La Policía de Washington cooperará más estrechamente con el ICE para detener a inmigrantes
Pamela Smith se comprometió a apoyar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la detección de personas carentes de estatus legal
La jefa del Departamento de Policía Metropolitana de Washington optó por ganarse la simpatía del presidente Trump. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
Pamela Smith, jefa del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), emitió una orden ejecutiva mediante la cual los oficiales que realizan paradas de tráfico ahora podrán notificarles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre inmigrantes carentes de estatus legal que vayan detectando.
A través de la iniciativa, los miembros del MPD también pueden proporcionar transporte para empleados de ICE e incluso para trasladar a las personas que detengan.
Sin embargo, llama la atención que el personal de la Policía Metropolitana no estará facultado para realizar consultas en ninguna base de datos con el objetivo de checar el estatus migratorio de una persona.
“Los miembros no realizarán indagaciones sobre el estatus migratorio de ninguna persona con el propósito de determinar si ha violado las leyes civiles de inmigración”, indica parte de la ley.
En el documento también se advierte que, “mientras no exista una orden penal adicional o un delito subyacente por el cual la persona esté sujeta a arresto”, el personal de MPD quedará imposibilitado para detenerla.
El presidente Donald Trump expresó que la orden emitida representa un gran avance para cumplir la promesa de erradicar al fenómeno migratorio.
“Cuando detienen a la gente, descubren que son ilegales, los denuncian, nos los entregan, etc., es algo muy positivo. He oído que acaba de ocurrir. Es un gran paso, si lo están haciendo. Creo que esto podría suceder en todo el país. Queremos frenar la delincuencia” señaló.
Durante años, Washington D.C. fue considerado un santuario donde los extranjeros carentes de estatus legal podían residir sin temor a ser deportados e incluso se les permitía votar en las elecciones locales.
No obstante, esa etapa parece haber quedado atrás a partir del control de la seguridad asumido por el gobierno federal, el cual se especula tratará de prolongar los 30 días establecidos para incorporar a cientos de miembros de otras agencias para llevar acabo patrullajes y detenciones de personas consideradas un riesgo para la ciudadanía.
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