Editorial: En defensa de la radio pública

Durante generaciones, la radio ha cumplido un papel crucial en la socialización de la población estadounidense, abriéndole el camino para el conocimiento de los aspectos culturales, noticiosos, y económicos que provee. 

Y aunque este medio de difusión ha sido reemplazado, primero por la televisión y luego el internet, en la era de los celulares y el wi-fi, son millones los estadounidenses que se nutren de sus beneficios. 

Especialmente ha sido el caso con las emisoras de radio rurales, en donde la cobertura de otros medios es parcial. 

Un papel preponderante en este proceso que beneficia a los residentes del país lo ha cumplido histórica y tradicionalmente la radio pública, la que no se debe a contribuciones comerciales derivadas de la publicidad y patrocinios corporativos ni dependen a cada momento de la cantidad de radioescuchas a su disposición. 

Esta independencia se ha extendido también al área de la información y el análisis político. De esa manera la radio pública ha sido una herramienta crucial en la tarea de hacer que los gobiernos respondan por sus acciones y de prevenir que oculten o tergiversen sus acciones. 

Por naturaleza, la radio pública ha sobrevivido gracias al apoyo de los gobiernos, especialmente el federal. Es de esta manera que el gobierno cumple su obligación de velar por el desarrollo y mejoramiento de las familias en todo el país. 

Precisamente por cumplir esas funciones es que ya en julio el presidente Donald Trump requirió del Congreso, y este ha acatado, cancelar el presupuesto antes aprobado de 1,100 millones de dólares anuales para la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB por sus siglas en inglés), que es el conducto de apoyo a más de 1,500 estaciones de radio y televisión pública. 

Trump había acusado al Servicio Público de Radiodifusión (PBS) y a la Radio Pública Nacional (NPR) de parcialidad liberal y amenazado a través de su medio social Truth que “cualquier republicano que vote para permitir que esta monstruosidad continúe transmitiendo no tendrá mi apoyo ni mi respaldo”.

Ya en mayo, Trump había intentado cancelar ese presupuesto por orden ejecutiva y fue demandado por ello por NPR.

En agosto, la misma CPB anunció que cerraría sus puertas por falta de presupuesto. 

Acallar las voces independientes ha sido un proyecto republicano de larga data, pero lo ha logrado sólo ahora, y por la mínima diferencia, gracias al sometimiento a la voluntad de Trump por parte de los legisladores. 

La decisión perjudica principalmente a las estaciones menores y rurales, que en algunos casos reciben más de la mitad de sus presupuestos del CPB. Irónicamente, es allí donde es mayor el porcentaje de apoyo al partido de gobierno.

Hace un mes, el New York Times reveló que efectivamente, 245 estaciones de radio rurales estaban en peligro de interrumpir sus transmisiones y cerrar sus puertas. Estas estaciones carecen de fuentes alternativas de ingresos o de donantes. 

Como ejemplo de su necesidad, la nota citó una advertencia de tsunami en Alaska que emitió una radio pública y que salvó vidas. Esa radio ahora perdió su financiación. 

Ahora, un informe de FreePress.net, organización que desde 2003 se dedica a la defensa de la libre expresión y el periodismo, lo confirma y enumera la situación casi desesperada en estaciones de radio a lo largo del país. 

Desde que se anuló el financiamiento federal, han sido despedidos 423 periodistas de la radio pública. Y es solo el comienzo.  

Y los efectos se magnifican, ya que las estaciones en crisis dedican una cantidad significativa de sus fondos para pagar a las grandes cadenas por el derecho a transmitir sus programas.

El proceso incluye también a las estaciones más poderosas, en los principales centros urbanos, que han despedido inicialmente entre 10% y 20% de su personal. 

Apelar a donaciones privadas no constituye un sustituto del presupuesto federal, que es una obligación y no un regalo. 

Algunos congresistas republicanos piensan restablecer parte de la ayuda. Aunque lo hacen porque “esa gente votó por el Presidente”, y aunque vivimos una era en la que cada voto constituye una prueba de lealtad política, merecen nuestro apoyo. 

El recorte del presupuesto para las voces independientes es parte del proyecto de este gobierno de establecer un régimen autoritario intolerante con cada crítica. 

La renovación de la ayuda a la radio pública es una obligación del Congreso. Apoyamos la protección a las voces independientes, imprescindibles en la defensa de la democracia.