Carlos Manzo, el alcalde mexicano que le declaró la guerra al narco y no teme a represalias

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, Michoacán, desde septiembre de 2024, ha adoptado una postura beligerante frente al crimen organizado, no solo con discursos sino con acciones y demandas que han desatado controversia y cuestionamientos. Encabeza el gobierno en uno de los sitios más afectados por la violencia derivada del narco.

Su estilo confrontativo lo ha llevado a ordenar abatir a delincuentes armados, solicitar armamento militar para su policía municipal e incluso denunciar posibles campamentos de mercenarios extranjeros operando en la región.

Una de las acciones más recientes y polémicas del edil es la solicitud formal a la Secretaría de Seguridad Pública de metralletas FN-Minimi, armas de uso exclusivo del Ejército, con el argumento de que “los delincuentes no pueden estar mejor armados que las policías municipales”.

Manzo justificó su petición al señalar que en Uruapan se ha incautado un arsenal en una zona boscosa, lo que, según él, evidencia el grado de militarización del crimen organizado. Asimismo, solicitó cartuchos y equipo táctico complementario, y dirigió su reclamo directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La FN-Minimi es un arma ligera de calibre 5.56×45 mm con una cadencia de fuego de entre 700 y 1,000 disparos por minuto y alcance efectivo de hasta 800 metros, diseñada para uso militar. La solicitud del alcalde ha reavivado el debate en torno al control del armamento, la legalidad de su distribución y los límites permisibles para los cuerpos policiales municipales frente al crimen organizado.

Sin piedad para delincuentes

Pero la solicitud del armamento no es todo. En mayo de 2025, luego del asesinato de una servidora pública en Uruapan, Manzo instruyó públicamente a los policías municipales a abatir a delincuentes armados que agredan a civiles o se resistan a ser detenidos. “No hay que tener ninguna consideración con esas lacras de la sociedad”, declaró el alcalde en una transmisión en vivo.

Según versiones oficiales, ese asesinato se perpetró frente a una escuela, lo que generó indignación entre la población y alentó el discurso de mano dura de Manzo. La Fiscalía General del Estado abrió investigaciones para determinar si el atentado tenía implicaciones personales contra la víctima o un mensaje contra el gobierno municipal.

Más allá de las fronteras de Michoacán, el alcalde ha sumado otra pieza a su estrategia discursiva: denuncias sobre la presencia de mercenarios y campamentos de adiestramiento militar en comunidades cercanas a Uruapan.

En junio de 2025, sostuvo que grupos de hasta 100 o 150 personas, presuntamente colombianos o venezolanos, operaban en la zona con armas de guerra y entrenamiento paramilitar. Aseguró haberse involucrado directamente en operativos de inspección y localización de armamento de alto calibre en esos sitios, mientras instaba a la Federación a intervenir con mayor contundencia.

El secretario de Seguridad de Michoacán negó la existencia de dichos campamentos y sostuvo que no había evidencia suficiente, aunque Manzo defendió la validez de sus denuncias y la necesidad de refuerzos federales.

De esta manera, el estilo de Carlos Manzo mezcla audacia política e intolerancia hacia el crimen, lo que ha polarizado opiniones. Para algunos representa un liderazgo firme que se atreve a desafiar al narco y, para otros, un riesgo de extralimitarse en el uso de la fuerza y vulnerar derechos fundamentales. En todo caso, su gestión en Uruapan se ha convertido en un ejemplo de hasta dónde puede llegar un alcalde mexicano dispuesto a romper moldes en el combate contra la inseguridad.

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