caso del multimillonario acusado de tráfico sexual de menores.
Entre los implicados están el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), incluyendo las comunicaciones relativas a la correspondencia entre Trump y Epstein, así como los registros de la revisión del caso Epstein en el actual gobierno federal.
“El tribunal debe intervenir urgentemente para garantizar que el público tenga acceso a la información que necesita sobre esta extraordinaria situación”, declaró el viernes Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva del grupo.
La demanda se presentó en la Corte de Distrito de Washington, D.C., luegode que DFF solicitara documentos el 25 de julio a través de Ley de Información (FOIA).
“Estas solicitudes buscan, en términos generales, obtener registros que reflejen (1) la reciente revisión de los archivos del caso Epstein, (2) las declaraciones públicas de la Fiscal General sobre el contenido de los archivos del caso Epstein que tenía en su poder, y (3) las comunicaciones entre altos funcionarios en relación con el caso Epstein tras la intensa cobertura mediática y el interés público generado por las decisiones tomadas sobre el caso y la decisión de no divulgar los archivos”, expone la demanda.
La demanda también pide que el gobierno cubra los costos, honorarios de abogados y demás gastos correspondientes.
El documento judicial incluye un anexo con la petición FOIA original, donde incluso se reconoce la posibilidad de que algún documento sea “no divulgable”, pero se deberá especificar qué tipo de información contiene.
La resistencia del gobierno de Trump
Durante campaña, los republicanos y parte del equipo del presidente Trump prometieron hacer públicos los archivos del caso Epstein, afirmando que los demócratas querían ocultarlo porque había varios nombres de poderosos políticos.
Sin embargo, la fiscal general Pam Bondi y el FBI solamente dieron a conocer un documento de dos páginas con información que ya es pública, desatando críticas incluso de congresistas republicanos.
Epstein fue acusado entre 2002 y 2005 de liderar una red de tráfico sexual de menores, pero su caso tomó relevancia el 6 de julio de 2019, cuando fue detenido en Nueva York.
El multimillonario se declaró “no culpable” y enfrentaría juicio, pero se suicidó en la cárcel el 10 de agosto de 2019.
El 29 de diciembre de 2021, la socia y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue declarada culpable de conspiración para traficar con niñas con fines sexuales, por lo que cumple una condena de 20 años en una prisión federal.
Bloomberg reportó que, mientras se procesaban documentos del archivo, se pidió a agentes del FBI tachar el nombre del presidente Trump.
El caso de Ghislaine Maxwell
Tras una reunión con el fiscal general adjunto Todd Blanche –quien fue abogado personal de Trump–, Ghislaine Maxwell fue trasladada de la prisión federal de baja seguridad FCI Tallahassee a la prisión federal de mínima seguridad FPC Bryan, en Texas.
Esto ha desatado críticas y temor de algún acuerdo con Maxwell con el gobierno federal, sobre todo por la falta de información del Departamento de Justicia.
“Dada la gravedad de los delitos de la Sra. Maxwell, que incluyen una condena y una sentencia de 20 años por tráfico sexual de menores, este traslado plantea interrogantes profundamente preocupantes”, expusieron los senadores demócratas Rubén Gallego (Arizona) y Richard Blumenthal (Connecticut) en una carta a la fiscal general Pam Bondi.
Agregan que el traslado “socava la confianza” e imparcialidad del Departamento de Justicia, sobre todo por el tipo de delitos que llevaron a la condena de Maxwell.
“En un momento en que el Departamento ha prometido mayor transparencia con respecto a los asuntos relacionados con Epstein, este traslado inexplicable transmite el mensaje contrario”, dijeron los senadores.
