‘Operación Libertad’ al rescate de la nación y libertades quebrantadas por “El rey” Trump

Toda política, buena o mala, requiere un tiempo para fermentar de forma que la sociedad pueda apreciar el impacto que tiene en su diario vivir.

La política anti-inmigrante del presidente Donald Trump ha superado a la que hace 31 años dio origen la Proposición 187. En 1994, Pete Wilson, quien en ese entonces fungía como gobernador de California, buscaba su reelección y con absoluto apoyo del Partido Republicano, articuló la racista e inhumana Proposición 187 como la mejor herramienta política para remontar los más de 20 puntos de ventaja que las encuestas de la época le asignaban a Kathleen Brown—su contrincante demócrata.

Esa propuesta negaba servicios sociales a los indocumentados, empezando por la salud y la educación. Además, facultaba al personal médico y educativo a denunciarlos al Servicio de Inmigración. Muchos de esos inmigrantes murieron por falta de atención médica y en las escuelas se acusó un severo ausentismo. Hubo terror y pavor, como ahora con las redadas de Trump.

En aquel año, la posición titubeante de la candidato demócrata con respecto de los inmigrantes terminó costándole una dolorosa derrota que la obligó a retirarse de la política.

En Junio del 2015, Trump, desde una de sus ostentosas propiedades en la Ciudad de Nueva York, anuncio que contendería por la nominación republicana para presidente de Estados Unidos. Su anuncio estuvo acompañado de ataques venenosos y del más crudo racismo anti-mexicano. Catalogó a los mexicanos de “violadores, narcotraficantes y criminales”. Prometió construir un muro en la frontera México/EU y aseguró que el gobierno mexicano pagaría por él.

Múltiples expertos no creyeron que Trump podría ganar pero lo hizo aunque recibió menos apoyo del voto popular ante la Secretaria Hilary R. Clinton, la candidata demócrata.

Sin embargo, por diversos factores, Trump perdió su reelección ante Joseph Biden, pero el año pasado aplastó en las urnas a la vice-presidenta Kamala Harris.

Desde que reasumió el Poder Ejecutivo, el pasado 20 de enero, el magnate ultraderechista se lanzó con todo su poder para convertirse en artífice de la campaña nacional anti-inmigrante “más grande” de toda la historia política del país.

Desde esa fecha, la política antiinmigrante de Trump ha sembrado terror en comunidades inmigrantes hasta en los más recónditos vecindarios del país. Todo el poder represivo del mandatario de la nación más poderosa del mundo, ha sido dirigido contra las comunidades latinas. En este ominoso contexto, de la larga lista de atropellos y violaciones a las garantías constitucionales garantizadas a todos residentes de la nación, sin excepción, destacan dos decisiones, de una corte federal y de la Corte Suprema de la nación.

La primera decisión, emitida por la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración, dictaminó que los indocumentados que ingresaron a EU sin documentos no son elegibles para audiencias de fianza y queda a discreción de las autoridades migratorias que pueden ser retenidos en las cárceles para inmigrantes de forma indefinida hasta su deportación.

Lo más grave es que bajo esta decisión se trata igual a las personas que llevan años residiendo, trabajando y pagando impuestos al erario federal que a los extranjeros recién llegados. Así, son revertidas disposiciones que permitían a los inmigrantes con un gran señoría de residencia solicitar una audiencia de fianza para defenderse de la deportación desde la libertad.

Por su parte, la Suprema Corte del país decidió autorizar a los agentes de inmigración (ICE) la captura e investigación de cualquier persona, basándose en su perfil racial (ser de tez morena), idioma (hablar español) o trabajar en empleos mal pagados, “donde es de dominio público” se emplean los indocumentados.

¿Cuál es el significado de fondo de estas dos decisiones federales? Con relación de la primera, queda claro que el respeto al debido proceso legal al que todos los residentes tenemos derecho, queda excluido para los inmigrantes. Permanecer en el país y convencer a un Juez de inmigración que en lugar de deportación conceda la legalización a un trabajador indocumentado siempre ha sido un reto legal nada fácil de alcanzar, aún desde la libertad la cual debe tramitarse a través de una audiencia de fianza.

