DHS gastaría $10,000 millones para la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes
Defensores de Derechos Humanos rechazan estas acciones al considerar que puede agravar la situación de los inmigrantes
El DHS mantiene intensas acciones para la detención de inmigrantes. Crédito: Eric Gay | AP
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proyecta destinar $10,000 millones de dólares en la construcción de nuevas instalaciones para albergar inmigrantes en varios estados del país, según documentos federales de contratación obtenidos por CNN que cita el video de Telemundo.
Se prevé que esos recursos permitan levantar centros en Luisiana, Georgia, Pensilvania, Indiana, Utah y Kansas, como parte de la estrategia del gobierno federal para expandir su capacidad de detención frente al aumento de arrestos migratorios.
La iniciativa coincide con un contexto de intensificación de redadas y operaciones migratorias en ciudades como Chicago y San Francisco, lo que ha generado preocupación entre organizaciones pro inmigrantes y defensores de derechos humanos.
Controversia y críticas al plan del DHS
Defensores de los derechos humanos advierten que el plan para ampliar la infraestructura de encarcelamiento de migrantes podría agravar las condiciones de detención y aumentar escenarios de vulneración de derechos. Organizaciones como la ACLU han recordado que muchos de esos centros han sido denunciados por falta de transparencia, escasa supervisión y condiciones insalubres.
El DHS sostiene que los nuevos centros son necesarios para “gestionar de manera ordenada” el incremento de arrestos migratorios. No obstante, críticos apuntan que la estrategia responde más a una lógica de control que de atención humanitaria.
La expansión prevista plantea además interrogantes sobre el costo real del proyecto, su cronograma, quiénes estarán a cargo de su administración y cómo se garantizará la protección legal de los detenidos.
Impacto esperado y reacciones locales
Algunos estados donde se construirían los centros han manifestado reticencias o falta de compromiso con la medida. Gobiernos estatales y locales podrían oponerse por motivos de presupuesto o presión política de sus electores.
Por su parte, expertos en inmigración advierten que la existencia de más centros de detención podría disuadir aún más a las personas indocumentadas de buscar ayuda legal o denunciar abusos, por temor a ser trasladados lejos de sus comunidades y alejarse de sus redes de apoyo.
Además, defensores recomiendan intensificar el monitoreo ciudadano y exigir transparencia en los contratos federales para que no se repitan casos de empresas operadoras sin control o violaciones a derechos.
