Redadas de ICE  evitan que sobrevivientes de violencia doméstica denuncien abusos

Las inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica o de delitos violentos que solicitan visas VAWA visas U en busca de un estatus migratorio, se enfrentan a un mayor escrutinio y procedimientos de solicitud más estrictos, pero además las redadas del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) particularmente en Los Ángeles han hecho crecer el miedo a denunciar. 

Las protecciones de asilo para sobrevivientes de violencia de género también se han visto debilitadas.

Se han aplicado nuevas restricciones anti-DEIA a las organizaciones de violencia doméstica que reciben subvenciones de agencias federales, como la Oficina de Violencia contra la Mujer y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Durante la videoconferencia “Las sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica enfrentan crecientes barreras a la seguridad y la justicia”, organizada por American Community Media (ACoM), las participantes hablaron de los desafíos que los inmigrantes sobrevivientes enfrentan y los posibles caminos de apoyo.

El miedo a denunciar

Carmen McDonald, directora ejecutiva del Survivor Justice Center dijo que cuando comenzaron las redadas migratorias, el miedo que generaron alcanzó a los sobrevivientes.

“El impacto es que aleja a las personas de la ayuda que necesitan y hace que nuestras comunidades sean cada día más inseguras”. 

Explicó que su equipo trabaja con sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas, a quienes ofrecen principalmente servicios en derecho familiar e inmigración.

“Estamos observando un aumento del miedo entre todos nuestros clientes. Sabemos que después de las redadas de ICE, las quejas de discriminación y odio disminuyeron en el condado de Los Ángeles en aproximadamente un tercio, no porque los incidentes bajaran, sino porque la gente tenía miedo de denunciar”.

Indicó que observan un patrón similar con las denuncias de violencia doméstica, por lo que gobierno y las organizaciones sin fines de lucro conscientes de esto, han lanzado las campañas “conoce tus derechos” para intentar llegar a las personas que han optado por la clandestinidad y brindarles educación legal. 

Sin embargo, dijo que la gente sigue teniendo miedo, especialmente las sobrevivientes. 

“Cuando ven a agentes en sus vecindarios, vestidos de civil o con máscaras, o a cazarrecompensas llevándose a sus amigos y vecinos sin previo aviso, se preguntan: “Si voy a la corte para protegerme del abuso, ¿seré la siguiente? ¿Me van a arrestar?”.

Expuso que los datos muestran que muchas de las personas detenidas no tienen cargos penales presentados, lo que genera temor en todos, incluidas las sobrevivientes. 

“Imaginen que han huido del abuso, están listos para comparecer ante el tribunal y enfrentar a su abusador, pero en lugar de pensar en la seguridad y la justicia, se preguntan: ¿Estará el ICE esperando en la puerta del tribunal? Esto pasa mientras el tribunal de familia y otros tribunales estatales aceptan comparecencias remota”.

Comentó que siguen viendo clientes que no quieren ir a las cortes, y muchos temen que su abusador los delate.

“Hay recursos que queremos que la gente conozca, pero que entiendan que esto no es solo una crisis humanitaria. Es una crisis de seguridad pública. Cuando los inmigrantes tienen demasiado miedo de llamar a la policía, todos estamos menos seguros porque los abusadores quedan libres”. 

Vale la pena denunciar

La abogada Morgan Weibel, directora de servicios legales del Tahirih Justice Center dijo que el mes pasado ayudaron a una sobreviviente inmigrante que solicitaba la protección de VAWA, y buscaba una orden de protección de emergencia contra su abusador, con quien aún vivía. 

“Mientras le entregaba la orden de protección, un alguacil local amenazó con denunciarla ante agentes de inmigración para su deportación. Estaba aterrorizada y casi desistía de solicitar una orden de protección más permanente por temor a ser arrestada al comparecer ante el tribunal”. 