Ahora, dar la batalla para prevenir la deportación y hacer valer los derechos adquiridos en años de residencia en este país encerrado en una cárcel representara todo un tormento porque durante el tiempo que dure el proceso legal el indocumentado no podrá trabajar ni aportar para la manutención de su familia.

No obstante, en el remoto caso que el detenido decidiera sacrificarlo todo en aras de conquistar sus derechos, este proceso puede durar años. Sin duda, aunque las familias migrantes decidan vivir esta circunstancia, serán perdedoras y los únicos ganadores serán los propietarios de estos centros de detención privados a quienes el gobierno federal ya recompensa con un considerable pago por cada día que el inmigrante indocumentado este recluido.

Por otro lado, la decisión de la Corte Suprema es peor por siniestra ya que quebranta el derecho del pueblo estadounidense consagrado en la Constitución y que reza que la ley suprema debe aplicarse de manera justa y sin discriminación ya sea por razones de raza, de idioma o cualquier otra causa. Ese es el solemne juramento de cada uno de los miembros del Máximo Tribunal al asumir sus cargos. Sin embargo, de ahora en adelante, en la aplicación de esta norma quedarán excluidas las personas latinoamericanas.

De esta manera, la Corte Suprema ha herido la confianza histórica del pueblo estadounidense en la institución judicial. Ese cuerpo judicial, integrado en su mayoría por conservadores, ha causado una herida hasta espiritual al conglomerado nacional, dicho en otras palabras: los jueces clavaron una daga venenosa a la Carta Magna, al mejor estilo de Drácula, para que muera ese tejido legal, que tanta distinción y lustre dio a la nación que se ha ufanado en ser faro de la democracia mundial.

Como seres de bien que amamos a esta gran nación, tenemos ahora el deber patriótico de salvar a la Constitución que acaba de recibir un aguijón de muerte, que agoniza.

En este marco de redención nacional, el próximo 20 de septiembre lanzaremos en la Ciudad de Los Ángeles la “Operación Libertad”. A través de brigadas de respuesta rápida que serán movilizadas en camionetas denominadas de la Libertad a cualquier punto del Sur de California que habrán de reportar los sitios donde ocurra una redada de inmigración.

Cada uno de estos equipos de respuesta rápida transportarán dentro de cada unidad móvil a un miembro del clero progresista para proveer apoyo espiritual y emocional a los inmigrantes afectados. Un abogado de inmigración proveerá información legal inmediata a quienes lo necesiten. También incorporaremos a un veterano de cualquiera de las ramas de las fuerzas armadas del país para transmitir a todos nuestro patriotismo y nuestro compromiso con la defensa civil. Finalmente, un equipo de experimentados video operadores tendrán como su misión transmitir en vivo y grabar las acciones represivas por parte de las fuerzas de inmigración y demás colaboradores.

En conjunto y unidos todos, formaremos un escudo moral, legal y cívico para las comunidades afectadas. Vigilarán, documentarán los abusos y se asegurarán de que Estados Unidos vea lo que sucede en sus propias ciudades.

La “Operación Libertad” se enfocará tanto en documentar abusos como en construir poder cívico y un movimiento de oposición contra el autoritarismo estadounidense. La Operación Libertad no es sólo una respuesta rápida. Es la base de un poder cívico a largo plazo que nos ayudará a recuperar nuestro país.

Dicho todo esto, estamos orgullosos de anunciar que la “Operación Libertad” se lanzará oficialmente en un evento público en MacArthur Park, en la capital latina y mexicana de Estados Unidos, la Ciudad de Los Ángeles, el 20 de septiembre en punto de las 10:00 de la mañana. Todos los residentes del Sur de California, pero muy en particular el pueblo trabajador inmigrante, quedan cordialmente invitados.

Con esta acción iniciaremos el rescate nacional y derrotaremos al gobierno autocrático, racista, antiinmigrante, anti latino y antimexicano de Trump. El triunfo que obtuvimos en 1994 sobre la republicana y deshumanizada Proposición 187 nos enseña el camino de la victoria y de la luz de la justicia. Tenemos la sinergia popular que nos abrevará el ánimo al máximo.

*Juan José Gutiérrez, es director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.
*Fabian Núñez es un estratega político, líder comunitario, quien fue presidente de la Asamblea del Estado de California.