Acusan al sindicato de policía de Santa Ana de malversación de fondos  

La solicitud del concejal y vicealcalde de Santa Ana, Benjamín Vázquez a la Fiscalía del Estado de California para que investiguen al Sindicato de Policías de esa ciudad abrió una caja de pandora sobre un potencial mal uso de los recursos públicos.

“Respetuosamente presento esta solicitud de investigación sobre las prácticas financieras de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA), específicamente con respecto a la administración de fondos públicos asignados para los beneficios de salud de los empleados”, dijo el concejal Vázquez en una carta dirigida al fiscal general del estado Rob Bonta.

Según el Memorando de Entendimiento (MOU) vigente entre la Ciudad de Santa Ana y la SAPOA, la Ciudad aporta fondos públicos a la Asociación, que administra de forma independiente los planes de beneficios de salud para sus miembros. 

Pero una auditoría ordenada por la ciudad de Santa Ana a los fondos públicos del sindicato de policías, realizada en 2023, reveló un sobrepago de aproximadamente $3 millones en un solo año.

A pesar de este sobrepago sustancial, la cuenta de beneficios de salud de SAPOA tiene un déficit de $608,894, de acuerdo con lo confirmado por el administrador de la ciudad, Álvaro Núñez.

“Dado que este mecanismo de financiación lleva muchos años vigente, la presencia de grandes sobrepagos y un déficit plantea serias preocupaciones sobre una mala gestión financiera o posible malversación de fondos públicos”, dijo el concejal Vázquez.

Por tanto, sostiene que la situación parece incompatible con prácticas fiscales sólidas y exige una revisión independiente.

En la carta dirigida al fiscal, el concejal Vázquez remarca que recientemente ha habido controversias relacionadas con la dirección de la SAPOA, incluyendo intentos fallidos de un expresidente de obtener ingresos de jubilación superiores a los montos que legalmente se le adeudan. 

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito finalmente falló en contra del expresidente de la SAPOA y reafirmó la postura de CalPERS contra las bonificaciones salariales adicionales para aumentar las pensiones.

“Estas cuestiones subrayan aún más la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la forma en que se gestionan las contribuciones públicas”, dijo.

Vázquez urgió a la Oficina del Fiscal General de California para que conduzca una investigación a fondo de la Asociación de Policías de Santa Ana en el manejo de fondos públicos, concretamente en las siguientes áreas:

• La administración de las contribuciones por beneficios de salud.

• La causa del sobrepago reportado de $3 millones en 2023

.La razón por la que la cuenta de beneficios de salud continúa operando con déficit.

• Una auditoría forense de todas las cuentas de SAPOA que data de hace 10 años

• Cualquier uso indebido o ilegal de fondos por parte de líderes actuales o anteriores de SAPOA

“Los residentes de Santa Ana y los contribuyentes de California merecen tener la confianza de que los dólares públicos se están administrando de manera legal y responsable”, dijo Vázquez.

Puras falsedades

 La Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana respondió en un comunicado que las declaraciones del vicealcalde Vázquez son falsas y difamatorias.

“Es bastante preocupante que esté a cargo de dirigir esta gran ciudad, pero parezca carecer de una comprensión básica de cómo la ciudad brinda atención médica a sus empleados, incluida la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana”.

Explicaron que la Ciudad proporciona a la SAPOA, $1,575 por miembro cada mes para administrar su seguro de salud, aún cuando a casi todos los empleados les entregan a cada uno más de $2,000 mensualmente.

“El costo actual del seguro social a SAPOA es de aproximadamente $1,900 por mes. Por lo tanto, la ciudad en realidad otorga menos de lo que SAPOA paga por el costo real del seguro de salud, y nuevamente le cuesta mucho menos de lo que paga a casi todos los demás”.

Por lo tanto, establecieron que no hay sobrepago de ningún tipo sino un pago insuficiente. 