Weibel dijo que ella no está sola, pero le preocupa que las sobrevivientes se preguntan si vale la pena siquiera solicitar la protección que aún les corresponde según nuestras leyes. 

“En 1994 se aprobó una histórica legislación bipartidista, conocida como la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). Fue la primera respuesta federal integral para abordar la violencia doméstica y creó protecciones para que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses abusivos y titulares de tarjetas de residencia permanente, obtuvieran su propio estatus migratorio sin la participación o incluso el conocimiento de sus abusadores”.

Hizo ver que la premisa principal de estas visas VAWA y Visa U (para crímenes graves) era brindar seguridad a los sobrevivientes para que denunciaran y cooperaran en el procesamiento de los delitos cometidos por sus clientes. 

Pero señaló que el gobierno continúa socavando esa sensación de seguridad al insistir en que todas las fuerzas del orden tomen medidas migratorias. 

“Aunque para eliminar estas visas se requeriría una ley del Congreso, este gobierno ha tomado y sigue tomando otras medidas para dificultar considerablemente el acceso de los sobrevivientes a la protección”.

Por ejemplo, expuso que están utilizando una investigación exhaustiva, y añadido entrevistas a los procesos de solicitud de VAWA. 

“Ahora, un solicitante de VAWA, e incluso alguien con una solicitud aprobada, puede ser detenido y deportado. También cambiaron el proceso de denegación de una visa U o de VAWA; antes, la persona simplemente quedaba sin estatus migratorio, pero ahora el gobierno está sometiendo a esas personas a procedimientos de deportación, donde deben comparecer ante un juez para defenderse de la deportación”.

Nuevas restricciones y financiamiento

Patima Komolamit, directora ejecutiva del Center for the Pacific Asian Family, dijo que la inmigración siempre se ha utilizado como parte de la dinámica de la violencia doméstica. 

“Existe un control coercitivo, una amenaza de deportación por parte de la pareja que es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Y ahora vemos que está completamente arraigado en nuestro gobierno, y realmente amenaza a nuestros sobrevivientes”.

Dijo que los inmigrantes sobrevivientes se encuentran vulnerables debido a su limitado dominio del inglés, su falta de historial laboral en Estados Unidos y, a menudo, el uso coercitivo y explotador de su estatus migratorio como medio para oprimir y abusar.

Por eso es imperativo, dijo, que existan servicios para brindar refugio, servicios integrales de defensa y acompañamiento, y ayudarlos a navegar su camino, para que puedan vivir sus propias vidas e independencia. 

“En el sector sin fines de lucro y en el de la violencia de género, a menudo estamos al margen de posibles recortes gubernamentales, ya que los servicios sociales como el nuestro no suelen ser priorizados”.

Hizo ver que este año, el panorama se ha vuelto cada vez más difícil con diferentes tipos de restricciones provenientes de fuentes de financiación que, desde hace mucho tiempo, han apoyado de forma increíble a las organizaciones contra la violencia de género.

“El propósito y el objetivo de estas restricciones es alinearse con las órdenes ejecutivas de la administración Trump, promoviendo la ideología de género específica para los roles de género de mujeres y hombres, y garantizando que la violencia doméstica se considere como algo arraigado en la justicia penal y no necesariamente en las normas sociales y los roles tradicionales de género”.

Por lo tanto, mencionó que muchas de estas restricciones les impiden realizar su trabajo para ayudar a los sobrevivientes más vulnerables y facilitarles el acceso a los servicios.

“Este tipo de restricciones, simplemente crean una sensación de nerviosismo y temor, y también de duda, como, qué es, qué se puede hacer, y cuán amplias son estas restricciones en cuanto a poder examinar y monitorear a la organización”.

Manifestó que como organización que lleva 47 años trabajando con sobrevivientes inmigrantes, deben asegurarnos de que la financiación continúe porque el gobierno no puede brindar esos servicios y por eso se crearon las organizaciones no lucrativas porque hay una necesidad de atender a los sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual.