Coalición demanda al gobierno de Trump por los $100,000 dólares por visas H-1B

Una coalición de sindicatos, proveedores de salud, escuelas y organizaciones religiosas presentó el viernes una demanda para detener una acción ejecutiva del gobierno del presidente Donald Trump que impone un nuevo costo de $100.000 dólares a cada nueva solicitud de visa H-1B.

La H-1B es una categoría de visa temporal (no inmigrante) que permite a los empleadores solicitar que profesionales extranjeros altamente capacitados trabajen en “ocupaciones especializadas” que requieren al menos un título de licenciatura o equivalente.

La proclamación del gobierno del presidente Donald Trump, emitida el 19 de septiembre de 2025 y hecha efectiva apenas 36 horas después, ya ha generado caos entre empleadores, trabajadores y agencias federales, según el comunicado de prensa enviado a La Opinión por Democracy Forward.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, dijo: “Esto no se trata de ayudar a los trabajadores estadounidenses; se trata de cerrarle la puerta a la innovación en Estados Unidos”.

“Los trabajadores con visas H-1B mantienen al personal de los hospitales rurales, llevan educación STEM a escuelas con escasez de maestros, impulsan investigaciones médicas que salvan vidas, mantienen competitivo a nuestro sector tecnológico y ayudan a que las pequeñas empresas prosperen. El presidente Trump no puede imponer por decreto una tasa migratoria de seis cifras. Esta tarifa exorbitante fomenta la corrupción y es ilegal, desestabilizadora y perjudicial para todos; por eso nos hemos unido a esta poderosa coalición para impugnarla en los tribunales”, declaró Skye Perryman.

La demanda sostiene que al exigir el pago de $100,000 dólares por una visa H1-B:

• Se ignora al Congreso: El programa H-1B tiene un sistema de tarifas y supervisión cuidadosamente establecido por ley. El presidente no puede reescribirlo de la noche a la mañana ni imponer nuevos impuestos mediante proclamación.
• Se invita al caos y al favoritismo: La orden ofrece una vaga excepción de “interés nacional” sin estándares claros para exenciones de tarifa, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias y de “pago por acceso”.
• Perjudica a comunidades de todo el país: Hospitales rurales advierten que no podrán retener a médicos y enfermeras; escuelas señalan que la tarifa ilegal supera muchos salarios docentes; y organizaciones sin fines de lucro e instituciones de investigación no pueden absorber un gasto tan significativo. Todos pierden si no pueden contar con trabajadores H-1B.
• Debilita la economía: Economistas coinciden en que los trabajadores H-1B crean empleos en Estados Unidos y fomentan nuevas industrias. Forzar su salida significa que las empresas trasladarán operaciones —y buenos empleos— al extranjero.

La demanda acusa al Gobierno de estar violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al imponer la nueva tarifa, asegurando que no tiene “la autoridad unilateral” para alterar un “esquema legislativo integral creado por el Congreso”.

“Lo más fundamental es que el Presidente no tiene facultad para imponer de forma unilateral tasas, impuestos u otros mecanismos para generar ingresos para Estados Unidos, ni para dictar cómo se gastan esos fondos”, detalla el documento judicial, presentado ante una corte federal en California.

La demanda pide al tribunal que bloquee de inmediato la orden y restaure la legalidad para empleadores y trabajadores porque “sin un alivio judicial, los hospitales perderán personal médico, las iglesias perderán pastores, las aulas perderán maestros y sectores enteros de la economía podrían quedarse sin innovadores clave”.

Los demandantes son Global Nurse Force; Global Village Academy Collaborative; Society of the Divine Word; Fathers of St. Charles; Church on the Hill; International Union; United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW International); UAW Local 4811; American Association of University Professors (AAUP); Committee of Interns and Residents, SEIU (CIR); un ciudadano del Reino Unido residente en la región de los Apalaches y un ciudadano de la India residente en el Distrito Norte de California.

Representan a médicos residentes, becarios, internos y enfermeras que sirven a comunidades rurales y médicamente desatendidas; a una escuela que depende de trabajadores H-1B para educar a sus estudiantes; a organizaciones religiosas que dependen del programa para contratar pastores y profesionales religiosos que atienden a comunidades desatendidas; a importantes sindicatos que representan a docentes y personal académico de la educación superior; y a trabajadores altamente calificados cuyas carreras y vidas fueron trastocadas de la noche a la mañana, según el comunicado de Democracy Forward.

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