¿Qué sigue tras decisión de tribunal de bloquear a Trump deportaciones bajo Ley de Enemigos Extranjeros?
La Administración Trump enfrenta una nueva derrota ante tribunales por invocar leyes de guerra para su plan de deportaciones masivas
Guardias de CECOT vigilan a los inmigrantes deportados por EE.UU. a El Salvador. Crédito: (El Salvador presidential press office | AP
El gobierno del presidente Donald Trump tiene un nuevo reto de frente tras perder ante la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito, la cual determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede ser utilizada para deportaciones, particularmente a venezolanos acusados de formar parte de la pandilla Tren de Aragua.
La mayoría del panel de jueces apoyó la opinión de la jueza Leslie H. Southwick sobre la interpretación errónea de la Administración Trump de que los inmigrantes venezolanos eran parte de una especie de armada para invadir a los Estados Unidos, por lo cual debían ser deportados bajo la polémica ley de 1798, durante tiempos de guerra en el país.
Incluso la jueza Southwick hace referencia a los argumentos de la Administración Trump sobre que el gobierno de Venezuela alentó el ingreso irregular de sus ciudadanos a EE.UU.
“Que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a ingresar ilegalmente a este país no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o perjudicar de cualquier otra manera a Estados Unidos”, escribió la jueza Southwick. “No se ha determinado que esta inmigración masiva fuera una fuerza o fuerzas armadas y organizadas”.
La decisión del Tribunal de Apelaciones ocurrió luego de que la Corte Suprema abordara una petición “de emergencia” de la Administración Trump, pero dejara a tribunales inferiores la decisión de fondo, incluido un cuestionamiento central: si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumplió con el debido proceso para la deportación de inmigrantes indocumentados acusados de pandilleros.
La opinión de la jueza Southwick, apoyada 2 a 1 en uno de los tribunales más conservadores del país, con sede en Nuevo Orleans, destaca que la Corte Suprema solamente tomó una decisión sobre si el estatuto de 1798 aplica en aspectos relacionados con la guerra, es decir, no se cuestiona ni responde si el DHS tienen otras opciones para la deportación de los inmigrantes incluidos en este caso.
“Declaramos, al igual que la Corte Suprema, que nuestra orden judicial se aplica únicamente al uso del estatuto federal relacionado con la guerra y no impide el uso de ninguna otra autoridad legal para expulsar a terroristas extranjeros”, indica la opinión.
Sería en una nueva petición de la Administración Trump ante la Corte Suprema, donde se cuestione la decisión de la Corte de Apelaciones, lo cual podría llevar meses.
La aplicación de esta ley comenzó en marzo, cuando el presidente Trump emitió una proclamación para la detención y deportación de pandilleros venezolanos.
El fallo de los jueces de apelaciones mantuvo vigente una disposición que exige a los funcionarios del DHS avisar con una semana de antelación a cualquier inmigrante que pueda ser expulsado según esa ley, para que puedan desafiar el proceso.
Tras aplicar la ley, la Administración Trump envió a casi 300 inmigrantes indocumentados a El Salvador, donde fueron encerrados en una prisión para terroristas, conocida como Cecot.
Más límites para Trump
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que ha representado a los inmigrantes venezolanos en este caso, celebró la decisión del tribunal.
“Esta decisión crucial deja claro que el presidente no puede invocar los poderes que quiera. Es una gran victoria para el estado de derecho”, declaró en un comunicado Lee Gelernt, principal defensor de ACLU en este caso.
El Brennan Center for Justice, que presentó un documento ‘amicus curiae’ contra la Administración Trump, junto con el Instituto Cato y otros grupos recordaron que la Ley de Enemigos Extranjeros fue “diseñada para tiempos de guerra, no de paz, y que el presidente excedió sus poderes al invocarla para las deportaciones”.
“Esta opinión [del tribunal de apelaciones] representa una victoria para el estado de derecho y nuestro sistema de pesos y contrapesos”, dijo Katherine Yon Ebright, asesora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan. “[La decisión] afirma que las alegaciones infundadas de seguridad nacional no niegan la verdad, el sentido común ni las libertades individuales: no existe ninguna ‘invasión’ ni ningún otro acto de guerra que justifique la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley obsoleta y peligrosa que se utilizó por última vez para el internamiento en la Segunda Guerra Mundial”.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, Ebright dijo que la Administración Trump “debería revocar inmediatamente la invocación de esta ley”.
Otra derrota sobre acciones militares
La decisión de la Corte de Apelaciones se suma a otra derrota para la Administración Trump sobre acciones contra inmigrantes, ya que el lunes el juez Charles Breyer determinó que el gobierno federal no puede utilizar a la Guardia Nacional para acciones contra civiles, como en Los Ángeles, California.
“El Congreso se pronunció con claridad en 1878 al aprobar la Ley Posse Comitatus, que prohibía el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para ejecutar la legislación nacional”, escribió en su decisión el juez Breyer de la Corte de Distrito Norte de California.
Tras esa decisión, Trump afirma que enviará militares a Chicago y Baltimore, pero dado el resultado en la Corte de Distrito en California, es posible que tal determinación también enfrente un desafío legal.
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