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Gobierno de Trump enfrenta demanda que acusa investigación injusta de posibles votantes

Una demanda de Democracy Forward advierte la integración de una base de datos irregular con información migratoria, de Seguridad Social y IRS

La Administración Trump busca integrar información migratoria con IRS y SSA.

La Administración Trump busca integrar información migratoria con IRS y SSA. Crédito: Charles Krupa | AP

Una nueva demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump acusa la apertura de investigaciones injustas en contra de posibles votantes, a fin de eliminarlos de padrones electorales, con un enfoque particular en información de inmigrantes.

“Los demandados en este caso están ignorando […] leyes para crear bases de datos exhaustivas con información personal de ciudadanos estadounidenses, centralizadas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, acusa la demanda. “Los demandantes en este caso incluyen a un grupo de millones de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes cuyos datos personales han sido recopilados ilegalmente en nuevos sistemas de registro centralizados del DHS, así como a organizaciones cuyos miembros y objetivos se ven perjudicados por los intentos de los demandados de vulnerar las leyes que protegen la privacidad de los estadounidenses”.

La demanda colectiva League of Women Voters v. U.S. Department of Homeland Security ante la Corte de Distrito de Washington, D.C. acusa que la Administración Trump quiere transformar el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés).

Esa información del DHS sería transformada en una base de datos de ciudadanía que combina datos de la Administración de Seguridad Social “para eliminar votantes de los padrones y abrir investigaciones penales”.

“Los informes periodísticos han identificado repetidamente las maneras en que esta administración está manejando de forma indebida información sensible y poniendo en riesgo la privacidad de los datos de los estadounidenses”, criticó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Y ahora, una vez más, esta administración juega con nuestra información personal —construyendo exactamente el tipo de bases de datos de ‘Gran Hermano’ que el Congreso ha prohibido repetidamente durante más de 50 años”.

Perryman se refiere a la Ley de Protección de la Privacidad de 1974, la cual impide al gobierno crear bases de datos “centralizados”, que integren de distintas agencias la información personal de los estadounidenses.

“Agrupar registros personales sensibles de todo el gobierno no solo viola la ley, sino que amenaza la privacidad, los derechos de voto y las libertades civiles de los estadounidenses. Estamos en los tribunales para detenerlo”, indicó Perryman.

La demanda indica que la Administración Trump busca crear un “Data Lake” de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), para integrar datos de la Oficina de Impuestos Internos (IRS), la SSA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Trabajo, así bases de datos estatales de registro de votantes.

Eso incluiría números de Seguro Social, información fiscal, registros médicos, datos biométricos y expedientes de niños, indica Democracy Forward, organización que lidera la demanda.

“La consolidación ilegal de datos por parte de la administración amenaza con privar del derecho al voto a personas elegibles, someter a los estadounidenses a investigaciones sin fundamento y crear riesgos de seguridad sin precedentes al concentrar información personal sensible en un único sistema vulnerable”, acusa el grupo. “La demanda solicita que el tribunal bloquee los esfuerzos de la administración para operar estos sistemas y ordene la eliminación de los datos recopilados de manera ilegal”.

La Administración Trump, según un reporte del New York Times, planea comparar los datos de los votantes recopilados por el Departamento de Justicia (DOJ) con una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el fin de identificar a los votantes registrados que figuran como no ciudadanos en los registros migratorios.

Tal información sería compartida con Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que depende de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), investigaciones penales y de inmigración.

El argumento del DOJ es cumplimiento de la Ley de Ayuda a los Votantes (HAVA) y la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA).

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