García Luna denuncia maltratos e incomunicación en prisión
De acuerdo con documentos judiciales difundidos por sus abogados, García Luna ha estado prácticamente incomunicado durante ocho meses

Garcia Luna es el funcionario de más alto nivel condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Crédito: Eduardo Verdugo | AP
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, denunció a través de sus abogados sufrir condiciones de reclusión “excesivas y extremas” en varias cárceles de Estados Unidos, lo que ha obstaculizado su derecho a la defensa y el proceso de apelación de su sentencia por narcotráfico.
García Luna, quien fue sentenciado en octubre de 2024 a 38 años de prisión por colaborar con el Cártel de Sinaloa, permanece actualmente en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Desde su salida del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, en diciembre de 2024, el exfuncionario ha sido trasladado a varias cárceles, incluyendo UPS Lee, en Virginia, donde, según su defensa, fue sometido a condiciones inhumanas.
De acuerdo con documentos judiciales difundidos por sus abogados, César de Castro y Valerie Gotlib, García Luna ha estado prácticamente incomunicado durante ocho meses. En ese periodo solo ha podido hablar con sus representantes legales durante tres horas.
“En ocho meses solo se nos ha permitido tres horas de comunicación con nuestro cliente”, escribió Gotlib en una carta enviada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. Añadió que en sus años de experiencia como defensora, nunca había enfrentado una situación similar.
Los abogados afirmaron que desde su salida de Brooklyn, García Luna no ha recibido los documentos legales de su caso, ni ha tenido acceso a las transcripciones del juicio, mociones, ni materiales de sentencia.
Durante su reclusión en la prisión UPS Lee, estuvo en una unidad de aislamiento conocida como “el Hoyo”, reservada para internos que violan las normas, a pesar de que, según su expediente, no tiene ninguna infracción disciplinaria en casi seis años de encarcelamiento. En esa unidad, denuncian que se le negó la posibilidad de bañarse, afeitarse y comer con cubiertos, y solo se le proporcionó un par de ropa interior.
En consecuencia, García Luna ha perdido más de 14 kilos. “Ha sufrido un deterioro físico visible, resultado de una alimentación inadecuada y falta de condiciones básicas de higiene”, señalaron sus defensores.
Mejora parcial en ADX Florence
Tras su traslado en julio de 2025 a ADX Florence —considerada la única prisión “supermax” de Estados Unidos— García Luna ha experimentado mejoras limitadas. Según sus abogados, ya puede ducharse y comer con utensilios, pero la incomunicación persiste.
“Desde el 31 de julio hemos programado dos llamadas con el Sr. García Luna. Ninguna se ha realizado. La primera fue cancelada por un traslado no notificado y de la segunda no recibimos explicación alguna”, denunció de Castro en un documento.
Además, las restricciones tecnológicas en la prisión han impedido que García Luna acceda a sus documentos legales. Las autoridades recomendaron enviar el material en formato físico, pero los abogados señalan que esto es inviable. Solo la transcripción del juicio consta de 2,043 páginas, además de otros archivos clave.
“El Sr. García Luna no ha podido revisar ninguna nota previa al juicio ni documentos para la preparación de su apelación. Esto ha hecho imposible avanzar en la presentación de argumentos”, indicó Gotlib.
Ante este panorama, la defensa solicitó a la Corte una tercera prórroga para entregar los alegatos de apertura del proceso de apelación. El plazo actual vence en septiembre, pero los abogados buscan una extensión de 90 días, hasta diciembre, para poder cumplir con la presentación.
“La negación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas que han impedido nuestra capacidad para completar el escrito de apertura”, señalaron en el documento.
García Luna fue hallado culpable en febrero de 2024 por un jurado en Nueva York, que lo responsabilizó de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La sentencia, dictada en octubre por el juez Brian Cogan, incluye su encarcelamiento hasta junio de 2052.
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