“Lo cierto es que SAPOA ha invertido estas contribuciones y, según lo exige la ley y las mejores prácticas, ha generado un fondo de reserva para cubrir la diferencia entre la cantidad que proporciona la Ciudad y el costo real de la atención médica”.

Explicaron que este fondo de reserva no es diferente del que la Ciudad mantiene para garantizar su viabilidad. 

“Vásquez cree que la SAPOA no debería tener un fondo de reserva y afirma falsamente que se trata de un sobrepago. No lo es. El supuesto déficit no es un déficit; en realidad, se debe a que la Ciudad no aporta una cantidad suficiente de contribuciones para cubrir el seguro médico de SAPOA”. 

Añade que el supuesto déficit es el dinero que SAPOA debe gastar de su fondo de reserva para mantener las prestaciones.

“Parecería que Vásquez debería saberlo, pero tal vez tenga un motivo oculto para engañar al público”.

Alcaldesa a favor de los policías

La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua no estuvo disponible para comentar el tema con La Opinión, pero en declaraciones hechas a CBS News se puso del lado de los oficiales de la policía al calificar el sobrepago como irrelevante y de prematura la solicitud del concejal  Vázquez de una investigación estatal. 

Añadió que el sindicato policial ya inició los pagos de los 3 millones de dólares.

Vázquez no estuvo de acuerdo con la alcaldesa.

“Tres millones de dólares pueden ser poco para la alcaldesa, pero para mí es mucho. Quiero saber adónde ha ido este dinero y dónde se encuentra”.

El concejal está demandando una investigación que indague en los expedientes de los últimos diez años.

“Encontramos $3 millones en un año. Qué vamos a encontrar si escarbamos por períodos más largos, si nos vamos más atrás”.

La Comisión de Supervisión de la Policía

Carlos Perea, miembro de la Comisión de Supervisión de la Policía de la Ciudad de Santa Ana, dijo que por casi una década la asociación de policías ha sido muy controversial y muy divisiva en las políticas de la ciudad.

“Es muy preocupante que no estén dispuestos a una auditoría de las finanzas de fondos públicos de la ciudad a su plan médico que ellos manejan de manera independiente. No estamos hablando de contribuciones personales”, dijo Perea.

Señaló que otra situación muy delicada es que el mismo día que Vázquez pidió a la Fiscalía que investigara el asunto, la ciudad sacó una auditoría revisada en la que quitaron la cuenta que está bajo la lupa del vicealcalde, y que muestra que no hay déficit.

“En el condado de Orange, hemos visto casos muy grandes de corrupción.  Lo vimos en el caso del supervisor Andrew Hoang Do que usó fondos públicos. Así que los residentes estamos muy preocupados en general, por lo que no vemos mal que se pida una investigación”.

Do fue sentenciado en junio de 2025 a cinco años en una prisión federal por un esquema de soborno que involucró el uso de fondos de covid-19.

“También hemos tenidos dos jefes de policías: Carlos Rojas y David Valentín, que han renunciado, ellos lo han dicho, por preocupaciones de corrupción en la Asociación de Policías, y un administrador que al irse hizo quejas similares”.

Así que – dijo – para tranquilidad de todos es importante tener una investigación independiente estatal, debido a que tenemos un concilio muy dividido.

Por un lado levanta muchas sospechas, dijo, que la Asociación de Policías de Santa Ana tiene un control muy fuerte del concilio por medio de la alcaldesa, y los concejales David Peñaloza y Phil Becerra, a quienes les hace contribuciones de más de medio millón para sus campañas, a través de sus comités independientes.

Además, afirmó que los concejales Vázquez y Jonathan Hernández compitieron para concejales prometiendo incrementar la responsabilidad y transparencia en la policía.

“Para dar una idea, de 2006 a 2009, el entonces jefe de la policía Paul Walters era también administrador de la ciudad; y esa época se crea un sistema de negocios que permite que la cárcel de Santa Ana sea usada para lleva ahí a los inmigrantes arrestados por el ICE, el cual terminó en 2016”.

