Cubano deportado por EE.UU. a África, se declaró en huelga de hambre en prisión
Desde el gobierno de Esuatini afirman que el inmigrante cubano reza y ayuna todas las mañanas por religión, pero su abogado desmintió esa declaración
Las políticas migratorias de Trump, han separado familias. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
Un ciudadano cubano deportado desde Estados Unidos a Esuatini se encuentra en huelga de hambre dentro de una prisión de máxima seguridad, tras permanecer más de tres meses detenido sin cargos ni acceso a asistencia legal. Su abogado denunció la situación este miércoles desde territorio estadounidense.
Roberto Mosquera del Peral fue uno de los cinco hombres trasladados al pequeño reino del sur de África a mediados de julio, dentro del polémico programa de deportación a terceros países impulsado durante el gobierno de Donald Trump. La medida ha sido duramente cuestionada por organizaciones humanitarias.
Grupos de derechos humanos y abogados sostienen que este programa viola el debido proceso y expone a los deportados a graves abusos. En una declaración enviada a la agencia AP, la abogada de Mosquera, Alma David, aseguró que su cliente lleva más de una semana sin ingerir alimentos y su salud se encuentra comprometida.

“Mi cliente está detenido arbitrariamente y ahora su vida corre peligro. Exijo que se le brinde atención médica y se le permita reunirse con su abogado en Esuatini”, expresó David en su comunicado. También pidió a las autoridades locales informar a la familia sobre su estado actual.
Disputa entre versiones oficiales y denuncia legal
El gobierno de Esuatini respondió que Mosquera “ayuna y reza porque extraña a su familia”, calificando la huelga como una “práctica religiosa”. Sin embargo, la abogada desmintió esa versión y afirmó que su cliente “no está practicando su fe, sino manifestando su desesperación y protesta”.
Mosquera forma parte de un grupo de hombres provenientes de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen deportados al país africano. Mientras el ciudadano jamaicano fue repatriado recientemente, los demás permanecen encarcelados sin cargos formales, y un abogado local presentó una demanda exigiendo acceso a representación legal.
Organizaciones civiles de Esuatini también han llevado el caso ante los tribunales para impugnar la detención prolongada de extranjeros sin proceso judicial. Aunque el gobierno prometió repatriar a los detenidos, advirtió que podrían permanecer retenidos hasta por un año en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) señaló que los deportados fueron condenados por delitos graves, incluyendo asesinato y violación. No obstante, la abogada David aclaró que su cliente fue condenado por intento de asesinato, y que ya cumplió su pena antes de ser trasladado.
El programa de deportación a terceros países fue promovido por la administración Trump como parte de su política migratoria. Washington sostiene acuerdos con naciones africanas como Ruanda, Sudán del Sur, Ghana y Uganda, además de Esuatini, a cambio de pagos millonarios por recibir a los deportados.
Según Human Rights Watch, Estados Unidos habría ofrecido 5,1 millones de dólares a Esuatini para acoger hasta 160 deportados y 7,5 millones a Ruanda por 250. Actualmente, al menos 10 nuevos detenidos de distintas nacionalidades fueron trasladados este mes al Complejo Correccional de Matsapha, donde también se encuentra Mosquera.
“La situación de Mosquera demuestra las consecuencias humanas de este acuerdo. Insto a ambos gobiernos a asumir su responsabilidad y liberar a los detenidos”, concluyó Alma David, abogada del ciudadano cubano.