Señaló que una de las voces más críticas contra el actual departamento de la policía de Santa Ana, ha sido el concejal Hernández, a quien ahora tres oficiales lo acusan de hostigamiento.

Se esperaba que, en la junta de Cabildo del martes 7 de octubre, los concejales tomarán una decisión sobre las acciones contra el concejal Hernández, lo que podría incluir removerlo de algunas de sus comisiones regionales, limitarle el acceso al personal de la ciudad y a su presupuesto para viajar.

“Me opongo firmemente a la censura del concejal Hernández. Utilizar la censura en respuesta a críticas públicas corre el riesgo de socavar la libertad de expresión y la capacidad de los funcionarios electos para defender la rendición de cuentas y la transparencia”.

Agregó que las medidas punitivas en respuesta a declaraciones o actividades de defensa públicas sientan un precedente peligroso y podrían debilitar la supervisión y la rendición de cuentas públicas de las que depende la comunidad.

Cabe decir que, en 2021, Brandon López, un hombre de 34 años desarmado y quien era residente de Santa Ana, fue asesinado a tiros en la ciudad por agentes de la policía de Anaheim.

En junio del 2024, las autoridades de Anaheim acordaron pagar casi $6 millones a los cuatro hijos de Brandon López, quien es primo del concejal Hernández, mismo que ha sido muy duro en sus críticas sobre la forma en que la policía gestionó la situación que comenzó en Anaheim y terminó en Santa Ana.

Perea concluyó diciendo que es muy complicada la situación. “El Sindicato de Policías está abiertamente atacando a concejales que piden transparencia y responsabilidad”.

Incluso la Comisión de Supervisión de la Policía de la que forma parte y tiene mucho poder, ahora está en riesgo.

“Algunos concejales y la alcaldesa están empujando para quitarnos el poder de supervisar y ver los contratos con la Asociación de Policías; y hay un debate sobre qué tanto podemos hacer”.

En medio de todo este lío, hay algo esperanzador, los residentes de Santa Ana cada día tienen una mayor participación cívica. 

“Desde 2020 ha habido mucha participación de señoras, abuelitos, jóvenes, que han ido a protestar y a poner mucha presión a los concejales”.

La ciudad de Santa Ana tiene una población por arriba de los 316,000 habitantes, con más de un 71% de origen mexicano.

Reacciones de la comunidad

Lulia Alamorano, de 71 años y residente de Santa Ana por décadas, dijo que ella estaba de acuerdo con el concejal Benjamín Vázquez, que quiere que investiguen sobre cómo la ciudad le pagó de más a la unión de policías.

“Eso no está bien; eso es robo”, dijo Alamorano sobre los tres millones de más que se pagaron en 2023. “Ese dinero se puede ir a otros recursos que realmente se necesitan en la ciudad, pero aparte de eso me pregunto por qué no ser transparente sobre cuánto les dan”.

Aliyah Núñez se presentó enfrente de los concejales para denunciar lo que ella llamó un intento para silenciar al concejal Jonathan Hernández, quien siempre ha sido muy franco sobre la responsabilidad policial.

El intento viene después de que tres agentes de policía presentaron denuncias alegando que el concejal los acosó y los difamó. 

“El público necesita total transparencia, parece que un miembro del concejo que ha estado luchando para que esta ciudad, especialmente este departamento de policía rinda cuentas, ahora es él quien está siendo castigado”, dijo Núñez.  

“Eso no es una coincidencia, es una represalia disfrazada de procedimiento, así es como la corrupción crece desde adentro”. 

Pedro, otro residente, dijo que la Policía de Santa Ana debe rendir cuentas por muchas cosas: “es tiempo de transparencia”.

(Colaboró para este artículo Janette Villafana).

Este artículo fue escrito gracias a la colaboración de Latino Media Collaborative.